Ilustre Colegio de Abogados de Caracas

Comisión de Derechos Humanos

II Curso de Formación Básica en Derechos Humanos

2 de Julio de  2009

MÓDULO VII: DERECHOS HUMANOS AMBIENTALES

Ponente: Dr. Enrique Prieto Silva (Jefe de la Cátedra de Derecho Ecológico de la USM)

Ecología, Ambiente y Derechos Humanos[1]

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Nos hemos dedicado a la investigación de todas las relaciones del animal tanto con su medio inorgánico como con el orgánico, incluyendo sus relaciones con otros animales y plantas, con los que se relaciona directa o indirectamente. Es un concepto biológico dentro de las ciencias[2], que lo conducen a su especificación original y científica como debemos tratarlo. Por ello, la definimos como “la ciencia, parte de la Biología[3], que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y el medio ambiente en que coexisten”. Es también parte de la sociología, que estudia la relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. Es el estudio de todas las complejas interrelaciones a las que Darwin se refería como las condiciones de lucha por la existencia.

Estudia a la vez, la compleja interacción del ser vegetal con el animal y con respecto a su medio ambiente físico y biológico, y las relaciones aún más complejas de las asociaciones naturales o comunidades de los organismos.[4] El Diccio­nario de la Real Academia Española, la define como: “Parte de la Biología, que estudia las relaciones existentes entre los organismos y el medio en que viven” y por su parte, el Grande y Novísimo Diccionario de la Lengua Por­tuguesa, la define como: “La ciencia que estudia las rela­ciones mutuas de todos los organismos que viven en un mismo medio y a su adaptación al ambiente”.

Por su gran relación con el estudio del ambientalismo y la conservación, se ha formado un creciente interés de la opinión pública respecto a los problemas del medio ambiente, que han convertido la palabra ecología en un término a menudo mal utilizado. Se le confunde con los programas ambientales y con la ciencia medioambiental. Sin embargo, aunque se trata de una disciplina científica diferente, la ecología contribuye al estudio y a la comprensión de los problemas del medio ambiente.

El término en su etimología se deriva del griego OIKOS que significa casa u hogar y LOGOS = tratado. Se dice también, que comparte su raíz con la economía, por lo que ecología significa: el estudio de la economía de la naturaleza.

La ecología contribuye a resolver los problemas ambientales, al estudiar la naturaleza como un sistema complejo en el cual todos los elementos están relacionados. Para ello, emplea los conocimientos de las ciencias naturales, de allí que se diga que es una ciencia de síntesis.

En cuanto al término Ambiente o Medio Ambiente deriva del lat. ambiens, -entis, (que rodea). Se aplica a cualquier fluido que rodea un cuerpo, bien sea éste líquido o gaseoso. Se considera de igual manera como ambiente, las circunstancias que afectan a los seres con la connotación de su entorno, su historia, relaciones sociales, locales, artísticas, etc.

Desde el punto de vista ecológico, se entiende como medio ambiente, el conjunto de condiciones fisicoquímicas y biológicas que necesitan los organismos, incluido el ser humano, para vivir. Es decir, como referimos antes, podemos hablar de un medio ambiente físico y un medio ambiente biológico. En este sentido, el medio ambiente físico incluye las condiciones fisicoquímicas, tales como la luz y el calor o radiación solar, la humedad, la temperatura, el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera. Mientras que el medio ambiente biológico incluye las condiciones biológicas conformadas por los organismos vivos, tanto plantas como animales, de donde se deducen: la disponibilidad de alimentos, la presencia de especies competidoras, etc.

En un amplio sentido, cuando en las ciencias humanas se habla de medio ambiente, se incluyen en éste, no sólo los factores fisicoquímicos y biológicos que afectan a la vida y su desarrollo, sino también otros aspectos característicos de la especie humana, tales como los históricos, los culturales, los políticos, los científicos, los tecnológicos, etc.

Dentro del concepto biológico o de la biología, se considera al ambiente como el conjunto de circunstancias o condiciones físicas y quími­cas exte­riores que rodean a las personas, a los animales y a las cosas, siendo de allí de donde se deriva su aplicación como definición, a cualquier fluido que rodea a uno o a todos los cuerpos, y a los elementos que constituyen el medio natural en que se desenvuelven el hombre y los demás seres que con él conviven; ejerciendo notable influencia en el desarrollo y en todas las actividades fisiológicas de ellos.

El medio ambiente también ha sido definido como un sistema global complejo, de múltiples y variadas interacciones, dinámico y evolutivo en el tiempo, formado por los sistemas físico, biológico, social, económico, político y cultural en que vive el hombre y demás organismos.

También se le ha definido como el conjunto de sistemas naturales, construidos y socioculturales, que interactúan entre sí y se modifican históricamente por la acción humana. El rige y condiciona todas las posibilidades de vida en la tierra -en especial la humana- al ser su hábitat y fuente de recursos.

DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD

Todo ciudadano tiene que comprender que vivir en sociedad es una necesidad, por cuanto la convivencia ayuda al desarrollo espiritual y económico del hombre colectivo. De esta comprensión, deberá deducir que en su sociedad, cada persona tiene un rol que cumplir, y del cumplimiento de todos los roles, se logrará la satisfacción de las necesidades del colectivo. Para muchos, es el medium que facilita la vida con derechos y deberes del colectivo,  para pocos, es una camisa de fuerza que restringe la libertad natural, transformándolos en esclavos de reglas y de compromisos. Por ello, muchos inconformes se convierten en ermitaños y buscan la felicidad al margen de los compromisos sociales.

La libertad ofrece al "homo societatis" dos posibilidades: disfrutar de la mancomunidad con sus ventajas y restricciones, o aislarse del mundo y vivir solitario en un medio ambiente exclusivo. La sociedad en si, exige a cada miembro en mayor o menor grado, una cuota de sacrificio. En ella, la cultura es el reflejo y manifestación de una forma de vida que se transmite generación tras generación y donde la libertad se pierde, cuando se pierde el sentido del sacrificio, aparece entonces la protesta de grupos fragmentados, que luchan solo por su interés, sin importarles el daño que producen a los demás, a quienes merman sus derechos y exponen al riesgo y daños de la represión social. Pero cuando esto ocurre propiciado por un gobierno con potestad legítima, tales actos se compaginan con violaciones de los Derechos Humanos, que hoy día se califica como la peor crisis de gobernabilidad y da al traste con el deseo de paz y conformidad para el logro de la felicidad de un colectivo. Es la creación de una situación que frena las posibilidades del desarrollo.

Con esta visión, los pueblos unidos han decidido emprender una gran jornada de conciencia que tienda a proscribir la arbitrariedad gubernamental en procura de una verdadera justicia y equidad en el manejo de la paz. Sin embargo, el escollo ha sido resistente y pareciera que en lugar de superarlos para encontrar esta justicia,  se incrementan los actos de barbarie y las inducciones bélicas como medio procesal para resolver los conflictos, cuando éstos surgen, para enfrentar los actos de gobierno, lo que ha conducido a los actores en la ejecución del derecho, al uso malformado de la represión delictiva, por lo que se ha incrementado la irracionalidad en los hombres en armas, quienes tienen a su cargo la investigación y la represión policial.

Ante esta realidad, con el surgimiento del Estatuto de Roma, el Derecho Internacional permite hacer uso de otros tratados y principios del derecho aplicables, así como el uso de otras fuentes del derecho que no colidan con los numerales 1, 2 y 3 del artículo 21 sobre:  1-Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; 2-Cuando proceda, los tratados y los principios y normas de derecho internacional aplicables, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados; 3- Los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el Estatuto, ni con el Derecho Internacional, ni con las normas y principios internacionalmente reconocidos. Por ello, concluye el Estatuto diciendo sobre el artículo 21; “La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como: la edad, la raza, el color, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición y el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7 que dice: 3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la que antecede.

El tiempo transcurrido ha supuesto y obligado en el mundo, a un cambio de actitud en muchas áreas, entre ellas la referida a los Derechos Humanos, aunque se detecta gran inercia en las actitudes de las comunidades que se resisten a cambiar al ritmo que lo hacen los acontecimientos internacionales y defensivos, lo que nos hace pensar, que las actitudes van a seguir evolucionando en el futuro, consolidando así una reconversión de los Derechos Humanos también en la opinión pública. Al respecto, no hay dudas en la necesidad de los cambios de paradigma en las instituciones gubernamentales de cada uno y de todos los Estados para lograr el consenso en la normalización y aplicación de los Derechos Humanos, sin embargo, en contrario, como ocurre en Venezuela las ideas no marchan con la experiencia mundial.

EL DERECHO AMBIENTAL DE VENEZUELA EN LOS DERECHOS HUMANOS

Reconoce el Derecho Ambiental venezolano la integración de los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora y fauna) los cuales, a pesar de su individualidad, conforman una unidad natural que se proyecta a otros factores o cualidades, tales como el aire, la humedad, la temperatura que conforma el clima, el calor del sol, los vientos, los paisajes escénicos, etc.; que en conjunto constituyen el medio ambiente natural. Los recursos podemos y debemos controlarlos, no así los factores o cualidades, que en su interrelación se ven influidos positiva o negativamente por ellos, y según conservemos, defendamos y mejoremos los primeros, mantendremos favorables las condiciones del medio ambiente, presentes en sus factores o cualidades.

Antes de la promulgación de la primera ley Orgánica del Ambiente, en junio del año 1976, en Venezuela existía un marco jurídico fundamentado en la genuina iniciativa del Estado de proteger los principales recursos naturales del país. Sin embargo, el marco legal ambiental precedente a la citada ley, se construyó en forma sectorial, atendiendo separadamente los diversos problemas vinculados a la alteración y el aprovechamiento de los recursos naturales. Ello se explica en que la concepción ambiental, como tal, cobra auge en Venezuela a partir de los años sesenta. De allí, la atención parcelada dada hasta entonces a cada uno de los componentes ambientales.

En relación con los instrumentos integrantes del marco jurídico venezolano, anteriores a la Ley Orgánica del Ambiente de 1976, puede decirse que, desde la ley de Bosques de 1910, hasta la promulgación de la Ley Penal del Ambiente en 1991, la política legislativa y administrativa en el sector medio ambiente y protección de los recursos naturales renovables se fundamentó en la Constitución de 1961, la cual, como hemos dicho, establecía, tanto las bases fundamentales de las normas de conducta a desarrollar en el seno de la sociedad, como las normas de organización general de la estructura fundamental del Estado. En relación con el ambiente, como hemos visto anteriormente. Desde entonces, se han incorporado en la Constitución los objetivos o principios generales que debe desarrollar el Estado; los sectores que integran la política de protección ambiental, los recursos naturales y la distribución de las funciones del Estado en el desarrollo de la política ambiental.

Estos instrumentos normativos encierran toda una filosofía de protección ambiental, que ha esperado por la materialización de una acción efectiva con el propósito fundamental de defender nuestro ambiente o ecosistema. Pensamos que, con el amplio contenido normativo de la nueva Constitución, dado el calificativo de derecho y deber que da al cumplimiento de las normas ambientales y la normativa reglamentaria de la nueva Ley Orgánica del Ambiente, se inicie con énfasis la protección ambiental. 

Es importante resaltar el contenido de la Exposición de Motivos de la nueva Ley Orgánica del Ambiente, en cuanto que en ella, el legislador refiere que, los derechos humanos evidencian una evolución constante, como consecuencia del descubrimiento de otros derechos asociados a las necesidades humanas emergentes, erigiéndose éstas  como valores  objetos de tutela jurídica. Ello se hace hoy en día más notorio en razón de que la especie humana se encamina hacia la concepción del bienestar integral, aspecto que ha determinado que junto a los derechos colectivos y a los derechos individuales se hayan agregado los derechos de los pueblos, cuya titularidad es la humanidad.

En ese proceso evolutivo de los derechos humanos –expresa el legislador- nace el derecho al ambiente en el ordenamiento jurídico interno, sin que exista necesariamente un señalamiento expreso y formal en el derecho positivo, en razón del carácter de derecho inherente  a la persona humana. Para el legislador, la referida evolución se enmarca en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la finalidad de promover y proteger los derechos humanos de los Estados Miembros a los cuales se  une el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo (1966)  y el Pacto Internacional  de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y en el ámbito regional se enfatiza la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de Los Pueblos; en ésta última se encuentra incorporado expresamente el derecho al ambiente, como derecho de solidaridad, en términos de un derecho esencial a la sobrevivencia  del ser humano, inherente a lo propia especie y el cual se integra  a los demás derechos humanos.

Según el legislador, son de singular importancia para el desarrollo de los derechos ambientales la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (1972), celebrada en Estocolmo, Suecia y la Conferencia  de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), realizada en Brasil. En la primera  se aprobó la Declaración de Estocolmo, en la cual  se estableció como Principio 1: "El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna  y gozar de bienestar..." 

En cuanto al orden interno, consideran necesaria la preocupación por la búsqueda de un ambiente libre de contaminación o de cualquier factor que impida o afecte el desarrollo de las actividades del hombre y que, al mismo tiempo, permita lograr el aprovechamiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales en beneficio colectivo de la presente y futuras generaciones, con profundas raíces históricas  en el país. Precisan, que las Leyes de Indias y los Decretos Conservacionistas del Libertador Don Simón Bolívar en Chuquisaca, Bolivia y Guayaquil (1847), son testimonios evidentes de esa búsqueda y preocupación. Para ellos, este conjunto de instrumentos estaba lleno de normas que todavía podrían tener aplicación y vigencia en nuestros días, lo que evidencia la prudencia, prevención y buen juicio que privó en el manejo de los recursos naturales y el aseguramiento de la salud humana en términos de la consecución del equilibrio ecológico.

Ratifica la Exposición de Motivos de la LOA (2006), que con este nivel referencial de conservación del ambiente el Estado fue orientando su acción, que se materializó en los principios  constitucionales de defensa y conservación de los recursos naturales del territorio, contenidos  en el artículo 106 del Texto Constitucional de 1961; donde además se estableció  que la explotación de los mismos  estaba dirigida  primordialmente  al beneficio colectivo  de los venezolanos, con lo cual el constituyente reconoció  que el Estado  tiene la obligación  de proteger los recursos naturales en la búsqueda del bienestar colectivo. Principios que se asociaron y complementaron con los intereses difusos contenidos en el artículo 50 de la Carta Magna de ese entonces, en cuanto  a que la enunciación de los derechos y garantías contenidas en la misma, no podían interpretarse como una negación de aquellos que siendo inherentes a la persona humana, no figurasen expresamente  en dicho texto. Por otra parte  el artículo 76 consagraba el derecho a la salud, como derecho humano fundamental, el cual se corresponde  con el derecho a un ambiente sano, de lo contrario se soslayaría dicho derecho; por tanto, toda la actuación del Estado y por ende de los particulares, en materia de ambiente y de los recursos naturales tuvo éste marco referencial, lo que conllevó  a la formulación de la política ambiental que se tradujo  en "conservación, defensa y mejoramiento  del ambiente y de los recursos naturales renovables"; estableciéndose de esta manera la base del desarrollo del ordenamiento jurídico en materia ambiental, durante el período 1961-1999.

Reconoce el legislador, que la antes mencionada declaración de Principios  de la Conferencia  de las Naciones Unidas  sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, sentó la base doctrinaria ambiental asimilada  por casi todos los países, constituyéndose de ésta manera  en la génesis del Derecho Internacional Ambiental, que influyó  significativamente en los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados, cuyo efecto se estima haberse propiciado por dos circunstancias: la adaptabilidad  de los textos  internacionales  a las necesidades  sociales  del momento  y la concepción global de los problemas ambientales.

Como lo reconoce el actual legislador, no hay dudas, que la existencia de un marco jurídico fundamentado  en la genuina iniciativa del Estado venezolano de conservar los recursos naturales y el ambiente, aunado a la influencia de la Conferencia de Estocolmo permitió que en 1976 el Poder Legislativo dictará la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo contenido planteó un profundo enfoque, para esa oportunidad, integrando la conservación ambiental, los recursos naturales, la planificación ambiental, la competencia institucional y el desarrollo social y económico del país, junto a los principios rectores ambientales. dentro de la estrategia de desarrollo integral de la Nación.

Así la Ley Orgánica del Ambiente (1976), en su artículo 1° consagró como propósito, el establecer dentro de la política del desarrollo integral del país, los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio de la calidad de vida. Para lo cual, se declaró de utilidad pública los referidos principios, que luego fueron desarrollados en el artículo 3°. Aclara el legislador en la reforma de la LOA, que: “A pesar de ello, en ningún momento en el texto legal ni otro sublegal se precisó el alcance de dichos principios; además, la ley no llegó a establecer el concepto de ambiente”. No obstante resalta el nuevo legislador, que la Ley Orgánica del Ambiente constituyó un hecho jurídico de avanzada, que estableció los lineamientos para la acción del Estado destinada a la protección jurídica de los bienes considerados por los órganos del poder público y por la sociedad  como valores ambientales esenciales a la existencia y desarrollo de la población. No obstante, destaca el nuevo legislador, que se requería de medidas penales lo suficientemente eficaces que permitieran sancionar los hechos y actos tanto colectivos como individuales que comportan riesgos, peligros y daños, reconociendo que ésto se logró parcialmente con la promulgación de la Ley Penal del Ambiente  (1992), como mandato derivado del artículo 36 de la referida ley.

De interés en el estudio histórico del Derecho Ambiental, la Exposición de Motivos de la nueva LOA refiere que en la Segunda Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente (1992), celebrada en Brasil, se reafirmó la Declaración de Estocolmo de 1972 y se enfatizó en la persona humana y su participación individual o colectiva en los procesos de ordenación, conservación y desarrollo sustentable. De tal manera, se orienta el derecho subjetivo del ambiente hacia una perspectiva holística y antropocéntrica y desde la doble vertiente de la solidaridad intra e intergeneracional, con lo cual se recogen los tres principios que fundamentan el desarrollo sustentable, es decir: 1.) Derecho-deber de cada generación, 2.) La equidad intrageneracional o equidad impregnada de presente, que impone que el uso de los recursos naturales se haga de manera tal que cubra las necesidades de las generaciones actuales y 3.) Equidad intergeneracional o equidad embebida de futuro, esto es que tales recursos, asimismo, sirvan para las generaciones futuras.

Fundamenta el legislador la reforma de la LOA, por cuanto “…a pesar de contarse con un ordenamiento jurídico ambiental, el profundo proceso de cambio en el orden social, económico y cultural  que ha experimentado el país, ha producido la utilización intensiva de ciertas áreas del territorio nacional, particularmente en la franja norte costera lo que ha generado la aparición o magnificación de graves problemas ecológicos que atentan contra la calidad ambiental  y disponibilidad de diversidad biológica y de recursos naturales, de manera tal que se ha conducido  a la extinción de ciertas comunidades clímax, como es el caso de los bosques húmedos y los primarios. No obstante, el país dispone de importantes recursos que identifican la identidad nacional y que permiten establecer una estrategia de desarrollo sustentable que se traduzca en beneficio de la colectividad”.

Indica que, “…con motivo de la aprobación de un nuevo contrato social configurado en el Texto Constitucional de 1999, se hace necesario recoger las nuevas realidades ecológicas - ambientales que caracterizan al Estado. Dicho texto al tratar sobre los Derechos Ambientales hace  énfasis sobre la protección del ambiente y la conservación del equilibrio ecológico como instrumentos para  impulsar el desarrollo sustentable del país. Así que  la elevación de los derechos ambientales a rango constitucional se inserta dentro del proceso de evolución del derecho ambiental en el ámbito internacional,  encaminado al logro del desarrollo humano y social de la población”… “En este orden de ideas, la Constitución dispone que  el Estado protegerá  el ambiente, la diversidad  biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales  y demás áreas de especial importancia ecológica…” “Con estos lineamientos el Constituyente de 1999 no hace sino reconocer el derecho humano al ambiente dentro del Estado Democrático  y Social de Derecho y de Justicia, teniendo presente los valores  de solidaridad  social e igualdad de oportunidades, como una meta teleológica de acción del Estado; para ello  se prevé   la toma de medidas, entre otros órdenes,  de tipo financiero, infraestructura, educación ambiental, de acceso y transferencia de  tecnología que permitan revertir las situaciones de degradación ambiental que existen en el país… “En resumen, los derechos ambientales se equiparan con los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, educación, entre otros. Así que por primera vez en la historia constitucional del país, se establece un Capítulo ‘De los Derechos Ambientales’, donde se identifican los principios fundamentales para la formulación e implementación de la nueva política ambiental del país; estos principios se encuentran contenidos de manera expresa en los artículos 127, 128 y 129, complementándose con el resto del articulado de la Carta Magna”. Tal como indicáramos anteriormente.

Es importante deducir como criterio del contenido de la Ley, que el Derecho Ambiental no trata de hacer intocables los recursos naturales, sino que, por el contrario, pone de manifiesto el interés colectivo de su aprovechamiento racional, pero sin deteriorarlos y mucho menos destruirlos, garantizando el beneficio comunitario, confundido con el beneficio individual en permanente tránsito hacia el porvenir.

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE VENEZUELA

En atención a lo establecido en la Constitución de Venezuela, la Ley que regula la materia ambiental, la Ley Orgánica del Ambiente, establece que: “La educación ambiental tiene por objeto promover, generar, desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos, aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, que se reflejará en alternativas de solución a los problemas socio-ambientales, contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo la premisa del desarrollo sustentable”. En este sentido, establece como lineamientos para la educación ambiental los siguientes:

1. Incorporar una signatura en materia ambiental, con carácter obligatorio, como constitutivo del pénsum en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bolivariano, dentro del continuo proceso de desarrollo humano, con el propósito de formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables, garantes del patrimonio natural y sociocultural en el marco del desarrollo sustentable.

2. Vincular el ambiente con temas asociados a ética, paz, derechos humanos, participación protagónica, la salud, el género, la pobreza, la sustentabilidad, la conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural, la economía y desarrollo, el consumo responsable, democracia y bienestar social, integración de los pueblos, así como la problemática ambiental mundial.

3. Desarrollar procesos educativos ambientales en el ámbito de lo no formal que promuevan y fortalezcan el derecho a la participación de ciudadanos, ciudadanas y comunidad en general, en el marco de una gestión del ambiente en forma compartida.

4. Incorporar la educación ambiental para el desarrollo endógeno sustentable, desde una perspectiva participativa, crítica, influyente, transformadora de los sistemas productivos que reconozca la diversidad cultural y ecológica en el ámbito de la organización social.

5. Promover el diálogo de saberes, como base del intercambio, producción y difusión de información en los procesos educativos ambientales para generar acciones colectivas en el abordaje y solución de problemas socio ambientales..

En este sentido, establece que las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, responsables en la formulación y ejecución de proyectos que impliquen la utilización de los recursos naturales y de la diversidad biológica, deben generar procesos permanentes de educación ambiental que permitan la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable. Igualmente establece que las instituciones públicas y privadas deberán incorporar principios de educación ambiental en los programas de capacitación de su personal; y este proceso de educación ambiental, deben tomarse en consideración los aportes y conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y de otras comunidades organizadas, así como las técnicas e innovaciones, asociados al uso de los recursos naturales y de formas de vida ecológicamente armónicas.

 1.-    El Medio Ambiente en el Derecho Internacional Público

El Derecho internacional cuyo conjunto de normas rige las relaciones entre los Estados y entre éstos con otros sujetos internacionales entre sí, y con los derechos y deberes recíprocos que les corresponden, contiene el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional, en otra época llamado ius gentium o Derecho de gentes, y ha sido además, el ente normativo que regula las relaciones entre los pueblos, cuya noción está vinculada a la del Derecho natural, que obliga a relacionarlo con el Derecho que trata y refiere al ámbito del Medio Ambiente.

Hoy en día ha cobrado gran relevancia esta interrelación, por la importancia, que además de los Estados como sujetos del Derecho Internacional, han tomado las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales (ONG), de donde han surgido una serie de instrumentos normativos bilaterales y multinacionales, para la regulación de las acciones contra la naturaleza y contra los recursos naturales del planeta. Es lo que se ha mencionado como característica relevante de la espacialidad universal del Derecho que rige al Derecho del Medio Ambiente.

Esta interrelación con el Derecho Internacional, da especifidad a la normativa que instrumentaliza la coexistencia y la cooperación entre los Estados y obliga a la regulación de las competencias vinculadas al territorio, sobre los espacios de interés internacional (espacios aéreos, cursos de agua internacionales, ecosistemas comunes), y el respecto de la población sobre estas competencias. En esta rama jurídica del derecho público externo, también se ha avanzado, al ser considerado el delito ecológico como un delito universal, que ha servido para enlazar y procesar diferentes acuerdos bi y multilaterales para atender áreas regionales o mundiales en materia del Derecho del Medio Ambiente.

La Cooperación Internacional para la Conservación

La cooperación internacional para la conservación de la naturaleza ha adquirido una creciente importancia en los últimos años dada la creciente toma de conciencia, por parte de la opinión pública, de que muchos problemas ambientales pueden traspasar las fronteras de los países, o tienen un alcance tan global que no es posible hacerles frente sólo por medio de leyes de alcance nacional. Los tratados y convenciones entre distintos países son hoy la principal fuente de leyes ambientales internacionales.

El primer proyecto serio de cooperación internacional para los fines conservacionistas se debió al Dr. Paul Serasin, quien en el Octavo Congreso Internacional de Zoología en 1910 propuso la creación de un comité que esbozaría lo que podría ser una Comisión Internacional para la protección de la naturaleza.11 Se pretendió una cooperación de todos los países para proteger tanto los continentes como los mares, y a pesar de que tal proyecto tuvo una gran receptividad, no se pudo llevar a efecto por el surgimiento en 1914 de la Primera Guerra Mundial.

Oficina Internacional para la Protección de la Naturaleza

Después de la I Guerra Mundial, hubo varios intentos serios para reactivar la idea expuesta, pero no fue sino en 1928, cuando se creó con el acuerdo de los países europeos, la Oficina Internacional para la Protección de la Naturaleza, la cual estableció su sede en Bruselas en 1934. Esta Oficina y la idea, vuelve a quedar cesantes por el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939.

La Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza

Nuevamente en 1947, después de la conflagración, los ingleses y los suecos hacen renacer la idea, formando la “Unión Internacional Provisional para la Protección de la Naturaleza”, y a través de la UNESCO, en 1948 se crea definitivamente la “Internacional Unión for the Conservation of the Nature” (IUCN), en una Conferencia convocada para tal efecto en Fontainebleau, Francia a la cual asistieron los Representante de los Gobiernos de Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, República Dominicana, Egipto, Francia, India, Italia, Luxemburgo, Noruega, Panamá, Países Bajos, Polonia, Siam, Suiza, Siria y Venezuela.

Esta Unión “vino a ser la expresión de un anhelo común de los científicos y de los gobiernos que miran con precaución la desaparición gradual de los recursos naturales debido a la acción imprevista del hombre”. La organización tiene entre sus finalidades “la conservación de la naturaleza en sus más variados aspectos, tales como la flora y la fauna, los suelos y las aguas, y aquellos otros elementos naturales que todavía permanecen intactos”.

Fue motivación para los constituyentitas de la organización, el que “la mayoría de los países del mundo han incluido en sus legislaciones energéticas previsiones tendientes a asegurar la conservación y restauración de sus recursos naturales como fuente económica primaria, pero tales medidas sólo tienen carácter local, y poco haría una Nación con cumplirlas a cabalidad si sus vecinas no adoptan otras semejantes”. No requiere demostración la necesidad de la cooperación internacional en el campo de la ciencia y de la naturaleza.

En este sentido, la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza vino a ser un organismo internacional que sirve de vínculo a los esfuerzos realizados por las naciones para proteger sus recursos naturales, fuente primaria de su desarrollo económico. Tal organismo no sólo es unos elementos más de lucha contra la destrucción de la naturaleza, sino que constituye el eslabón necesario para la coordinación de las medidas tomadas separadamente por cada Estado.

La Organización debe proporcionar a los Gobiernos y a las instituciones particulares un servicio continuo de información e intercambio científico, que permita no sólo la superación en el campo de la ciencia de las entidades dedicadas a ella, sino que facilite el planteamiento y realización de campañas divulgativas y el asesoramiento apara la resolución de problemas técnicos referentes a la conservación de la naturaleza.

Como una expresión de la constante preocupación oficial en colaborar con aquellas labores que guardan relación con la protección de la Naturaleza, el Gobierno venezolano invitó a la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza a celebrar su III Asamblea General en la ciudad de Caracas, la cual se efectuó a fines de 1952.

En el discurso de clausura de esta reunión, el Ministro de Relaciones Exteriores expresó la decisión del Gobierno de adoptar las medidas necesarias para perfeccionar el ingreso de Venezuela en la Unión. Esto se logró, con la promulgación de la Ley Aprobatoria de la Constitución de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza el 12 de noviembre de 1954.

Otros acuerdos importantes fueron: la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por Petróleo de los Mares en 1954, la Convención de París sobre la responsabilidad de terceras partes en el campo de la energía nuclear en 1960 y la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional en 1971.

Conferencia Internacional de la Biosfera

En 1972, al surgir la expectativa mundial a raíz de la publicación del informe del Club Roma, “Los límites al Crecimiento”, que consideramos como el renacimiento del malthusianismo, por plantear nuevamente la posibilidad del agotamiento de los recursos naturales vitales y la necesidad del control de la natalidad como fórmula para evitar el colapso mundial por la falta de alimentos, se revivió entonces el programa auspiciado pro la UNESCO que culminó con la “Conferencia Internacional de la Biosfera”, celebrada en París en 1968, de cuyas conclusiones surgió la promoción del primer encuentro mundial de extraordinaria repercusión, como lo fue la “Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano”.

Con esta Conferencia, se logra ubicar por primera vez el Medio Ambiente como un lugar diferenciado en los diferentes programas políticos, reconociéndose que el entorno afronta graves problemas que no respetan fronteras nacionales y cuya solución es de carácter político, sin que puedan dejarse en manos de expertos y particulares.

En cuanto al hombre, concluye en que éste “tiene derecho al disfrute de condiciones de vida adecuados, en un medio de calidad tal, que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar; y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”. En dicha Conferencia se creó también el “Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente” (UNEP); programa del cual ha surgido otra serie de programas regionales sobre los diferentes recursos y problemas que afectan al mundo, e igualmente ha originado la convocatoria hasta fechas recientes, de Conferencias sobre el Medio Ambiente.

Conferencia de la Naciones Unidas sobre Desertización (UNCOD)

En 1974, la Asamblea General de la ONU, hizo un llamado para organizar una conferencia internacional sobre el problema de la desertización, convocando la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Desertización (UNCOD), que se celebró en Nairobi en 1977.

Cabe decir, que la desertización fue el primer problema ambiental en ser considerado de carácter global, reconocimiento que quedó formalizado en esta Conferencia, en la que se elaboró un mapa de los desiertos del mundo, incluyendo en él un índice de desertización. Desde entonces, se ha puesto en manos del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), la coordinación de un intento global de combatir el problema. Según las estimaciones para 1992 de la UNEP, en todo el mundo estaban afectados alrededor de 3. 590 millones de hectáreas, o 35,9 millones de km2, en su mayor parte en forma de vegetación degradada en tierras empleadas para el pastoreo.

Convención sobre la Contaminación del Aire en Áreas Extraterritoriales

En 1979, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, formó la “Convención sobre la Contaminación del Aire en Áreas Extraterritoriales”.

Fue notorio, que durante la década de 1980 y comienzos de la de 1990, muchos países industrializados mejoraron la calidad de su aire, reduciendo la cantidad de partículas en suspensión así como la de productos químicos tóxicos como el plomo, pero las emisiones de dióxido de azufre y de óxidos nitrosos, precursores de la deposición ácida, aún no han sido reducidos en su totalidad. Es también considerable a nivel de descontaminación atmosférica, el hecho de existir un elevado nivel de contaminación en gran parte de la Europa del este y la antigua URSS.

Las Cumbres sobre la Tierra

 La Cumbre de Río - 1992

En junio de 1992, la “Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas”, también conocida como la “Cumbre sobre la Tierra”, se reunió durante 12 días en las cercanías de Río de Janeiro, Brasil. Esta cumbre desarrolló y legitimó una agenda de medidas relacionadas con el cambio medioambiental, económico y político. El propósito de la conferencia era determinar qué reformas medioambientales eran necesarias emprender a largo plazo, e iniciar procesos para su implantación y supervisión internacionales. En el marco de esta Conferencia, se celebraron convenciones para discutir y aprobar documentos sobre el medio ambiente.

Los principales temas abordados en estas convenciones fueron: el cambio climático, la biodiversidad, la protección forestal, la Agenda 21 (un proyecto de desarrollo medioambiental de 900 páginas) y la Declaración de Río (un documento de seis páginas que demandaba la integración del medio ambiente y el desarrollo económico).

A decir de observadores e intervinientes, la cumbre sobre la Tierra fue un acontecimiento histórico de gran significado. No sólo hizo del medio ambiente una prioridad a nivel mundial, sino que a ella asistieron delegados de 178 países, lo que la convierte en la mayor conferencia jamás celebrada.

En esta Cumbre, los signatarios del tratado se comprometieron a evitar actividades humanas que pudieran resultar “peligrosas” para el clima mundial, aunque no se llegó a un acuerdo sobre la definición precisa del término “peligrosas”.

 La Cumbre de Kioto - 1997

Cinco años después e la Cumbre de Rio se celebró la cumbre internacional en Kioto (Japón) en diciembre de 1997, donde los líderes mundiales acordaron por vez primera fijar objetivos concretos y calendarios aproximados para reducir las emisiones de “gases invernadero”. Fenómeno, sobre el que los científicos conservacionistas llevan años advirtiendo que estas emisiones podrían contribuir sustancialmente al calentamiento global[5] de la tierra. Pero, lamentablemente, las negociaciones entre los participantes en la cumbre fueron signadas por disputas y desacuerdos profundos, que nos hacen prever que se requieran muchas otras cumbres y muchos más años de debates acalorados, antes de llegar a un acuerdo sincero para disminuir la emanaciones que contaminan la atmósfera.

Esta “Conferencia del Convenio Marco sobre el Cambio Climático”, denominación oficial de la Cumbre de Kioto, fue la culminación de cinco años de disputas internacionales encaminadas a conformar una solución mundial al problema del calentamiento del planeta. A ella acudieron miles de diplomáticos, miembros de organizaciones no gubernamentales (ONGs), periodistas y líderes políticos de más de 150 países. Los representantes nacionales y varios jefes de Estado, entre ellos el primer ministro de Japón, Ryutaro Hashimoto, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, hicieron declaraciones formales sobre el tema, mientras se celebraban un sin fin de otras actividades, entre las cuales fue altamente reseñada la participación de la organización no gubernamental internacional de protección del medio ambiente Greenpeace, quien exhibió una curiosa obra de arte llamada “dinosaurio de combustibles fósiles”, la cual representaba a un dinosaurio de la especie Tyrannosaurus rex construido con piezas de coches usados, surtidores de gasolina y otros elementos relacionados con los emisores de dióxido de carbono. Otras obras de arte, estuvieron constituidas por esculturas de hielo representando pingüinos a los pies de los delegados como símbolo de la fusión de los casquetes polares y la amenaza que ello supone para las aves antárticas.

Antes de Kioto, la Unión Europea (UE) había acordado reducir sustancialmente las emisiones de gases invernadero, mediante un plan donde las naciones menos desarrolladas, como Portugal, estarían autorizadas a emisiones superiores a la media de la UE mientras estuvieran en desventaja económica. Su primera propuesta era reducir las emisiones de toda la UE en el año 2010 a un valor inferior en un 15% al de 1990. Así mismo, Europa criticó duramente a Estados Unidos y Japón al ver que no estaban dispuestos a sacrificarse por el bien del planeta y también argumentó que los países en desarrollo deberían quedar exentos de las reducciones propuestas en la ronda inicial de Kioto, pues necesitaban tiempo para alcanzar el nivel económico de las naciones industrializadas.

En la Cumbre, los países en desarrollo se presentaron como víctimas de las naciones desarrolladas más prósperas, opinando que como países tienen más que perder a consecuencia del calentamiento global, en cuanto que gran parte del mundo en desarrollo ocupa las regiones más cálidas, donde numerosas especies cultivadas y animales domésticos viven al límite de su tolerancia de temperatura natural, por lo que el calentamiento podría provocar una reducción generalizada del número de cabezas de ganado y la pérdida de cosechas. Además de que a diferencia de los países del mundo industrializado, casi todos los países en desarrollo carecen del capital y la infraestructura necesarios para desarrollar nuevas variedades de plantas y animales tolerantes al calor, construir sistemas de control de inundaciones y contar con los medios de socorro necesarios cuando se produzcan catástrofes.

Por otra parte, los objetivos de reducción global de emisiones también perjudican a los países en desarrollo porque dicha disminución interfiere en sus planes de recuperación económica, centrados en el uso de fuentes energéticas baratas como es la hulla. De hecho, un elevado número de representantes de países en desarrollo consideran el movimiento contra el calentamiento global como parte de una conspiración para mantener las ventajas económicas de las naciones industrializadas a expensas de las más pobres. Por todo ello, estos países defendieron su exención de las reducciones de emisiones hasta que sus economías alcancen una solidez próxima a las de los países desarrollados.

Visualizando en tiempo, los países más desarrollados, consideran que, mediante el cálculo del ciclo del carbono[6, permitir a los países en desarrollo demorar durante décadas su participación en los acuerdos de reducción de emisiones expondría al mundo a incrementos enormes de la concentración atmosférica de dióxido de carbono, por cuanto este conjunto de fenómenos tarda cerca de un siglo en completarse. Diversos modelos del ciclo del carbono han demostrado que si se utilizan combustibles fósiles para alimentar el crecimiento industrial de los países en desarrollo, sus emisiones de dióxido de carbono sobrepasarán pronto incluso a las de los actuales países industrializados. En consecuencia, consideraron estos países que la reducción de emisiones debía ser universal, y de no lograrse mediante el protocolo de Kioto, habría que hacerlo en uno posterior u otro acuerdo posterior.

En el mismo sentido, Estados Unidos defendió la tesis de la industria de combustibles fósiles según la cual, frenar el calentamiento global exige una solución global y todas las naciones, desarrolladas y en desarrollo, deben aceptar reducciones vinculantes de emisiones. Los negociadores estadounidenses también apoyaron con decisión un sistema de licencias de emisiones de dióxido de carbono que pudiesen ser objeto de compraventa. Una vez negociados los niveles máximos de emisión, el sistema asignaría a las diversas industrias de cada país unas cuotas de emisión; las industrias que no agotasen estas cuotas <reduciendo la contaminación, por ejemplo> podrían vender a otras el excedente.

El protocolo de Kioto exigió a 38 naciones industrializadas cumplir para el año 2012 la reducción de sus emisiones medias hasta un nivel inferior en un 5,2% a las concentraciones de 1.990. Estados Unidos, que actualmente emite más del 20% de todo el dióxido de carbono del mundo procedente de combustibles fósiles, acordó un recorte del 7% por debajo de los valores de ese año, mientras que los 15 países de la UE se comprometieron a alcanzar una reducción del 8%. Japón aceptó una reducción del 6%. El pacto no exige ninguna reducción vinculante a los países en desarrollo, pero en los próximos años se convocarán nuevas rondas de negociaciones para abordar éste y otros asuntos.

Rusia y Ucrania acordaron estabilizar las emisiones de gases en los niveles de 1990. No obstante, debido al escaso rendimiento económico de estos países desde la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, se les permitió mantener sus niveles de contaminación actual, que son un 30% inferior a los de 1990. Por tanto, Rusia y Ucrania esperan vender a otras naciones industrializadas la cuota no utilizada de las emisiones a que tendrían derecho. Un comprador probable es Estados Unidos, que podría tener dificultades para cumplir sus propios objetivos, de no adoptar pronto una política interior que resultaría impopular, como un impuesto sobre los combustibles fósiles o la concesión de subvenciones para tecnología.

Según el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) patrocinado por las Naciones Unidas (ONU), para el año 2050 deberá haberse eliminado entre el 50 y el 75% de las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles para impedir que la concentración atmosférica de gases invernadero se duplique o triplique en el próximo siglo. Esto significa que durante las décadas venideras deberán ponerse en marcha programas de investigación, desarrollo y funcionamiento de nuevas tecnologías energéticas limpias.

El costo potencial de estos programas ha generado enormes polémicas. Los sectores más optimistas afirman que pronto surgirán soluciones innovadoras de tecnología avanzada con costes de aplicación enormemente inferiores a los actuales. Como ejemplo de esta tendencia se señalan los recientes avances tecnológicos sobre células de combustible para automóviles eléctricos. Pero otros analistas afirman que aplicar programas eficaces costará a las economías nacionales al menos un uno o un dos por ciento de su producto interior bruto (PIB)[7].

Además de los titubeos relativos al costo, retrasar la integración de los países en desarrollo en los protocolos de reducción de emisiones de Kioto dejaría a estos países sumidos en tecnologías ineficaces basadas en combustibles fósiles. Esto conllevaría un funcionamiento prolongado de docenas de antiguas centrales térmicas de carbón de India, China e Indonesia que ya llevan varias décadas de actividad económica. Todo ello, por lo tanto, encarecería las soluciones al calentamiento global.

Cumbre de Johannesburgo – Sudáfrica 4 de septiembre de 2002

En la Cumbre de la Tierra desarrollada en la ciudad de Johannesburgo, quedó un profundo sentimiento de decepción, por cuanto los más grandes proyectos que han surgido en todas las cumbres, que podemos decir, son repetitivos, han quedado difuminados en un Plan de Acción huérfano de compromisos concretos.

En todos estos planes se habla de proveer de electricidad y agua potable a la población mundial, pero sin poner metas ni plazos. También se ha hablado del cambio climático, pero sin tomar medidas concretas. Como elemento esencial, la ayuda financiera para el desarrollo, tópico en el cual los países ricos tienen la mayor responsabilidad moral y material, se mantiene el deseo de alcanzar una contribución del 0,7% del PIB, cifra calificada por muchos presentes de insuficiente. Incluso el secretario general de la ONU para ese momento, Kofi Annan, reconoció que no se había conseguido lo que se esperaba, aunque no creyó que fuera un fracaso. "Esta cumbre nos ha colocado en el camino para reducir la pobreza mientras protegemos el medioambiente", dijo. Los analistas piensan, que será el tiempo quien dirá si tiene razón.

La cumbre en Johannesburgo finalizó sin acuerdos y con abucheos para el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, en medio de las críticas de los ambientalistas que aseguraron que los resultados del encuentro servirán poco para proteger al planeta o ayudar a los pobres.

En el acto de clausura, varios oradores juzgaron como muy débil el plan acordado para atacar problemas mundiales como el sida y la reducción de las reservas de peces. En un acuerdo formal al texto, los delegados de casi 200 naciones aplaudieron por sólo 10 segundos. Antes, el cierre de la cumbre había sido postergado por casi dos horas de disputas sobre referencias al territorio palestino, el sida y otros temas controversiales en un documento político separado, la "Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable". En este sentido, los ambientalistas asistentes calificaron el encuentro como una pérdida de tiempo y una capitulación a los intereses comerciales que favorecen a los mayores productores, que a su vez son los más contaminantes. Al respecto, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo que las expectativas habían sido demasiado altas y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que la cumbre terminó siendo un "diálogo de sordos".

Al respecto es de hacer notar, que fue el 7 de diciembre de 2004, cuando en la Gaceta Oficial Nº 38.081 de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se publicó la Ley Aprobatoria del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático antes mencionado, celebrado en diciembre de 1997.


[1] La importancia e influencia de los derechos humanos sobre el ordenamiento jurídico en el mundo ha sido destacada por el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, quien dijo: “A partir de la última posguerra se desarrolló una rama del derecho internacional público que cobró importancia vital: el derecho internacional de los derechos humanos. La internacionalización de los derechos humanos no fue un fenómeno secundario sino un cambio de paradigma que importó la más importante de las transformaciones jurídicas del siglo XX”. Como lo asoman los tratadistas y los ponentes, el cumplimiento y el respeto a los Derechos Humanos (DDHH) o derechos del hombre, es un tema esencialísimo en la agenda internacional de los Estados, y su vigencia cobra cada día en forma progresiva y sostenida una relevante importancia, de forma tal, que hoy se admite mundialmente, que su vigilancia no se circunscribe exclusivamente a la esfera del derecho interno del Estado sino que además, sobre él tiene competencia el Derecho Internacional (DI), el cual, el cual puede exigir su acatamiento a través de los mecanismos, instituciones y órganos existentes fuera de las fronteras del Estado.

[1] Después de 50 años de expectativas y discusiones y de haberse justificado plenamente su creación, para atender la jurisdicción internacional, fue creado el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas, Órgano de carácter permanente y dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya creación fue aprobada en el transcurso de una conferencia celebrada en 1998 en Roma por representantes de 120 países (7 se opusieron y 21 se abstuvieron). El Tratado de Roma, que preveía su creación y su estatuto jurídico fue firmado el 18 de julio de ese mismo año por un primer grupo de 20 países que se adhirieron a su contenido. También se acordó el comienzo de sus funciones hacia el año 2001, cuando aproximadamente 50 Estados hubiesen ratificado dicho documento, con sede en La Haya, donde también radica el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Las competencias del Tribunal se extienden al procesamiento de individuos que cometan “los más graves crímenes contra la comunidad internacional” (genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad[1] y agresión) y ante los cuales el Estado concernido no inicie, por voluntad propia o incapacidad, el correspondiente procedimiento. Con la creación de este Tribunal Internacional se puso fin al debate sobre la legitimidad de los tribunales Ad-hoc que han existido hasta ahora (Nüremberg, Tokio, Yugoslavia y Ruanda), encargados de castigar los crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos por sus dirigentes y militares. Desde el 17 de julio de 1998, 139 países han firmado el Estatuto de Roma, de los cuales más de 76 lo han ratificado[1]. Entró en vigencia el 1° de julio de 2002. Sin embargo, sobre el particular existe una discusión a nivel mundial acerca de si la Corte Penal Internacional podría tomar casos ocurridos antes del 1° de julio de 2002, no obstante, el texto del Estatuto es claro al respecto al indicar en el Art. 21 que éste entraría en vigencia hacia el futuro. Sin embargo, las reglas de no impunidad e imprescriptibilidad de los crímenes han sido utilizadas para justificar los Tribunales especiales de Nüremberg, Tokio, Ruanda y Yugoslavia, con estatutos y tribunales Ad-Hoc, elaborados y constituidos después de los hechos. En tal sentido, el Estatuto de Roma permite hacer uso de otros tratados y principios de derecho internacional que sean aplicables, así como de otras fuentes de derecho que no colidan con los numerales 1, 2 y 3 del referido artículo 21. Sin embargo, es de esperarse que sea la propia Corte Penal Internacional, de ser informada de alguno de esos casos, la que dicte la última palabra. Los Magistrados de la Corte Penal Internacional fueron electos en enero de 2003, año en el cual la Corte iniciaría el conocimiento de los primeros casos, según el procedimiento de investigación y procesamiento.

[2] Ciencia (en latín scientia, de scire, ‘conocer’), término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. La búsqueda de conocimiento en ese contexto se conoce como ‘ciencia pura’, para distinguirla de la ‘ciencia aplicada’ —la búsqueda de usos prácticos del conocimiento científico— y de la tecnología, a través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones.

[3] Biología (del gr. bios, vida, y logos, tratado) s. f. Ciencia que estudia los seres vivos. Se divide en tres grandes ramas: la microbiología, que trata de los seres microscópicos; la botánica, que estudia las plantas, y la zoología, que se ocupa de los animales. A su vez, cada una de esas ramas puede ocuparse: a) la anatomía de la estructura del ser vivo; b) la citología de las células que lo componen; c): la histología de sus tejidos; d) la fisiología de su funcionamiento; etc. - El origen de la biología se remonta a la antigüedad; es una ciencia que desciende de la medicina, la agricultura y la ganadería. A Aristóteles se deben interesantes tratados de anatomía y botánica. La importancia de esta ciencia comenzó a crecer a partir del s. XVI, sobre todo en el campo de la historia natural descriptiva y en la anatomía. Pero fue en los s. XVIII y XIX cuando surgieron los grandes sistematizadores: Linneo, Buffon, Lamarck (que fue el primero, junto con Treviranus, en utilizar el término biología), Cuvier, Darwin. Durante la segunda mitad del s. XIX y todo el s. XX tuvo un gran desarrollo, que la ha convertido en la actualidad en una de las ciencias más investigadas.

[4] Biocenosis, término que engloba el conjunto de las comunidades vegetales (fitocenosis), animales (zoocenosis) y de microorganismos (microbiocenosis) que se desarrollan en un biotopo determinado.

11 Ecología y Desarrollo. La Polémica sobre los límites al crecimiento. Alianza Universal.

[5] Se entiende el posible aumento de la temperatura de la superficie terrestre en las próximas décadas.

[6] Se llama ciclo del carbono al conjunto de fenómenos naturales por medio de los cuales el dióxido de carbono inyectado en la atmósfera es eliminado lentamente por la fotosíntesis de las plantas y la absorción en los océanos.

[7] (PIB), que es el valor total del conjunto de bienes y servicios producidos en un año.