EL DERECHO AMBIENTAL EN VENEZUELA

EL DERECHO AMBIENTAL

Dentro de la normativa del Derecho Ecológico, podemos considerar relevante la referida al Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Estas normas, atienden de manera especial y preferente lo relativo a la conservación, protección y mejoramiento del ambiente, como parte de una amplia y compleja problemática, que globalmente tiende a armonizar las exigencias del desarrollo con las medidas proteccionistas, sin que se olvide, que éstas, en un contexto integral, conforman una meta del desarrollo dentro de las políticas nacional e internacional.

Cuando hablamos sobre la existencia e importancia del denominado Derecho Internacional del Medio Ambiente, considerado como la rama más reciente del ordenamiento jurídico internacional, obviamente, referimos la autonomía normativa, e incluso, la denominación específica de este nuevo sector del ordenamiento internacional, que ha adquirido carta de naturaleza en los ámbitos académicos y científicos, y que es generalmente evocado como un nuevo sector especializado del derecho, que hoy en día existe con cuerpo específico de normas internacionales para la protección del medio ambiente, no requiere explicación sobre la existencia y avance de este Derecho en la ubicación nacional. También dijimos, que estamos esforzados en encontrar la internacionalidad de las normas jurídicas protectoras del medio ambiente y de los recursos naturales que en él coexisten, cuando hablamos del Derecho Ecológico, en el entendido de la definición que hemos dado a nuestro Derecho, como conjunto de normas jurídicas que con su derivación ecológica, controlan al hombre en el uso y disfrute de la naturaleza y sus recursos naturales, estableciendo medidas para evitar el abuso en su explotación irracional, como forma de perennizar su existencia, uso y disfrute generacional.

El Derecho Ambiental en Venezuela

El Derecho Ambiental en Venezuela es una realidad tangible y en constante proceso de elaboración; que parte de una concepción integral de la relación hombre-naturaleza y del convencimiento de que la conservación, protección y mejoramiento del ambiente, es solo una parte de un problema ecológico más amplio y complejo, que se relaciona y muchas veces deriva de una concepción integral del desarrollo y las actividades que éste genera. Es por ello imposible contener en un conjunto normativo, todo el espectro de actividades necesarias para evitar la degradación del medio ambiente, lo que hace necesario que esta normativa sea orientadora, de marco o cuadro, para partiendo de ella, derivar todo un conjunto normativo que comprende toda la gama de estas actividades.

Se hace de hecho necesario, para mantener vigente y en forma progresiva el alcance de las metas del desarrollo, que se haga el estudio y se norme lo inherente al ordenamiento del uso del territorio, que comprendan tanto al espacio, como a los recursos naturales, bajo la premisa de que es necesario racionalizar su uso hoy, para no comprometer el bienestar social y humano del mañana.

Podemos ubicar el origen del Derecho Ambiental en Venezuela a partir de 1910, cuando fue sancionada la primera Ley de Bosques y Aguas. Posteriormente surgieron: el Código Penal, que contiene varios artículos relacionados con el ambiente; la Ley de Sanidad Nacional, la Ley Forestal de Suelos y Aguas, el Reglamento de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, la Ley de Protección a la Fauna Silvestre y la Ley de Pesca, hasta que en 1976 se promulga la Ley Orgánica del Ambiente, derogada por otra igual en 2006, la cual viene a definir y organizar la materia ambiental. Es de referir con carácter histórico, que esta Ley fue promulgada durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, bajo el impulso de equipos especialistas de las universidades nacionales, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, del Colegio de Ingenieros, del Ministerio de Agricultura y Cría y de la División de Asuntos Hidráulicos del antiguo Ministerio de Obras Públicas, que luego pasó a formar parte del Ministerio del Ambiente los cuales encontraron acogida en el Congreso de la República.

Con esta Ley surge el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales en el año 1978 bajo la dirección de Arnaldo José Gabaldón, y como antecedente institucional importante merece destacar la creación de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de los Andes en 1942.

GENERALIDADES Y BASES JURÍDICAS DEL DERECHO AMBIENTAL EN VENEZUELA

Base Constitucional

De acuerdo a la Constitución, la conservación del Ambiente y sus recursos naturales, es la base del desarrollo económico y social del país, regido y orientado en nuestro caso por la norma constitucional, que lo establece como beneficio colectivo de los venezolanos.

De manera específica, bajo la denominación y dentro del alcance ambientalista, la vigente Constitución de 1.999, hace marcada y reiterada insistencia sobre la protección, conservación del medio ambiente y la educación ambiental, con cuyas normas se nutre y fortalece el Derecho Ecológico. En tal sentido, en el Preámbulo se abre con lo originario del Pueblo venezolano inspirado en sus poderes creadores y guiado por grandes sentimientos de amor, necesarios para emprender todo proceso de cambio.

Invoca el constituyente la protección de Dios y guía a la Constitución y a la República por la doctrina y acción de Simón Bolívar, el Libertador y como rasgo importante, reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas como habitantes originarios del país y raíz primigenia de nuestra nacionalidad, de nuestro mestizaje, de nuestros rasgos comunes de lengua, religión, territorio, población y gobierno, que hicieron posible la nación, "donde emergió una conciencia de libertad y de lucha por la dignidad humana, enarbolada por nuestros fundadores, quienes gracias a la constancia y al trabajo han consolidado nuestra independencia, dándonos patria libre para siempre y, comprometidos en un proceso de refundación de la República a través de profundas transformaciones destinadas a establecer una sociedad democrática, soberana, responsable, multiétnica y pluricultural, constituida por hombres y mujeres iguales, niños y niñas que son el interés superior del Estado, en correspondencia con los valores de pertenencia e identidad nacional."

Todo este reconocimiento constituyente, con el propósito de impulsar un Estado de Justicia, mediante la promoción de una democracia social, participativa y protagónica vinculada a un Estado federal, policéntrico, descentralizado, disciplinado y coherente, abierto a las demandas de la sociedad; y, en el mismo sentido, sostener inalterable la independencia e indisoluble la integridad de la nación y de su espacio geográfico; asegurar el derecho a la vida, la libertad, la justicia social, la igualdad sin discriminación ni subordinación por razones de conciencia o de carácter social, estado civil, político, religioso, económico, género, edad, etnia, discapacidad o de cualquier otra índole, consolidando un Estado de derecho mediante el imperio inexorable de la justicia; la cooperación con la comunidad internacional e impulsar la integración de la comunidad de naciones latinoamericanas y del Caribe, que tengan por finalidad la no intervención, el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, consecuente con la idea bolivariana de lograr el ‘equilibrio del universo’, el reconocimiento de las diversas culturas; la promoción y desarrollo de empresas propiedad de capitales nacionales; el desarme nuclear, la inmunidad de jurisdicción y el uso de la ciencia y la tecnología con fines pacíficos para el desarrollo sustentable, la conservación del ambiente, la diversidad biológica, genética y humana, los procesos ecológicos y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de las generaciones presentes y futuras.

Es de interés señalar, que desde el inicio del proceso constituyente fue motivación constitucional, la incorporación de materias de sumo interés social, como lo son: la protección a la familia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el de las personas adultas mayores, las personas con necesidades especiales, el derecho a la alimentación, resaltando la diversidad étnica y cultural, los pueblos y las comunidades indígenas, que integran el Título II del texto constitucional.

Contenido ambientalista en la constitución de 1999

Con la idea de mantener dentro del Derecho Ecológico, toda la normativa que se refiera a la actividad y tratamiento genérico de los recursos naturales en el territorio nacional; sobre los cuales hace su regulación la Ley, tanto en el aspecto de la soberanía nacional, como en la conducta de residentes y transeúntes para la protección del medio ambiente, enunciaremos toda la normativa contenida en la nueva Constitución y en algunos casos, hacemos referencia y enunciaremos el articulado de algunas de las leyes que reglamentan la materia, hasta tanto no sea modificadas para hacerlas más adecuadas a la realidad constitucional. Así comenzamos, de la CRBV:

El territorio y demás espacios geográficos

Artículo 11. La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se encuentren.

Artículo 15. El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una ley orgánica de fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.

Los derechos económicos

Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comer-cio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

Artículo 113. No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adopta-re en la realidad. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.

Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.

Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

Derechos de los pueblos indígenas

Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.

Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley.

Artículo 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos re-cursos y conocimientos ancestrales.

Artículo 126. Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional.

DEBERES Y DERECHOS AMBIENTALES

Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.

Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.

PRINCIPIOS RECTORES PARA LA CONSERVACIÓN, DEFENSA Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE

Universalmente se ha considerado al Derecho Ambiental como un instrumento rector para regular, dirigir, prohibir o autorizar actos y hechos del hombre en el tratamiento del ambiente y de los recursos naturales. Para ello ha establecido algunos principios como instrumentos de control, que rigen y guían la conducta humana en tales actos, que pudieran transformarse en depredantes del medio ambiente, y evidentemente, contrarios a la conservación, defensa y mejoramiento de éste.

Se han considerado como principales principios rectores del Derecho Ambiental los siguientes:

1. El principio de Precaución

2. El principio de Prevención

3. El principio de Quien Contamina y Daña, Paga

4. El principio de Responsabilidad Objetiva

5. El principio de Participación

6. El principio de Acceso a la Información

7. El principio de Autodeterminación

8. Principio de la Introducción de la Variable Ambiental

9. El principio de Libertad en el Uso de los Bienes Ambientales

10. El principio de Visión Integral Ambiental

11. El principio de Priorización

12. El principio de Conjunción

13. El principio de Aplicación de la Tecnología más Apropiada

14. El principio de la Multidisciplinaridad

15. El principio de Razonabilidad y Objetividad

16. El principio de Prohibición ab inicio

17. El principio del Consentimiento Previo Fundamentado

18. Principio de Orden Público

19. El principio de In Dubio Pro Natura

20. El principio de Cooperación

Comúnmente se utilizan los principios de prevención y precaución, como sinónimos o para hacer referencia a la necesidad de tomar medidas anticipadas para evitar daños al ambiente, no obstante, aunque ambos principios son de uso internacional generalizado en los temas de salud y ambiente, alimentos y la industria química, se diferencian en que cada uno atiende y aplica a una etapa distinta del proceso de evaluación ambiental. En este sentido, nuestra legislación ambiental establece que:

"El criterio de prevención, prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales. No podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta, como razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente el medio ambiente, conforme al principio de prevención".

Aun, cuando ambos principios son incluidos en la misma norma legal, no debemos considerarlos como sinónimos, por cuanto, ambos implican modus operandi diferenciados.

No entraremos a analizar todos los principios, no obstante, consideramos de interés analizar el principio IN DUBIO PRO NATURA, que sin duda se contrapone al principio de favorecimiento al hombre, siendo esta la importancia de favorecer a la naturaleza, que es el objeto del Derecho Ambiental. Este principio se fundamentas en la falta de conocimientos científicos para determinar los daños a la naturaleza y su alcance, por lo que ante tal incertidumbre, cuando se carece de información sobre el posible impacto de una actividad sobre el ambiente y la salud de los seres vivos, se debe aplicar el principio de la Precaución. En este sentido, la legislación contempla que: "no podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente el medio ambiente, conforme al principio de precaución".

Como conclusión relevante, debemos anticipar, que las medidas precautorias deben considerarse con carácter transitorio o provisional, debiendo cesar al tan pronto se elimine la incertidumbre científica.

CONCEPTOS NORMATIVOSY OPERATIVOS DEL DERECHO AMBIENTAL

Con estos criterios podemos definir el Derecho Ambiental, como el "conjunto de normas jurídicas que establecen los principios rectores para el desarrollo de las garantías y derechos constitucionales, como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, constituyendo un conjunto de acciones o medidas orientadas a diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, proteger, controlar, vigilar y aprovechar los ecosistemas, la diversidad biológica y demás recursos naturales, y los elementos del medio ambiente en garantía del desarrollo sustentable" .

Contiene además, este Derecho, los principios que rigen la prohibición y regulación de actividades susceptibles de degradar el ambiente, la estructura de los órganos de la Administración Pública para su manejo, planificación, control y la educación ambiental, así como también los incentivos económicos y fiscales para las personas naturales o jurídicas que efectúen inversiones para conservar el ambiente. Igualmente contempla la orientación para la aplicación de medidas y sanciones por la violación de la normativa y por la comisión de delitos ambientales. Desde 1976 se mantuvo vigente la primera Ley Orgánica del Ambiente, derogada en diciembre de 2006 por una nueva ley de igual denominación.

Conceptos operativos en materia Ambiental

• LA SUSTENTABILIDAD, comprendida como la capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio ambiente el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus miembros a largo plazo. La sustentabilidad de una sociedad es función del manejo que ella haga de sus recursos naturales y puede ser mejorada indefinidamente utilizando las ciencias de la economía y de la ecología.

• AMBIENTE, NATURALEZA Y SISTEMA ECOLÓGICO O NATURAL: Términos, generalmente empleados como sinónimos, aceptando los conceptos expuestos en otros temas.

• CONSERVACIÓN: Acto racional e intencional de preservación de los recursos naturales, cuyo fin es permitir su uso continuo y permanente.

• DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS: Para el CONICIT, la defensa y protección de los recursos, es "el conjunto de procedimientos técnicos, legales, administrativos y de política del Estado, que tienden a resguardar el ambiente ante el uso inapropiado al cual se pretenda someterlo".

• MEJORAMIENTO: Conjunto de actividades específicas, para la recuperación de los ecosistemas degradados o que estén en vías de degradación.

• EL DESARROLLO SUSTENTABLE, aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Debe cumplir con tres objetivos para ser definido como tal: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA EQUIDAD SOCIAL Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS.

• LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO, conjunto de acciones normativas, administrativas y operativas, impulsadas por éste, para alcanzar un desarrollo sustentable.

• EL IMPACTO AMBIENTAL, juicio de valor sobre la alteración o efecto ambiental positivo o negativo de la calidad ambiental, provocada o inducida por cualquier acción del hombre.

• LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), es la predicción o presunción del impacto ambiental de una actividad o proyecto específico, y la proposición de alternativas para prevenir o atenuar los efectos degradantes del medio ambiente, que pueden seguirse de su realización o ejecución. Se la presenta normalmente en un documento público que tiene el mismo nombre de la actividad.

• LA CAPACIDAD DE USO, es la máxima potencialidad productiva de un recurso natural renovable medida en función de sus aptitudes y limitaciones naturales, supuesto que el recurso sea manejado bajo condiciones adecuadas de conservación, atendiendo a lo económico y a lo ecológico.

• CALIDAD AMBIENTAL, grado en que el estado actual o previsible de algún componente básico permite que el medio ambiente desempeñe adecuadamente sus funciones de sistema, que rige y condiciona las posibilidades de vida en la Tierra. Este grado no se puede cuantificar, sólo se le califica con fundamentos, a través de un juicio de valor.

• CALIDAD DE VIDA o grado en que los miembros de una sociedad humana están satisfaciendo sus necesidades y están ejercitando plenamente sus potencialidades humanas. El mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad es un objetivo permanente y fin del desarrollo social. Indiscutiblemente, el medio ambiente, en cuanto hábitat humano, es uno de los condicionantes fundamentales de la calidad de vida. Este grado no se puede cuantificar, sólo se le califica con fundamento a un juicio de valor comparativo entre grupos sociales.

• EL HÁBITAT HUMANO es el sistema de elementos materiales concretos en el que se lleva a efecto la vida y la acción humanas; comprende diversos tipos de asentamientos humanos: metropolitanos, urbanos y rurales con sus viviendas, lugares de actividad, equipamiento, infraestructura de transporte, agua, energía comunicaciones, disposición de residuos, paisaje y elementos afines. El hábitat de una sociedad humana determinada es una materialización de su cultura, tanto pasada como actual.

• LA PRESERVACIÓN, comprendida como la manutención del estado natural original de determinados componentes ambientales, o de lo que reste de dicho estado, mediante la limitación de la intervención humana en ellos al nivel mínimo, compatible con la consecución de dicho objetivo

Conceptos operativos en la Ley Orgánica del Ambiente

La Ley Orgánica del Ambiente, vigente desde 2006, en su artículo 3Ίhace las siguientes definiciones:

• AMBIENTE: Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o socio cultural, en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado.

• AMBIENTE SEGURO, SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO: Cuando los elementos que lo integran se encuentran en una relación de interdependencia armónica y dinámica que hace posible la existencia, transformación y desarrollo de la especie humana y demás seres vivos.

• APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE: Proceso orientado a la utilización de los recursos naturales y demás elementos de los ecosistemas, de manera eficiente y socialmente útil, respetando la integridad funcional y la capacidad de carga de los mismos, en forma tal que la tasa de uso sea inferior a la capacidad de regeneración.

• AUDITORÍA AMBIENTAL: Instrumento que comporta la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva realizada sobre la actividad sujeta a regulación, para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley y demás normas ambientales.

• BIENESTAR SOCIAL: Condición que permite al ser humano la satisfacción de sus necesidades básicas, intelectuales, culturales y espirituales, individuales y colectivas, en un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

• CALIDAD DEL AMBIENTE: Características de los elementos y procesos naturales, ecológicos y sociales, que permiten el desarrollo, el bienestar individual y colectivo del ser humano y la conservación de la diversidad biológica.

• CAPACIDAD DE CARGA: Máximo valor posible de elementos o agentes internos o externos, que un espacio geográfico o lugar determinado puede aceptar o soportar por un período o tiempo determinado, sin que se produzcan daños, degradación o impida la recuperación natural en plazos y condiciones normales o reduzca significativamente sus funciones ecológicas.

• COMPENSACIÓN: Trabajos realizados o por realizar por el responsable de una afectación de carácter permanente o temporal, con el propósito de compensar los daños o alteraciones ocasionadas a los recursos naturales.

• CONTAMINACIÓN :Liberación o introducción al ambiente de materia, en cualquiera de sus estados, que ocasione modificación al ambiente en su composición natural o la degrade.

• CONTAMINANTE: Toda materia, energía o combinación de éstas, de origen natural o antrópico, que al liberarse o actuar sobre la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su composición natural o la degrade.

• CONTROL AMBIENTAL: Conjunto de actividades realizadas por el Estado conjuntamente con la sociedad, a través de sus órganos y entes competentes, sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente.

• DAÑO AMBIENTAL: Toda alteración que ocasione pérdida, disminución, degradación, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos.

• DESARROLLO SUSTENTABLE: Proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el máximo bienestar social, mediante el cual se procura el desarrollo integral, con fundamento en medidas apropiadas para la conservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico, satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras.

• DIAGNÓSTICO: Determinación, en un momento dado del estado del ambiente, las especies, poblaciones, ecosistemas, de la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos que lo integran, sus restricciones y potencialidades de uso.

• ECOSISTEMA: Sistema complejo y dinámico de componentes biológicos, abióticos y energía que interactúan como una unidad fundamental.

• EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso continuo, interactivo e integrador, mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos y experiencias, los comprende y analiza, los internaliza y los traduce en comportamientos, valores y actitudes que lo preparen para participar protagónicamente en la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable.

• ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIO CULTURAL: Documentación técnica que sustenta la evaluación ambiental preventiva y que integra los elementos de juicio para tomar decisiones informadas con relación a las implicaciones ambientales y sociales de las acciones del desarrollo.

• EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Es un proceso de advertencia temprana que opera mediante un análisis continuo, informado y objetivo que permite identificar las mejores opciones para llevar a cabo una acción sin daños intolerables, a través de decisiones concatenadas y participativas, conforme a las políticas y normas técnicas ambientales.

• GESTIÓN DEL AMBIENTE: Todas las actividades de la función administrativa, que determinen y desarrollen las políticas, objetivos y responsabilidades ambientales y su implementación, a través de la planificación, el control, la conservación y el mejoramiento del ambiente.

• GUARDERÍA AMBIENTAL: Acción de vigilancia y fiscalización de las actividades que, directa o indirectamente, puedan incidir sobre el ambiente para la verificación del cumplimiento de las disposiciones relativas a la conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

• RESTABLECER: Aplicación de un conjunto de medidas y acciones a objeto de restaurar las características de los elementos del ambiente que han sido alteradas o degradadas, por un daño ambiental de origen antrópico o natural.

• IMPACTO AMBIENTAL: Efecto sobre el ambiente ocasionado por la acción antrópica o de la naturaleza.

• INVENTARIO: Levantamiento de información cuantitativa y cualitativa sobre los ecosistemas, la diversidad biológica, los recursos naturales y demás elementos del ambiente.

• MANEJO: Prácticas destinadas a garantizar el aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales, así como aquéllas orientadas a prevenir y minimizar efectos adversos por actividades capaces de degradarlos.

• MEDIDAS AMBIENTALES: Son todas aquellas acciones y actos dirigidos a prevenir, corregir, restablecer, mitigar, minimizar, compensar, impedir, limitar, restringir o suspender, entre otras, aquellos efectos y actividades capaces de degradar el ambiente.

• MEJORAR: Acciones tendentes a incrementar, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, la disponibilidad de recursos naturales y de diversidad biológica y demás elementos del ambiente.

• NORMA TÉCNICA AMBIENTAL: Especificación técnica, regla, método o parámetro científico o tecnológico, que establece requisitos, condiciones, procedimientos y límites permisibles de aplicación repetitiva o continuada, que tiene por finalidad la conservación un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, cuya observancia es obligatoria.

• PLANIFICACIÓN AMBIENTAL: Proceso dinámico que tiene por finalidad conciliar los requerimientos del desarrollo socio económico del país, con la conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

• POLÍTICA AMBIENTAL: Conjunto de principios y estrategias que orientan las decisiones del Estado, mediante instrumentos pertinentes para alcanzar los fines de la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable.

• PRESERVACIÓN: Aplicación de medidas para mantener las características actuales de la diversidad biológica, demás recursos naturales y elementos del ambiente.

• RECURSOS NATURALES: Componentes del ecosistema, susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades.

• REPARACIÓN: Es el restablecimiento, compensación o el pago indemnizatorio, según cada caso, de un daño ambiental, riesgo ambiental, probabilidad de ocurrencia de daños en el ambiente por efecto de un hecho, una acción u omisión de cualquier naturaleza.

• RIESGO AMBIENTAL: Probabilidad de ocurrencia de daños en el ambiente, por efecto de un hecho, una acción u omisión de cualquier del Derecho Ambiental

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO AMBIENTAL

Haciendo equiparación o buscando similitud con las establecidas para el Derecho Ecológico, establecemos como características del Derecho Ambiental, las siguientes:

1. Se fundamenta en una ley orgánica

Es un Derecho que se fundamenta en la Ley Orgánica del Ambiente, que es una "ley cuadro" o "ley base", con jerarquía de orgánica, y con todos los atributos constitucionales, se complementa y reglamenta con muchas otras normas del Derecho Positivo.

Desde un principio en 1976, fue investida con el carácter de orgánica; lineamientos seguidos por el nuevo legislador, quien consideró su calificativo, en virtud del contenido de normas con principios y disposiciones programáticas, sustantivas y adjetivas de aplicación preferente a otras leyes especiales que sean o hayan sido dictadas en la materia. No obstante, <expresa el legislador> que existen aspectos regulados por otras normas, como es el caso de la materia penal, que se regirá por la Ley Penal del Ambiente, así como las normas técnicas reguladas por instrumentos de rango sublegal.

Bajo esta perspectiva, <advierte el legislador> la nueva Ley Orgánica del Ambiente: "constituye un marco jurídico novísimo y de avanzada, ajustada a las nuevas tendencias del desarrollo ambiental internacional, al avance e innovaciones tecnológicas y conforme a los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; adopta los conceptos y principios rectores para la conservación del ambiente bajo la premisa del desarrollo sustentable y la visión planetaria del ambiente".

Actualmente, existen tres leyes de esta naturaleza que comprenden la protección ambiental, la planificación y la ordenación del territorio, y los principios generales de la política ambiental, son ellas: La Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Orgánica de la Administración Central y la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio.

2. Es una legislación especial

A la materia ambiental se le ha querido imprimir autonomía y una alta relevancia, para que sus normas tengan prioridad sobre otras que regulen materias comunes; por ello, la jerarquía de orgánica y su determinación como una legislación especial que persigue: la armonía entre las actividades del desarrollo económico y la conservación del ambiente, así como el mejoramiento de la calidad de la vida.

En tal sentido, el Derecho Ambiental, orientado por su ley rectora, asume de ella la especialidad que ésta le da, al establecer una serie de regulaciones, acciones y medidas dirigidas a la conservación de la diversidad biológica, los recursos naturales, la planificación ambiental, la defensa ambiental, la información e investigación, la educación ambiental y participación ciudadana, la calidad ambiental, el control ambiental, los incentivos y el fondo ambiental. Crea además las bases para el funcionamiento de una jurisdicción penal ambiental especial.

Por lo demás, no hay dudas que la LOA desarrolla lo inherente a la obligación del Estado de incorporar la dimensión ambiental dentro de los planes, programas, proyectos y procesos de desarrollo económico, tecnológico, científico, educativo y social del país, asegurando la debida participación ciudadana en la toma de decisiones. Así mismo, se desarrolla en términos generales el mandato constitucional de la elaboración de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, como instrumento de control en la ejecución de actividades capaces de causar daños al ambiente o a cualquiera de sus elementos. Por otra parte, se promueve la implementación de tecnologías limpias, así como el establecimiento de estímulos financieros y fiscales.

3. Es una legislación integral y multidisciplinaria

El Derecho Ambiental, alimentándose del Derecho Administrativo, incluye normas para la organización de los entes del Estado encargados de su manejo. Con la nueva LOA se orientan los instrumentos legales que van a completar la materia penal ambiental, que necesariamente, como lo establece la Ley Penal del Ambiente, se suple con otras leyes del Derecho Ecológico, como la Ley de Bosques, la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, la Ley de Pesca y Acuicultura, la Ley de Zonas Costeras, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Vigilancia para impedir la Contaminación de las Aguas por el Petróleo, y otras leyes y reglamentos, que en materia penal se refieren a la ambiental. El carácter interdisciplinario del Derecho Ambiental, es una consideración lógica en la concepción científica de este Derecho, que deriva del propio Derecho Ecológico. En la Exposición de Motivos de la Ley Penal del Ambiente, leemos lo siguiente:

"La crisis ambiental ha impuesto no solo el análisis interdisciplinario, sino también el transdisciplinario para poder abordar la compleja problemática en la cual están presentes aspectos económicos, sociales, geopolíticos, culturales, tecnológicos y jurídicos. De ahí que el desarrollo del derecho ambiental está vinculado a otras disciplinas que han alimentado el discurso jurídico-legal. In-fluyen por supuesto también, las luchas de movimientos ambientalistas y las colectividades, por preservar los ecosistemas y el logro de una mejor calidad de vida, conceptos provenientes de las distintas fuentes que se han refundido para dar origen a las definiciones aplicables en el campo del derecho ambiental y penal en particular".

4. Es un Derecho coercitivo

Para fortalecer su carácter de Ley cuadro o base, requiere de la coercibilidad mínima para su eficaz aplicación; por ello, desde el mismo momento de la promulgación de la Ley en 1976, ésta contiene todo un cúmulo de normas de orientación coercitiva. Inclusive, antes de que se aprobara la Ley Penal del Ambiente, existían normas de presión penal en las leyes que regulaban la protección de los recursos naturales renovables. Muchas de estas normas fueron taxativamente derogadas con dicha Ley Penal. En este sentido, el nuevo legislador en la Exposición de Motivos expresa, que: "Debe resaltarse que la Ley Orgánica del Ambiente constituyó un hecho jurídico de avanzada, ya que estableció los lineamientos para la acción del Estado destinada a la protección jurídica de los bienes considerados por los órganos del poder público y por la sociedad como valores ambientales esenciales a la existencia y desarrollo de la población; no obstante, se requería de medidas penales lo suficientemente eficaces que permitieran sancionar los hechos y actos tanto colectivos como individuales que comportan riesgos, peligros y daños. Ello se logró parcialmente con la promulgación de la Ley Penal del Ambiente (1992), como mandato derivado del artículo 36 de la referida ley".

La Ley en el Título X, fija las medidas ambientales necesarias destinadas a prevenir, suspender, corregir, reparar, entre otras, las actividades ilícitas, sus efectos y los daños. En la última reforma, con los artículos 135 y 136 de la Ley crea la Jurisdicción Especial Penal Ambiental para el conocimiento y decisión de las causas provenientes de acciones u omisiones tipificadas como delito por "la ley especial respectiva", ordenando que la organización, composición y funcionamiento de los órganos de esta Jurisdicción Especial se rijan por las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, en la ley orgánica correspondiente y en el reglamento interno de los circuitos judiciales penales ambientales.

5. Es un Derecho fundamentalmente preventivo

Por la lógica necesidad de evitar el daño ecológico, que pudiera hacerse irreversible, el Derecho Ambiental en su doctrina establece como medida preventiva y como una característica sui-generis los "delitos de peligro"; para ello, describe conductas que puedan amenazar al ambiente como bien jurídico de interés colectivo, para considerarlas como hechos delictivos. El carácter preventivo de la Ley que fundamenta el Derecho Ambiental, queda claramente deducido del contenido educativo de la norma, que parte del deber establecido en la Constitución como obligación de la educación ambiental. La Ley Orgánica del Ambiente desarrolla este sentido de prevención educativa en su articulado del 47 al 59.

6. El bien jurídico protegido es el ambiente

Fundamentado en lo establecido por los Artículos 11, 15, 112, 115, 119, 120, 127, 128, 129, 156, 164, 178, 181 de la Constitución, la materia o el bien jurídico protegido por el Derecho Ambiental es el Medio Ambiente. En este sentido, el Artículo 1Ί de la LOA establece que:

"Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad.

De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado".

Por último, a los fines de dar homogeneidad al contenido de la materia, debemos recordar, que para el Derecho Ecológico, dentro del cual ubicamos al Derecho Ambiental, el bien protegido u objeto es la naturaleza.

7. Es un Derecho de utilidad pública e interés general:

En el Título I, la Ley Orgánica del Ambiente, establece las disposiciones generales, que contemplan los principios y definiciones fundamentales en materia ambiental, haciendo la declaratoria de orden público, utilidad pública e interés general, que han de regir la conservación del ambiente como el gran principio filosófico y conceptual que regirá la actuación del Estado y de la ciudadanía, de manera colectiva e individual.

8. Es un Derecho limitante de la propiedad:

Cuando nos referimos a las relaciones del Derecho Ecológico con el Código Civil, indicábamos que una de las características de este Derecho era la restricción o limitación del derecho de propiedad. En cuanto al Derecho Ambiental, también refleja esta característica, cuyo fundamento lo encontramos en el interés colectivo indicado anteriormente, contenido en el Artículo 115 de la Constitución, cuyo texto es el siguiente:

"Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes."

No hay dudas de que la LOA en su articulado vislumbra la idea de la restricción de la propiedad, como carácter fundamental en la relación Estado particular. En tal sentido, al abordar la materia del control ambiental, establece las disposiciones que debe emprender el Estado a través de las autoridades ambientales, para ejercer el control sobre los efectos de las actividades capaces de degradar el ambiente. Para ello, consagra como derecho-deber de toda persona su participación activa y coordinada en las acciones de control ambiental, cuyo control previo se basará en: la planificación ambiental, la ordenación del territorio, la normativa técnica ambiental y la evaluación de impacto ambiental, indicándose los instrumentos del control previo. Evidentemente, que se reconoce la afectación tolerable del ambiente, como regulación muchas veces del derecho de propiedad, siempre y cuando se realice conforme a los planes de ordenación del territorio, se generen beneficios socio-económicos y se cumplan las garantías, procedimientos y normas del caso. Es por ello, que al referirse a la gestión para la conservación del ambiente, esboza los principios siguientes:

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA, que es la intervención individual o colectiva como mecanismo activo para la conservación del ambiente,

• TUTELA EFECTIVA: Toda persona tiene derecho a exigir acciones rápidas y efectivas ante la administración y los tribunales de justicia en defensa del ambiente,

• VALORACIÓN AMBIENTAL: La diversidad biológica, los recursos naturales y demás elementos del ambiente tienen un valor económico, como servicio ambiental y patrimonio de la nación.

• LIMITACIÓN A LOS DERECHOS INDIVIDUALES: El derecho al ambiente prevalece sobre los derechos económicos y sociales, limitándolos en los términos establecidos en la Constitución y las leyes especiales;

• LA NO PERMISIÓN DE DAÑOS INTOLERABLES: El Estado no permitirá la ejecución de actividades que produzcan daños intolerables o irreversibles al ambiente.

OBJETIVOS DEL DERECHO AMBIENTAL

Los objetivos del Derecho Ambiental se originan del enunciado constitucional, que establece la obligación del Estado de dictar las políticas generales, y dentro de ellas, la normativa correspondiente para la conservación de los recursos naturales, enlazado con la también obligación del Estado de promover el desarrollo del hombre y con él, el mejoramiento de la calidad de la vida.

De igual manera, son obvios y evidentes los objetivos, al considerar el contenido del Artículo 127 de la Constitución:

"Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Esta-do protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación funda-mental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley."

Estas normas constitucionales han obligado a la necesaria reforma de un gran número de instrumentos legales y reglamentarios, a los fines de mantener una normativa que, además de coherente, contenga todos los elementos necesarios para el cumplimiento de los objetivos primarios o constitucionales, como normas de regulación de la conducta humana, para que se oriente al ejercicio de los deberes y derechos que se derivan de la norma constitucional, así como también, al cumplimiento de las obligaciones que también se derivan para los ciudadanos, en función de estos mismos objetivos.

Los objetivos del Derecho Ambiental, podemos encontrarlos y derivarlos o deducirlos del enunciado normativo del derecho positivo de la materia, los cuales podemos resumir así:

• ESTABLECER, dentro de las políticas del desarrollo integral de la Nación, LOS PRINCIPIOS RECTORES para la ordenación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio de la calidad de la vida.

• ESTABLECER las sanciones a las personas naturales y jurídicas responsables de delitos, faltas e infracciones administrativas.

• DETERMINARLAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS aplicables en los hechos contra el ambiente y los recursos naturales renovables.

• DECLARAR de utilidad pública la ordenación, conservación, la defensa y el mejoramiento del ambiente.

LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE

La Ley Orgánica del Ambiente es un novedoso instrumento normativo jurídico, que surgió el 16 de junio de 1976, orientado por la Constitución de 1961; ley derogada por la ley del mismo nombre, promulgada el 22 de diciembre d 2006. Es la ley que ha servido de marco jurídico y desarrolla en Venezuela al Derecho Ambiental. En 1976 fue promulgada bajo el impulso de equipos especialistas de las universidades nacionales, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, del Colegio de Ingenieros, del Ministerio de Agricultura y Cría existente para la época y de la División de Asuntos Hidráulicos del antiguo Ministerio de Obras Públicas que luego pasa a formar parte del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, hoy de los Recursos Naturales.

Esta Ley, como hemos dicho, tiene la característica de ser una ley cuadro o marco, que dirige o programa la ejecución de las normas constitucionales y de las demás leyes referidas a la materia. Es considerada como uno de los instrumentos legales más importantes de los últimos años del siglo XX y comienzos de XXI, la cual vino a definir en forma específica los principios rectores para la aplicación de una política con criterio científico, centralizado y ordenado sobre la conservación, la defensa y el mejoramiento ambiental, cuyas normas se encontraban dispersas en otros instrumentos legales y sub-legales mencionados anteriormente, sus reglamentos y un sin número de resoluciones ministeriales que completaban las deficiencias legales. Es importante reseñar, que luego de la promulgación de la Ley en 1976, fue creado el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en el año 1978, cuyo primer ministro fue el Dr. Arnaldo José Gabaldón. A partir de diciembre de 1999, muchas de las normas contenidas en esta ley pasaron a formar parte del cuerpo constitucional, hoy desarrolladas por la vigente nueva Ley.

Este marco legal interno fue reforzado con los diferentes Acuerdos o Tratados Internacionales suscritos por Venezuela, donde se destacan: la Ley Aprobatoria de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (1940); Ley Aprobatoria del Acuerdo para el establecimiento, con carácter permanente y bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, del Instituto Forestal Latinoamericano de Investigación y Capacitación (1960); Ley Aprobatoria de la Constitución de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (1955); Ratificación del Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (1957); Ley Aprobatoria de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua (1961); Ley Aprobatoria de la Convención sobre Alta Mar (1961); Ley Aprobatoria de la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar (1961).

Bajo esta perspectiva, como lo expresa la Exposición de Motivos,

"…la nueva ley…constituye un marco jurídico novísimo y de avanzada, ajustada a las nuevas tendencias del desarrollo ambiental internacional, al avance e innovaciones tecnológicas y conforme a los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; adopta los conceptos y principios rectores para la conservación del ambiente bajo la premisa del desarrollo sustentable y la visión planetaria del ambiente"

La ley Orgánica del Ambiente es complementada y reglamentada por muchas otras leyes que regulan las materias que se le relacionan y que han servido de fuente normativa a los legisladores, tales como:

1. Ley de Bosques (2006);

2. Ley de Protección a la Fauna Silvestre (11-08-70);

3. Ley de Pesca y Acuicultura (13-11-2001),

4. Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (13-11-2001),

5. Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (11-08-83);

6. Ley Penal del Ambiente (2012);

7. Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987);

8. Ley de Vigilancia para impedir la Contaminación de las Aguas por el Petróleo, (30-09-37 y 25-11-37);

9. Ley de Sanidad Nacional (11-07-42);

10. Ley Sobre Defensas Sanitarias, Vegetal y Animal. (1941)Έ

11. Ley Orgánica de la Administración Central (28-12-76);

12. Decreto N° 3.416 del 11 de Enero de 2005 Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central;

13. Ley Orgánica de Régimen Municipal (1984);

14. Ley del Instituto Nacional de Parques (21-07-78);

15. Ley de Turismo (05-08-76 y 21-01-80);

16. Ley de Tierras Baldías y Ejidos (1936),

17. Ley de Abonos y demás Agentes Susceptibles de Operar una Acción Beneficiosa en las Plantas, Animales, Suelos y Aguas (1964);

18. Ley de Nacionalización y Coordinación de los Servicios de Recolección y Tratamiento para Residuos, Desechos y Desperdicios en el Área Metropolitana de Caracas (1976);

19. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (1986);

20. Ley Aprobatoria del Acuerdo para el establecimiento, con carácter permanente y bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, del Instituto Forestal Latinoamericano de Investigación y Capacitación (1960);

21. Ley Aprobatoria del Tratado para la Prohibición de Pruebas Nucleares en la Atmósfera, el Espacio Exterior y Bajo el Agua (1964);

22. Ley Aprobatoria del Acuerdo de Ratificación del Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (1957);

23. Ley Aprobatoria de la Constitución de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (1955);

24. Ley Aprobatoria de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (1940);

25. Ley Aprobatoria de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (1976);

26. Ley Aprobatoria de la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar (1961); 23 de Diciembre de 2004 GO Número 38.093;

27. Ley Aprobatoria del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura;

28. Ley Aprobatoria de las Convenciones sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua (1961);

29. Ley Aprobatoria de la Convención sobre Alta Mar y Plataforma Continental (1961);

30. Ley Aprobatoria de la Convención Internacional para Impedir la Contaminación de las Aguas del Mar por los Hidrocarburos; 23 de Diciembre de 2004 GO Número 38.093;

31. Ley Aprobatoria del Convenio para el Establecimiento de la Zona de Turismo Sustentable del Caribe,-22 de Diciembre de 2004 GO Número 38.092

32. Ley Aprobatoria del Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. 07 de Diciembre de 2004 GO Número 38.081;

33. Ley Aprobatoria del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; 18 de Noviembre de 2004 GO Número 38.068;

34. Ley de Residuos y Desechos Sólidos;

35. Ley Aprobatoria del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (17-5-2007);

36. Ley Aprobatoria de la Enmienda del Protocolo de Montreal, Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono;

37. Otras no especificadas.

Fines y alcance de la Ley Orgánica del Ambiente

Siguiendo el criterio del legislador, tomamos como finalidad de la LOA su orientación a "reforzar el rol del Estado, con la activa participación de la sociedad, para garantizar el derecho a un ambiente que sea una garantía para la sobrevivencia de la especie humana y demás seres vivos, asegurando así el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para el individuo y la colectividad. En tal sentido se establece una serie de regulaciones, acciones y medidas dirigidas a la conservación de la diversidad biológica, los recursos naturales, la planificación ambiental, la defensa ambiental, la información e investigación, la educación ambiental y participación ciudadana, la calidad ambiental, el control ambiental, los incentivos y el fondo ambiental".

La Ley "establece la obligación del Estado de incorporar la dimensión ambiental dentro de los planes, programas, proyectos y procesos de desarrollo económico, tecnológico, científico, educativo y social del país, asegurando la debida participación ciudadana en la toma de decisiones". Así mismo, "desarrolla en términos generales el mandato constitucional de la elaboración de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, como instrumento de control en la ejecución de actividades capaces de causar daños al ambiente o a cualquiera de sus elementos" y "promueve la implementación de tecnologías limpias, así como el establecimiento de estímulos financieros y fiscales"

Objeto de la Ley Orgánica del Ambiente

Artículo 1.Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Es-tado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad.

De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológica-mente equilibrado.

Principios dela gestión del ambiente

Artículo 4. La gestión del ambiente comprende:

1. CORRESPONSABILIDAD: Deber del Estado; la sociedad y las personas de conservar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

2. PREVENCIÓN: Medida que prevalecerá sobre cualquier otro criterio en la gestión del ambiente.

3. PRECAUCIÓN: La falta de certeza científica no podrá alegarse como razón suficiente para no adoptar medidas preventivas y eficaces en las actividades que pudiesen impactar negativamente el ambiente.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Es un deber y un derecho de todos los ciudada-nos la participación activa y protagónica en la gestión del am-biente.

5. TUTELA EFECTIVA: Toda persona tiene derecho a exigir acciones rápidas y efectivas ante la administración y los tribunales de justicia, en defensa de los derechos ambientales.

6. EDUCACIÓN AMBIENTAL: La conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado debe ser un valor ciudadano, incorporado en la educación formal y no formal.

7. LIMITACIÓN A LOS DERECHOS INDIVIDUALES: los derechos ambientales prevalecen sobre los derechos económicos y sociales, limitándolos en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes especiales.

8. RESPONSABILIDAD EN LOS DAÑOS AMBIENTALES: La responsabilidad del daño ambiental es objetiva y su reparación será por cuenta del responsable de la actividad o del infractor.

9. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Todas las actividades capaces de degradar el ambiente deben ser evaluadas previamente a través de un estudio de impacto ambiental y socio cultural.

10. DAÑOS AMBIENTALES: Los daños ocasionados al ambiente se consideran daños al patrimonio público.

Objetivos de la gestión del ambiente

Artículo 10.Son objetivos de la gestión del ambiente, bajo la rectoría y coordinación de la Autoridad Nacional Ambiental:

1. Formular e implementar la política ambiental y establecer los instrumentos y mecanismos para su aplicación.

2. Coordinar el ejercicio de las competencias de los órganos del Poder Público, a los fines previstos en esta Ley.

3. Cumplir las directrices y lineamientos de las políticas para la gestión del ambiente.

4. Fijar las bases del régimen regulatorio para la gestión del ambiente.

5. Fomentar y estimular la educación ambiental y la participación protagónica de la sociedad.

6. Prevenir, regular y controlar las actividades capaces de degradar el ambiente.

7. Reducir o eliminar las fuentes de contaminación que sean o puedan ocasionar perjuicio a los seres vivos.

8. Asegurar la conservación un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

9. Estimular la creación de mecanismos que promuevan y fomenten la investigación y la generación de información básica.

10. Establecer los mecanismos e implementar los instrumentos para el control ambiental.

11. Promover la adopción de estudios e incentivos económicos y fiscales, en función de la utilización de tecnologías limpias y la reducción de parámetros de contaminación, así como la reutilización de elementos residuales provenientes de procesos productivos y el aprovechamiento integral de los recursos natura-les.

12. Elaborar y desarrollar estrategias para remediar y restaurar los ecosistemas degradados.

13. Resguardar, promover y fomentar áreas que coadyuven a la preservación de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

14. Cualesquiera otros que tiendan al desarrollo y el cumplimiento de la presente Ley.

LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

El manejo y la conservación de los ecosistemas

Artículo 45. El presente Título establece las disposiciones que regirán el manejo, la conservación de los ecosistemas y sus funciones, los recursos naturales y de la diversidad biológica, para garantizar su permanencia y los beneficios sociales que se derivan de ellos como elementos indispensables para la vida y su contribución para el desarrollo sustentable.

Ecosistemas de importancia estratégica

Artículo 46. La Autoridad Nacional Ambiental declarará como ecosistemas de importancia estratégica, a determinados espacios del territorio nacional en los cuales existan comunidades de plantas y animales que por sus componentes representen gran relevancia desde el punto de vista de seguridad agroalimentaria; para la salud humana y demás seres vivos; para el desarrollo médico y farmacológico; de conservación de especies; de investigación científica y aplicada de utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica; de prevención de riesgos; de seguridad de la Nación y de otra naturaleza de interés al bienestar colectivo.

Protección de los ecosistemas

Artículo 47. La Autoridad Nacional Ambiental, ante la presunción o inminencia de impactos negativos al ambiente, deberá prohibir o, según el caso, restringir total o parcialmente actividades en ejecución que involucren los ecosistemas, recursos naturales o la diversidad biológica, sin que ello genere derechos de indemnización.

Medidas prioritarias de protección

Artículo 48. A los fines de la conservación de los ecosistemas, recursos naturales y de la diversidad biológica, serán objeto de medidas prioritarias de protección:

1. Los ecosistemas frágiles, los de alta diversidad genética y ecológica y los que constituyan áreas de paisajes naturales de singular belleza o ecosistemas prístinos, poco intervenidos y lugares con presencia de especies endémicas y aquéllos que constituyen hábitat y tierras de pueblos indígenas susceptibles de ser afectados en su integridad cultural.

2. Las especies o poblaciones de animales y plantas particularmente vulnerables, endémicas o que se encuentren amenazadas o en peligro de extinción.

3. Las especies raras o poblaciones de singular valor ecológico, científico, estratégico o económico, de utilidad actual o potencial.

4. Las especies de la fauna silvestre con potencialidad para la zoocría y aquellas especies de plantas y animales que puedan ser utilizadas para el mejoramiento genético.

5. Las poblaciones animales y vegetales de importancia económica que se encuentren sometidas a presiones de caza, pesca o colecta excesivas, o sobre-explotación para fines comerciales, o a procesos de pérdida y fraccionamiento de su hábitat.

6. Las áreas naturales que tengan un interés especial para su conservación.

7. Los bancos de germoplasma, de genes y centros de tenencia de la diversidad biológica.

8. Cualesquiera otros ecosistemas, recursos y espacios que ameriten protección.

Aprovechamiento de los recursos naturales y de la diversidad biológica

Artículo 49. El aprovechamiento de los recursos naturales y de la diversidad biológica en las diferentes cuencas hidrográficas, ecosistemas, áreas naturales protegidas, áreas privadas para la conservación y demás áreas especiales, estará sujeto a la formulación e implementación de los respectivos planes de manejo. En los correspondientes instrumentos de control se fijarán las condiciones y limitaciones a las que queda sometida la actividad.

Artículo 50. El aprovechamiento de los recursos naturales y de la diversidad biológica debe hacerse de manera que garantice su sustentabilidad.

Artículo 51. Como protección a las especies autóctonas y de la diversidad biológica, las especies exóticas declaradas perjudiciales deben estar sujetas a programas de control, erradicación e ingreso al país.

Artículo 52. Todo aprovechamiento y uso deberá promoverse en función del conocimiento disponible y del manejo de información sobre los recursos naturales, la diversidad biológica y los ecosistemas.

Gestión integral de la atmósfera

Artículo 58.La gestión integral de la atmósfera está orientada a asegurar su conservación, garantizando sus condiciones de calidad.

Elementos de la atmósfera

Artículo 59.El aire como elemento natural de la atmósfera constituye un bien fundamental que debe conservarse.

Conservación de la calidad de la atmósfera

Artículo 60.Para la conservación de la calidad de la atmósfera se considerarán los siguientes aspectos:

1. Vigilar que las emisiones a la atmósfera no sobrepasen los niveles permisibles establecidos en las normas técnicas.

2. Reducir y controlar las emisiones a la atmósfera producidas por la operación de fuentes contaminantes, de manera que se asegure la calidad del aire y el bienestar de la población y demás seres vivos, atendiendo a los parámetros establecidos en las normas que la regulan y en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

3. Establecer en las normas técnicas ambientales los niveles permisibles de concentración de contaminantes primarios y secundarios, capaces de causar molestias, perjuicios o deterioro en el ambiente y en la salud humana, animal y vegetal.

4. Establecer prohibiciones, restricciones y requerimientos relativos a los procesos tecnológicos y la utilización de tecnologías, en lo que se refiere a la emisión de gases y partículas, entre otros, que afectan la capa de ozono o inducen el cambio climático.

5. Dictar las normas técnicas ambientales para el establecimiento, operación y mantenimiento de sistemas de seguimiento de calidad del aire y de las fuentes contaminantes.

6. Llevar un inventario y registro actualizado de las fuentes contaminantes y la evaluación de sus emisiones.

Gestión integral del suelo y del subsuelo

Artículo 61.La gestión integral del suelo y del subsuelo está orientada a asegurar su conservación para garantizar su capacidad y calidad.

Conservación del suelo y del subsuelo

Artículo 62.La gestión para la conservación del suelo y del subsuelo debe realizarse atendiendo a los lineamientos siguientes:

1. La clasificación de los suelos en función de sus capacidades agroecológicas.

2. El uso y aprovechamiento del suelo y del subsuelo debe realizarse en función a su vocación natural, la disponibilidad y acceso a las tecnologías ambientalmente seguras, a fin de evitar su degradación.

3. La adopción de medidas tendientes a evitar y corregir las acciones que generen erosión, salinización, desertificación o modificación de las características topográficas y otras formas de degradación del suelo y del paisaje.

4. La restauración y recuperación del suelo y del subsuelo que haya sido afectado por la ejecución de actividades.

Incorporación de temas ambientales

Artículo 74.Los medios de comunicación y difusión deberán incorporar en la programación, los temas ambientales que propicien la in-formación y el conocimiento de las complejas interrelaciones y vínculos entre los procesos de desarrollo social y económico en la búsqueda de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, fomentando la educación ambiental.

Orientación, fomento y estímulo de estudios e investigaciones con fines de información

Artículo 75.La Autoridad Nacional Ambiental orientará, fomentará y estimulará los estudios y la investigación básica y aplicada sobre el ambiente, según las leyes que regulan la materia. Asimismo promoverá, apoyará y consolidará proyectos con las instituciones, universidades nacionales e internacionales, pueblos y comunidades indígenas, consejos comunales y comunidades organizadas de vocación ambientalista.

Orientación de los estudios e investigaciones

Artículo 76.Los estudios e investigaciones a que se refiere el Artículo anterior estarán dirigidas prioritariamente al conocimiento de los ecosistemas y la diversidad biológica, con la finalidad de conocer sus potencialidades, beneficios ambientales y limitaciones, con el objeto de orientar el uso sustentable de las poblaciones con potencial económico y preservar las especies que pudieran estar amenazadas, restaurar los hábitats degradados, prevenir y mitigar los impactos adversos sobre ellos.

El control ambiental

Control de la autoridad nacional

Artículo 77.El Estado, a través de la Autoridad Nacional Ambiental, ejercerá el control ambiental sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente, sin menoscabo de las competencias de los estados, municipios, pueblos y comunidades indígenas, en aquellas materias ambientales expresamente asignadas por la Constitución y las leyes, garantizando así la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable.

Control preventivo

Artículo 78.El Estado implementará planes, mecanismos e instrumentos de control preventivo para evitar ilícitos ambientales.

Desarrollo de programas

Artículo 79.El Estado, a través de sus organismos competentes, debe desarrollar y promover programas, planes y proyectos de medición y control de la calidad ambiental.

Actividades capaces de degradar el ambiente

Artículo 80.Se consideran actividades capaces de degradar el ambiente:

1. Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la atmósfera, agua, fondos marinos, suelo y subsuelo o incidan desfavorablemente sobre las comunidades biológicas, vegetales y animales.

2. Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generación de movimientos morfodinámicos, tales como derrumbes, movimientos de tierra, cárcavas, entre otros.

3. Las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.

4. Las que generen sedimentación en los cursos y depósitos de agua.

5. Las que alteren las dinámicas físicas, químicas y biológicas de los cuerpos de agua.

6. Las que afecten los equilibrios de los humedales.

7. Las vinculadas con la generación, almacenamiento, transporte, disposición temporal o final, tratamiento, importación y exportación de sustancias, materiales y desechos peligrosos, radiactivos y sólidos.

8. Las relacionadas con la introducción y utilización de productos o sustancias no biodegradables.

9. Las que produzcan ruidos, vibraciones y olores molestos o nocivos.

10. Las que contribuyan con la destrucción de la capa de ozono.

11. Las que modifiquen el clima.

12. Las que produzcan radiaciones ionizantes, energía térmica, energía lumínica o campos electromagnéticos.

13. Las que propendan a la acumulación de residuos y desechos sólidos.

14. Las que produzcan eutrofización de lagos, lagunas y embalses.

15. La introducción de especies exóticas.

16. La liberación de organismos vivos modificados genéticamente, derivados y productos que lo contengan.

17. Las que alteren las tramas tróficas, flujos de materia y energía de las comunidades animales y vegetales.

18. Las que afecten la sobrevivencia de especies amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción.

19. Las que alteren y generen cambios negativos en los ecosistemas de especial importancia.

20. Cualesquiera otras que puedan dañar el ambiente o incidir negativamente sobre las comunidades biológicas, la salud humana y el bienestar colectivo.

La afectación tolerable

Artículo 83.El Estado podrá permitir la realización de actividades capaces de degradar el ambiente, siempre y cuando su uso sea conforme a los planes de ordenación del territorio, sus efectos sean tolerables, generen beneficios socio-económicos y se cumplan las garantías, procedimientos y normas. En el instrumento de control previo se establecerán las condiciones, limitaciones y restricciones que sean pertinentes.

Orientación de la evaluación de impacto ambiental

Artículo 84.La evaluación de impacto ambiental está destinada a:

1. Predecir, analizar e interpretar los efectos ambientales potenciales de una propuesta en sus distintas fases.

2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.

3. Proponer las correspondientes medidas preventivas, mitigantes y correctivas a que hubiere lugar.

4. Verificar si las predicciones de los impactos ambientales son válidas y las medidas efectivas para contrarrestar los daños.

Estudio de impacto ambiental y sociocultural

Artículo 85.El estudio de impacto ambiental y sociocultural constituye uno de los instrumentos que sustenta las decisiones ambientales, comprendiendo distintos niveles de análisis, de acuerdo con el tipo de acción de desarrollo propuesto. La norma técnica respectiva regulará lo dispuesto en este artículo.

La Guardería Ambiental

Artículo 100. La guardería ambiental será ejercida por los ministerios con competencia en materia de: Ambiente, Industrias Básicas y Minería, Infraestructura, Salud, Agricultura y Tierra, Energía y Petróleo; por la Fuerza Armada Nacional, por órgano de la Guardia Nacional, y por los demás órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal en el marco de sus competencias. Igualmente ejercerán la guardería ambiental, como órganos auxiliares, las comunidades organizadas, los consejos comunales y demás organizaciones y asociaciones civiles con fines ambientales, de conformidad con la presente ley y demás normativa que regule la materia.

La Guardería que ejerce la Fuerza Armada Nacional, a través del componente Guardia Nacional, es realizada en calidad de órgano de policía administrativa especial.

Facultad de los funcionarios de la Guardería Ambiental

Artículo 101.Los funcionarios de la Guardería Ambiental, representantes del Poder Público, están facultados para tramitar en el marco de sus competencias y de conformidad con la normativa sobre la materia, lo conducente ante la comisión de un hecho punible ambiental o de una infracción administrativa, en garantía de la conservación del ambiente y del desarrollo sustentable.