EL DERECHO PROTECTOR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Generalidades y bases jurídicas

Los recursos naturales son los componentes del ecosistema, susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades; y nuestra legislación, al clasificarlos, ha entendido como renovables a: las aguas, los suelos, la flora y la fauna silvestre. Estos recursos son perecederos, por lo que se ha constituido en una necesidad social su protección, salvaguarda y recuperación si fuere necesario.

En sentido lato, con el fin de mantener en existencia los recursos necesarios para la vida, el hombre ha visto la necesidad de su conservación, siendo el caso de que nuestro derecho constitucional ha considerado la conservación del ambiente y sus recursos naturales, como la base del desarrollo económico y social del país, que establece como beneficio colectivo de los venezolanos. De allí, que la Ley Orgánica del Ambiente, que es la ley rectora en la materia ha establecido en su articulado que:

«El Estado, conjuntamente con la sociedad, deberá orientar sus acciones para lograr una adecuada calidad ambiental que permita alcanzar condiciones que aseguren el desarrollo y el máximo bienestar de los seres humanos, así como el mejoramiento de los ecosistemas, promoviendo la conservación de los recursos naturales, los procesos ecológicos y demás elementos del ambiente, en los términos establecidos en esta Ley».

En base a este planteamiento, la misma ley ha considerado la necesidad de una planificación como proceso dinámico que tiene por finalidad conciliar los requerimientos del desarrollo socio económico del país, con la conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado; y dentro de los objetivos del Derecho Ambiental, originado del enunciado constitucional establece la obligación del Estado de dictar las políticas generales, y dentro de ellas, la normativa correspondiente para la conservación de los recursos naturales, enlazado con la también obligación del Estado de promover el desarrollo del hombre y con él, el mejoramiento de la calidad de la vida.

Surgen así un conjunto de leyes reglamentarias de la misma Ley Orgánica del Ambiente, dedicada al tratamiento en específico de la protección y conservación de los recursos naturales renovables. Normativa que se fundamenta en los conceptos de desarrollo y sustentabilidad contenidos en la Ley:

- DESARROLLO SUSTENTABLE: Proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el máximo bienestar social, mediante el cual se procura el desarrollo integral, con fundamento en medidas apropiadas para la conservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico, satisfaciendo las necesidades de las gene-raciones presentes sin comprometer las generaciones futuras.

- LA SUSTENTABILIDAD: comprendida como la capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio ambiente el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus miembros a largo plazo. La sustentabilidad de una sociedad es función del manejo que ella haga de sus recursos naturales y puede ser mejorada indefinidamente utilizando las ciencias de la economía y de la ecología

Reconoce el Derecho Ambiental la integración de los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora y fauna) los cuales, a pesar de su individualidad conforman una unidad natural que se proyecta a otros factores o cualidades, tales como el aire, la humedad, la temperatura que conforma el clima, el calor del sol, los vientos, los paisajes escénicos, etc.; que en conjunto constituyen el medio ambiente natural. Los recursos podemos y debemos controlarlos, no así los factores o cualidades, que en su interrelación se ven influidos positiva o negativamente por ellos, y según conservemos, defendamos y mejoremos los primeros, mantendremos favorables las condiciones del medio ambiente, presentes en sus factores o cualidades.

Antes de la promulgación de la primera ley Orgánica del Ambiente, en junio del año 1976, en Venezuela existía un marco jurídico fundamentado en la genuina iniciativa del Estado de proteger los principales recursos naturales del país. Sin embargo, el marco legal ambiental precedente a la citada ley, se construyó en forma sectorial, atendiendo separadamente los diversos problemas vinculados a la alteración y el aprovechamiento de los recursos naturales. Ello se explica en que la concepción ambiental, como tal, cobra auge en Venezuela a partir de los años sesenta. De allí, la atención parcelada dada hasta entonces a cada uno de los componentes ambientales.

En relación con los instrumentos integrantes del marco jurídico venezolano, anteriores a la Ley Orgánica del Ambiente de 1976, puede decirse, que desde la ley de Bosques de 1910, hasta la promulgación de la Ley Penal del Ambiente en 1991, la política legislativa y administrativa en el sector medio ambiente y protección de los recursos naturales renovables se fundamentó en la Constitución de 1961,la cual, como hemos dicho, establecía, tanto las bases fundamentales de las normas de conducta a desarrollar en el seno de la sociedad, como las normas de organización general de la estructura fundamental del Estado. Desde entonces, se han incorporado en la Constitución los objetivos o principios generales que debe desarrollar el Estado; los sectores que integran la política de protección ambiental, los recursos naturales y la distribución de las funciones del Estado en el desarrollo de la política ambiental.

En esta relación del ambiente con los recursos naturales renovables, como indicáramos antes, la ley Orgánica del Ambiente es complementada y reglamentada por muchas otras leyes que regulan las materias que se le relacionan y que han servido de fuente normativa a los legisladores. De estas leyes, nos referiremos a: la Ley de Bosques (16-08-2013) la Ley de Aguas (9-11-2006); la Ley de Protección a la Fauna Silvestre (11-08-70); y la Ley de Pesca y Acuicultura (13-11-2001), entre otras.

LA PROTECCIÓN DE LA FLORA

La protección de la flora en Venezuela está reglamentada en la Ley de Bosques, promulgada por la Asamblea Nacional el 16 de julio de 2013 y publicada en la Gaceta Oficial NΊ 403.780 del 6 de agosto de este mismo año, es una nueva ley, que en reemplazo del Decreto Ley de Bosques y Gestión Forestal de 2008, conjuntamente con la Ley de Aguas, vino a sustituir la vetusta Ley Forestal de Suelos y Aguas, en cuanto a estos dos recursos, que fue promulgada el 14 de diciembre de 1.965, constituyó el conjunto normativo legal heredero de las leyes más antiguas de Venezuela en materia de conservación de los recursos naturales renovables. Esta Ley Forestal de Suelos y de Aguas no podemos dejarla desapercibida, por lo que debemos saber que ella derogó una anterior con la misma denominación, y anteriormente recibieron otras denominaciones, tales como: Ley de Bosques y de Aguas en 1910, 1931, 1934 y 1942; y Ley de Montes y de Aguas en 1915, 1919, 1921 y 1924.

Para comprender la importancia de estas nuevas leyes, la Ley de Bosques y la Ley de Aguas, debemos recordar que la ley que suplantan se originó del interés del Estado venezolano, por enfrentar su responsabilidad en la solución de los problemas que afectan la protección, fomento y conservación de los recursos naturales renovables, como exigencia de la colectividad venezolana y como necesidad del país, con la orientación hacia el cumplimiento de tres objetivos fundamentales:

a) Ajustar los planes de trabajo a una política definida,

b) Promulgar la legislación adecuada a esa política; y

c) Lograr una administración eficiente.

Fue consideración de importancia para la preparación y posterior promulgación de esta Ley , hoy relevada por las dos mencionadas, entender que el venezolano desde épocas remotas, (situación que se mantiene en la actualidad), ha venido explotando la tierra casi siempre en contra de las leyes de la naturaleza; utilizando métodos y cultivos inapropiados en tierras no aptas para la agricultura, y en general, haciendo explotaciones irracionales que han venido transformando el paisaje,«... el cual, de una manifestación de vida y prosperidad, amenaza en convertirse en signo de muerte y desolación. Allí están como testigos permanentes de esa acción irresponsable, las grandes cárcavas en las cordilleras de Los Andes y de La Costa, la desaparición y merma de muchos de nuestros ríos en la época de verano, la deforestación irracional de los llanos occidentales y la casi desaparición de muchas especies representativas de la fauna autóctona…»

La nefasta práctica de los incendios forestales y de sabanas en la época de sequía, es señalada como uno de los factores principales responsables de la destrucción de nuestros suelos, bosques, aguas y fauna silvestre. Potencialmente debemos considerar dentro de estos factores y como una calamidad pública, el uso del fuego como un instrumento de cultivo para la limpieza de los terrenos, para la destrucción de los animales dañinos a la ganadería y el logro de otros fines. Debemos también agregar, la acción de aquellos que criminalmente se dan a la tarea de incendiar nuestros bosques y sabanas y a los cuales, con toda razón, la opinión pública clama porque se les aplique un castigo ejemplar.

Aspecto relevante, considerado como fundamento en el momento de elaborar esta Ley, fue el criterio y convencimiento del legislador, de que a pesar de lo grande del proceso de destrucción todavía el país cuenta con inmensos recursos naturales, los cuales necesitan de una adecuada protección y una buena administración. Para el momento de su promulgación, los más recientes estudios sobre los recursos forestales indicaban, que el país tenía unas 47.9000.000 hectáreas cubiertas de bosques, lo que representa aproximadamente un 53% de la superficie total del país. Distribuida entonces así: un 81% de terrenos baldíos y un 19% de propiedad privada, cifras que a criterio del legislador, señalaban con claridad la responsabilidad directa del Estado en la administración de los bosques del país.

Dada esta circunstancia, el eje central del proyecto fueron los recursos forestales, tomando en cuenta que su conservación, no solo es necesaria por constituir fuentes inapreciables de riquezas, sino por su interdependencia con los otros recursos, principalmente lo que se refiere a la protección de las cuencas hidrográficas y a la conservación de los suelos y de la fauna.

Consideró también el legislador, que además de esta realidad forestal, habían otros problemas que era de necesidad incorporar a la legislación sobre recursos naturales renovables, pues sobre ellas no habría previsiones legales.

Declaratoria de utilidad pública e interés social

En los artículos 4 y 5, se declaran de utilidad pública e interés social:

  1. La conservación, aprovechamiento y manejo sustentable de los bosques, el patrimonio forestal y el desarrollo de las cadenas productivas forestales.
  2. Conservación de especies y ecosistemas forestales de especial valor ecológico;
  3. El fomento de bosques en todo el territorio nacional;
  4. La educación ambiental y cultura del bosque;
  5. La inclusión y participación ciudadana en la gestión del patrimonio forestal; La investigación e innovación tecnológica para el desarrollo forestal sustentable;
  6. La prevención y control del ilícito contra el patrimonio forestal;
  7. El fortalecimiento de las cadenas productivas forestales.

Principios

La Ley de Bosques establece en su artículo 3, que las disposiciones contempladas en ella, se aplican bajo los siguientes principios:

1. SUSTENTABILIDAD: el desarrollo forestal sustentable debe basarse es la permanencia en el tiempo de los bosques y el patrimonio forestal, para beneficio de tas generaciones actuales y futuras.

2. INTEGRALIDAD Y USO MÚLTIPLE: la conservación, el aprovechamiento, y manejo de los bosques y el patrimonio forestal debe considerar bajo un enfoque sistémico y holístico, los múltiples bienes y beneficios que producen simultáneamente, procurando la combinación de usos que maximice el bienestar colectivo y garantice la sustentabilidad ambiental, social y económica

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: es un derecho y un deber de los cuidadosos y las ciudadanas, organizados bajo las distintas modalidades del Poder Popular de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, de participar activa y responsablemente en la protección, conservación, aprovechamiento, y manejo de los bosques y el patrimonio forestal.

4. CORRESPONSABILIDAD: la conservación, aprovechamiento y manejo sustentable de los bosques y el patrimonio forestal conllevan una responsabilidad compartida entre el Estado, sus instituciones, la sociedad, las comunidades y la ciudadanía en general.

5. TRANSVERSALIDAD: la responsabilidad del Estado en la gestión forestal es transversal a lodos los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal y del Poder Popular y debe ser asumida es el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones.

6. PRECAUCIÓN: la obligación de evitar o prevenir acciones, o decisiones que impliquen riesgo o posibilidad de daños graves o irreparables a los bosques y al patrimonio forestal no puede evadiese invocando la falta de certeza científica.

7. DESARROLLO ENDÓGENO: el desarrollo forestal debe orientarse a la consolidación de las cadenas productivas forestales a nivel nacional, regional, local y a la generación del máximo valor agregado nacional a la materia prima forestal producida en el país

8. PLURICULTURALIDAD Y MULTIETNICIDAD: el desarrollo forestal debe respetar la diversidad cultural y la pluralidad de tos pueblos que conforman la Nación venezolana

Participación Comunitaria

Establece la Ley en la participación comunitaria la consulta a la comunidad, en tal sentido, en el artículo 25 contempla que, para la formulación y desarrollo de actividades relacionadas con el aprovechamiento de los bosques que afecten o pudieran afectar a los comunidades, deben ser sometidos a consulta popular en el ámbito geográfico donde se estime realizar dichas actividades.

De la afectación del hábitat indígena

De acuerdo con el artículo 3, todo acto administrativo para la realización de actividades forestales, que afecte los hábitats y tierras indígenas, debe ser sometido a consulta previa de las comunidades involucradas.

Rol de la ciudadanía y las comunidades

Artículo 27. Los ciudadanos y ciudadanas, a través de las organizaciones comunidades, y los pueblos y comunidades indígenas, pueden promover y desarrollar iniciativas de diversa índole orientadas a la conservación, aprovechamiento y manejo de los bosques y el patrimonio forestal, en el marco de lo previsto en esta Ley y sus normas complementarías.

Investigación académica

Es de sumo interés el contenido del artículo 35, el cual contempla la investigación académica y en tal sentido establece que: "Las universidades, centros de investigación y demás instituciones vinculadas al desarrollo científico y tecnológico, están obligados a incorporar en los programas y líneas de investigación, estudios y proyectos relacionados con el conocimiento del bosque, así como la conservación, manejo y uso sustentable del patrimonio formal del país, atendiendo a las líneas estratégicas de la investigación forestal".

LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS

La protección de las aguas en Venezuela está reglamentada en la Ley de Aguas fue promulgada en 9 de noviembre de 2006 y publicada en la Gaceta Oficial NΊ 38.595 del 2 de enero de 2007. Esta Ley vino a remplazar, mediante derogatoria, normas expresas de la materia contenidas en la Ley Forestal de Suelos y de aguas y se concreta de forma específica el contenido de la exposición de motivos de ésta, que vino a reunir en un texto legal las disposiciones diseminadas en Códigos y Leyes, impuestos por la necesidad de reagruparlas en un solo cuerpo legal, introduciendo mejoras sobre las observaciones hechas a la Ley Forestal de Suelos y de Aguas.

Objeto de la Ley de Aguas

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen la gestión integral de las aguas, como elemento indispensable para la vida, el bienestar humano y el desarrollo sustentable del país, y es de carácter estratégico e interés de Estado.

Definiciones en materia de Aguas

Artículo 2. A los efectos de la presente Ley se entiende por:

• ACUÍFERO: Reservorio constitutivo por materiales porosos y permeables del cual se pueden extraer aguas subterráneas.

• AGUAS SUBTERRÁNEAS: Aguas que se infiltran y penetran en el suelo y subsuelo saturando los poros o grietas de las rocas, y que eventualmente se acumulan encima de capas impermeables formando un reservorio subterráneo.

• AGUAS SUPERFICIALES: Cuerpos de aguas naturales y artificiales que incluyen los cauces de corrientes naturales continuos y discontinuos, así como los lechos de los lagos, lagunas y embalses.

• CALIDAD DE UN CUERPO DE AGUA: Caracterización física, química y biológica de aguas naturales para determinar su composición y utilidad al hombre y a la mujer y demás seres vivos.

• CICLO HIDROLÓGICO: Circulación de las masas de aguas en diferentes estados físicos interconvertibles entre sí, que se da entre el ambiente y los seres vivos motorizada por la fuerza de gravedad y la energía solar.

• CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Acción y efecto de introducir materias o formas de energía o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. El Concepto de degradación de las aguas, a los efectos de esta Ley, incluyen las alteraciones perjudiciales de su entorno.

• CUENCA HIDROGEOLÓGICA: Espacio geográfico en el cual las aguas subterráneas presentes y que en razón de las características geológicas dominantes, drenan y descarguen en un sitio común, el cual puede ser un río, lago o mar y está delimitada por una divisoria de aguas.

• CUENCA HIDROGRÁFICA: Unidad territorial delimitada por las líneas divisorias de aguas superficiales que convergen hacia un mismo cauce, y conforman espacios en el cual se desarrollan complejas interacciones e interdependencias entre los componentes bióticos y abióticos, sociales, económicos y culturales, a través de flujo de insumos, información y productos.

• CUENCAS HIDROGRÁFICAS TRANSFRONTERIZAS: Espacio geográfico que se extienden por el territorio de dos o más países, demarcada por la línea divisora de un sistema hidrológico de aguas superficiales y subterráneas que fluyen hacia una salida común. Dentro de esta categoría se encuentran aquellas cuencas que Venezuela comparte o que son comunes con Colombia, Brasil y Guyana.

• DESCARGAS MASIVAS: Volumen de efluentes líquidos contaminantes que se incorporan a un cuerpo de agua. Tales volúmenes pueden ser referidos según la fuente contaminante y el tipo de contaminante del cual se trate.

• PERÍODO DE RETORNO DE LAS CRECIDAS DE LOS RÍOS: Intervalo de tiempo necesario para que una crecida de igual característica en volumen o magnitud se repita.

• PROVINCIAS HIDROGEOLÓGICAS: Regiones de características generales similares en cuanto a las condiciones de ocurrencia de las aguas subterráneas, tomándose como factores para su definición la conformación geológica y la característica fisiográfica, entre otros. Esta unidad espacial comporta varias cuencas hidrogeológicas contiguas.

• REGIÓN HIDROGRÁFICA: Unidad espacial correspondiente a un territorio muy extenso que integra varias cuencas hidrográficas contiguas.

• SUBSIDENCIA: Hundimiento o asentamiento del terreno debido a la extracción desde el subsuelo de hidrocarburos, agua o por actividades mineras.

• TRASVASES DE AGUA: Operación mediante la cual se transfiere parte de los recursos hídricos desde una cuenca a otra, sin que las mismas necesariamente sean contiguas, con fines de aprovechamiento agrícola, industrial, hidroeléctrico o de abastecimiento a poblaciones.

• USUARIO O USUARIA INSTITUCIONAL: Persona jurídica representante del Poder Público que aprovecha las fuentes de aguas superficiales o subterráneas con fines de abastecimiento de agua o de generación de energía eléctrica.

• VERTIDO LÍQUIDO: Toda descarga de agua que se realice directa o indirectamente a los cuerpos de agua mediante canales, desagües o drenajes de agua, descarga directa sobre el suelo o inyección en el subsuelo, descarga a redes cloacales, descarga al medio marino costero y descargas submarinas.

LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE

La flora y la fauna

La flora y la fauna son elementos irreemplazables en los sistemas naturales de la Tierra, que coexisten normalmente en el mismo hábitat, del cual forman parte, son interdependientes dentro del ecosistema, constituyendo, muy especialmente la silvestre por sus variadas formas y belleza, una riqueza desde los puntos de vista: científico, cultural, recreativo, económico y estético. Importancia que obliga a todos los Estados a tomar medidas para su fomento, cuido y preservación, tanto de las especies como del medio ambiente donde se desenvuelven, con el fin de garantizar su existencia para las generaciones presente y futuras. Ambos elementos conforman la diversidad biológica en cada hábitat, localidad, zona o región.

Ante la inquietud planteada, han surgido clamores internacionales en procura de la unión de inquietudes y procedimientos, con el fin de hacer universal la empresa de la conservación de las especies que pueblan el planeta, y muy especialmente, de aquellas que se encuentran en vías de extinción. Acción que procede de la dinámica conservacionista, que para ser efectiva requiere extender su ámbito más allá de las fronteras políticas de cada país, en procura de una cooperación internacional, que permita intercambiar ideas e informaciones sobre las normas que establezca cada Gobierno, a fin de hacer más homogéneo y con relación lógica, todo el proceso restrictivo en materia de aprovechamiento.

Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna, y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América.

El 12 de octubre de 1940, en la entonces denominada Unión Panamericana , en la ciudad de Washington, D. C, USA, los países de América celebraron la: "Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna, y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América", la cual fue ratificada por Venezuela el 4 de noviembre de 1941, y considerada ley de la República el 9 del mismo mes y año.

El preámbulo de la Convención es muy preciso. En ella, los Gobiernos Americanos, deseosos de proteger y conservar en su medio ambiente natural: Ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y de su fauna silvestre indígenas, incluyendo las aves migratorias, en número suficiente y en regiones lo bastante vasta para evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre; Los paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico, y los lugares donde existen condiciones primitivas dentro de los casos a que la Convención se refiere; acordaron entre otros aspectos, los siguientes:

• Los Gobiernos Contratantes estudiarían inmediatamente la posibilidad de crear, dentro del territorio de sus respectivos países, los parques nacionales, las reservas nacionales, los monumentos naturales, y las reservas de regiones vírgenes definidos por la Convención.

• Si en algún país, la creación de parques o reservas nacionales, monumentos naturales o reservas de regiones vírgenes no fuera factible en ese momento, se seleccionarán a la brevedad posible los sitos, objetos o especies vivas de animales o plantas, según sea el caso, que se transformarán en parques o reservas nacionales, monumentos naturales o reservas de regiones vírgenes tan pronto como a juicio de las autoridades del país, lo permitan las circunstancias

• Los Gobiernos Contratantes convienen, en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos, sino por acción de la autoridad legislativa competente. La riqueza existente en ellos no se explotarán con fines comerciales.

• Los Gobiernos Contratantes convienen en prohibir la caza, la matanza y la captura de especímenes de la fauna y la recolección de ejemplares de la flora en los parques nacionales, excepto cuando se haga por las autoridades del parque o por orden o bajo vigilancia de las mismas, o para investigaciones científicas debidamente autorizadas.

• Convienen, además, en proveer los parques nacionales de las facilidades necesarias para el solaz y la educación del público.

• Los Gobiernos Contratantes acuerdan mantener las reservas vírgenes inviolables en tanto sea factible, excepto para la investigación científica debidamente autorizada y para inspección gubernamental o para otros fines que están de acuerdo con los propósitos para lo cual la reserva ha sido creada.

Definición de los términos y expresiones empleados en la Convención.

Previo al acuerdo, la Convención definió los elementos a crear y aquellos factores intervinientes que pudieran prestarse a confusión o dudas. En tal sentido, utilizaron las siguientes definiciones, que sin cambios, han sido adoptadas por nuestra legislación en materia de los recursos naturales renovables.

A= Se entenderá por parques nacionales:

Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puesta bajo la vigilancia oficial.

B.= Se entenderá por reservas nacionales

Las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección, que sea compatible con los fines para lo que son creadas estas reservas.

C.= Se entenderá por monumentos naturales

Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarado una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizare investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.

D.= Se entenderá por reservas de regiones vírgenes

Una región administrada por los poderes públicos, donde existen condiciones primitivas naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos para el tráfico de motores y vedada a toda explotación comercial.

E.= Se entenderá por aves migratorias

Las aves pertenecientes a determinadas especies, todos los individuos de la cuales o algunos de ellos, cruzan, en cualquier estación del año, las fronteras de los países de América. Algunas especies de las siguientes familias de aves pueden citarse como ejemplos de aves migratorias: Charadridae, Scolopacidae, Caprimulgidae, Hirundinidae.

Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres

El 3 de marzo de 1973 concluyó en Washington, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, promovida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus recursos, en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, teniendo como objetivo llegar a un acuerdo internacional para evitar los abusos que se cometen en cuanto a la importación, explotación y tránsito de ciertas plantas y animales salvajes y de los productos que de ellos se derivan. Todo en consideración a que el comercio ilegal en el campo internacional, es factor de primer orden en el deterioro de los recursos de la naturaleza; el cual requiere su restricción.

Constituyó el fundamento de la Convención restringir el comercio de diversos grupos de especies de Flora y Fauna, por considerar que su comercio ilegal en el campo internacional es factor de primer orden en el deterioro de los recursos de esta naturaleza. Igualmente se consideró que, la dinámica conservacionista, a veces, para ser efectiva necesita extender su acción más allá de las fronteras políticas de cada país, por lo que se considera necesaria una cooperación a nivel internacional, a fin de intercambiar información de normas establecidas sobre la materia por los respectivos Gobiernos y coordinar la mejor y más efectiva manera como deben llevarse a cabo los objetivos del Convenio.

En líneas generales, la Convención, hoy ley de la República, contempla la reglamentación del comercio de las especies protegidas; los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de los permisos y certificados para negociar dichas especies; y específicamente, las medidas que deberán tomar las Partes contratantes, para velar por el cumplimiento de las disposiciones en ella previstas.

Los principios fundamentales y reglamentación contenidos en esta Convención, suscrita por Venezuela, son del mayor interés y fueron dignos del perfeccionamiento para su incorporación al sistema jurídico venezolano, hecho mediante el acto de aprobación de la Ley Especial por el Congreso de la República, y su ratificación ante el gobierno de la conferencia Suiza, el cual, de conformidad con los términos de la Convención en referencia, es el depositario de esos instrumentos.

Cabe subrayar que esta Convención no sólo cuenta con el respaldo de una asociación altamente calificada como es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UNINC), sino que también estuvo respaldada por el Simposio Internacional sobre Fauna Silvestre y Pesca Fluvial y Lacustre Amazónica, celebrado en Manaos en diciembre de 1974, en el cual estuvo Venezuela representada, y donde se instó a los países amazónicos participantes que no estuvieran inscritos a la Convención de Washington a adherirse y ratificarla.

LA LEY DE PROTECCIÓN A LA FAUNA SILVESTRE

Para el legislador venezolano, la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, no puede considerarse como un producto caprichoso, sino que obedece a la apremiante necesidad de perfeccionar las reglas adecuadas para que pueda operar, dentro del campo jurídico nacional, una verdadera protección y aprovechamiento de la Fauna Silvestre, importante recurso natural renovable del país.

El proyecto presentado, que concluyó en la vigente Ley, contiene un conjunto de novedosas ideas de jerarquía técnica conservacionista, que no estaban contenidas en la legislación de caza existente para el momento, que era la ley que regulaba la materia.

Las normas incorporadas al cuerpo de la ley, dan la importancia y la trascendencia que reviste el recurso fauna silvestre como un todo, cuyo fin es el de lograr un tratamiento distinto al que hasta ese momento se venía dando, cuando se consideraba solo el aspecto de la caza. Cabe destacar entre las ideas que afloraron al producir la ley, el título, que se le dio, cuyo contenido de por sí, nos indica que la materia a regularse es más amplia y cubre mejor la realidad de nuestra naturaleza con relación a la Fauna Silvestre, como parte importante de los recursos naturales renovables. Por esto se sustituyó el nombre de "Ley de Caza" por el de "Ley de Protección a la Fauna Silvestre".

Clasificación de la caza

Artículo 51. A los efectos del ejercicio de la caza, ésta se clasifica así:

- CAZA CON FINES DEPORTIVOS.

Artículo 52. Se entiende por caza con fines deportivos el arte lí-cito, noble y recreativo de cazar animales de la fauna silvestre sin fines de lucro.

- CAZA CON FINES COMERCIALES.

Artículo 53. Se entiende por caza con fines comerciales la acción de cazar para obtener beneficios pecuniarios con el producto logra-do.

- CAZA CON FINES CIENTÍFICOS.

Artículo 54. Se entiende por caza con fines científicos la acción de capturar animales silvestres para la investigación científica, la enseñanza en los centros educacionales y la exhibición como medio de instrucción y recreación públicas en los lugares autorizados al efecto.

- CAZA CON FINES DE CONTROL DE ANIMALES PERJUDICIALES.

Artículo 55. Se entiende por caza con fines de control de animales perjudiciales la acción de capturar aquellos animales que, de acuerdo con esta Ley, hayan sido declarados como tales por el Ministerio de Agricultura y Cría.

PROTECCION DE LA FAUNA ACUÁTICA

Al igual que la protección de la fauna silvestre, el Estado venezolano provee la instrumentación legal necesaria para la protección de la fauna acuática, siendo evidente lo fundamental de esta fauna en la provisión universal de recursos abundantes para la alimentación de la humanidad, como la ha sido siempre en el transcurso de la historia.

En este sentido, con ocasión de la promulgación de la ley de pesca en 1944, las misiones de técnicos pesqueros que visitaron el país clasificaron al litoral venezolano como la región del Caribe más abundante en variedades aprovechables, lo que dio origen a grandes iniciativas que conllevaron al desarrollo de emporios industriales en el ramo, que fueron en crecimiento notorio. Fue entonces reconocida la producción piscícola de las áreas marítimas de Nueva Esparta, Sucre y Anzoátegui, en el Oriente del país y la del Zulia y Falcón, en Occidente, así como también la producción fluvial y lacustre, cuya potencialidad no solo cubre las necesidades del consumo interno nacional, sino que arrojan un excedente exportable, que se ha mantenido en pleno desarrollo y explotación.

Estos mismos estudios, arrojaron el conocimiento de la gran importancia de nuestras aguas interiores, consideradas como superiores a la marítima, que además, aportan al mar grandes cantidades de plankton que necesitan los peces para su alimentación. Potencialidad que se vino a incrementar cuando a finales del siglo XX se produjo la revolución respecto a los espacios acuáticos y a su régimen, cuando se hizo práctica de los Estados la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, que agregó nuevas instituciones jurídicas del derecho del mar desconocidas hasta entonces, con las que se extendió el uso de los espacios acuáticos desde la simple navegación y la pesca hasta la investigación científica y la explotación de minerales en zonas de gran profundidad.

Desde entonces, Venezuela que es un País identificado con el mar y con sus otras fachadas, la Andina, la Amazónica, la fluvial, esta última en estrecha relación con la fachada Atlántica, dado el hecho de que todos nuestros ríos navegables son afluentes del Orinoco y por ende tienen salida al Océano, asimiló la importancia y extensión de las nuevas tareas, los nuevos retos y la gran ventaja geográfica y geopolítica del País, por lo que se promulga la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares y la adecuación de la legislación que se le relaciona para la regulación del ejercicio de la soberanía, la jurisdicción y el control de estos espacios, con conocimiento de sus potencialidades y el aprovechamiento y desarrollo sustentable de los recursos, preservando y garantizando los intereses del Estado; definidos como lo son de manera precisa, los espacios acuáticos de la República, como aquellos que comprenden todas las áreas marítimas, fluviales y lacustres donde ésta ejerza soberanía, derechos de soberanía, jurisdicción y control conforme al Derecho Interno e Internacional; que se extiende a sus ríos, lagos, lagunas, bahías, incluyendo las históricas, deltas y demás aguas interiores, su mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental, así como sobre cualquier otra área marina y submarina que pudiese surgir con base al desarrollo del Derecho Internacional, además de la idea de que la República tiene igualmente los derechos y libertades reconocidos por el Derecho Internacional en la Alta Mar y en la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos que es patrimonio común de la humanidad.

Referimos esta Ley, por cuanto con ella se garantiza la coordinación del Estado con los organismos internacionales especializados en lo relacionado con las actividades en los espacios acuáticos para asegurar, entre otros, el reservorio alimentario que declara de interés público y de carácter estratégico. Siendo de consideración en este aspecto lo referente a la Zona Económica Exclusiva, su definición, su extensión y el establecimiento de las normas sobre el ejercicio de la soberanía, derechos de soberanía, jurisdicción y control sobre estos espacios, en especial lo referente a la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, de las aguas suprayacentes, así como a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, en las que destacan las medidas adecuadas para la conservación y administración de los recursos vivos de la Zona, para que no exista la amenaza de un exceso de explotación, propugnando la preservación o el restablecimiento de las poblaciones de las especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factores ambientales y económicos pertinentes, incluidas las necesidades de las comunidades pesqueras locales y las necesidades especiales de la República.

Prevé la Ley que el Ejecutivo Nacional condicionará el acceso de buques pesqueros extranjeros a la zona económica exclusiva con el fin de explotar el excedente de la captura permisible, a la firma previa de un acuerdo pesquero con el Gobierno del Estado de la nacionalidad de estos buques, y al cumplimiento de los requerimientos establecidos en la legislación nacional tomando en cuenta el beneficio económico y social de la República, y a los fines de garantizarse las contraprestaciones adecuadas que tiene derecho a percibir por conceder dicho acceso.

El Ejercicio de la Pesca

Las razones antes expuestas, son por demás fundamentales, para establecer criterios de protección y corrección de los sistemas de explotación, que es la motivación de cualquier normativa legal sobre el ejercicio de la pesca, de importancia en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables del país. Así recordamos la Exposición de Motivos de la Ley de Pesca de 1944, hoy derogada, "la pesca constituye una muy importante rama de nuestra riqueza natural, la cual se debe a la enorme potencialidad ictiológica de las aguas nacionales, en las que es posible obtener una gran cantidad y diversidad de especies, aun mediante el empleo de sistemas y artes rudimentarios"; que son en gran parte los que tradicionalmente usaban para la época y aún siguen siendo usados por nuestros pescadores. No obstante debemos reconocer la expansión industrial de esta explotación, que hoy se encuentra en desarrollo activo e industrializado.

LEY DE PESCA Y ACUICULTURA

Otra de las leyes reformadas a partir de la promulgación de la nueva Constitución es la Ley de Pesca, la cual dio paso al decreto con fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, N° 1.524 del 3 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial N° 37323 del 13 de noviembre de 2001, ley reformada por la Ley de Pesca y Acuicultura, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.727 del 08 de julio de 2003, y posteriormente por el Decreto No. 5.930 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura de fecha 11-03-08, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.877 Extraordinario del 14 de Marzo de 2008.

Criterios fundamentales para la promulgación de la Ley de Pesca y Acuicultura:

El legislador en la Exposición de Motivos del Decreto Ley de 2001 expone, que Venezuela presenta, tanto en sus aguas marinas como continentales, recursos pesqueros diversos y de moderadas dimensiones sobre los cuales se han desarrollado explotaciones comerciales de creciente importancia a lo largo de los últimos 50 años, y que la tendencia del subsector pesquero nacional es la de un crecimiento más o menos importante, pasando de un nivel de capturas globales de unas 100.000 TM por año en la década de 1960, a unas 516.000 TM en 1998; es decir que en el lapso de unos 35 años, las capturas venezolanas se han quintuplicado. Para los años más recientes, la producción pesquera nacional ha disminuido ligeramente ubicándose en el 2000 en las 490.000 toneladas.

Expone además, que el crecimiento experimentado por el subsector pesquero no ha sido uniforme sino más bien irregular, ligados a coyunturas, políticas o comerciales, que influyeron en el desarrollo de la actividad pesquera nacional. A partir de 1950 hasta finales de 1970 se registró un crecimiento moderado acorde al modelo de desarrollo económico endógeno adoptado, atendiendo al mercado nacional y basado fundamentalmente en las pesquerías artesanales que jugaron un papel protagónico durante ese tiempo.

Considera el análisis, que la crisis energética mundial y la condición de Venezuela como país petrolero, permitieron la internacionalización de la pesca industrial con flotas atuneras que se establecen en el país. El Estado facilitó el ingreso del país en el proceso de globalización que caracteriza a la industria atunera mundial y se registró el mayor crecimiento histórico del subsector, apuntalado por las flotas industriales, atunera y de arrastre, receptoras de subsidios e incentivos diversos.

El fin del modelo proteccionista en 1988 y la adopción de un nuevo modelo de desarrollo a partir de 1989, produjo en el subsector pesquero un proceso de ajuste, después del cual surgieron con fuerza la pesca artesanal y la Acuicultura, como los soportes más importantes de la actividad pesquera y acuícola nacional, con una notable capacidad de adaptación al entorno lo cual les confiere competitividad. En cambio, la pesca industrial, especialmente la de arrastre, se muestra débil, declinante y sin futuro a menos que el Estado asuma, como en efecto lo ha hecho en años recientes, parte de sus costos a través de subsidios, desgravámenes y otros. Se estima que entre el mes de junio de 1996 y abril de 1998, la flota de arrastre industrial recibió un subsidio en el precio del combustible superior a los 7.000 millones de bolívares a pesar de ser una flota sobrecapitalizada y una pesquería con evidentes síntomas de sobrexplotación.

Para el momento del informe, Venezuela era el país pesquero más importante del área del Caribe con una producción anual que oscilaba alrededor de las 500.000 toneladas métricas, estabilizada en este nivel desde finales de la década de 1990 lo cual obliga al Estado a prestarle una atención especial mediante la implementación de políticas, planes y programas que favorezcan el desarrollo del subsector pesquero y acuícola afianzando las opciones que presenten las mayores potencialidades para sostener y aumentar esos niveles de producción pesquera nacional antes señalados.

PROTECCIÓN DEL RECURSO SUELO

Con la derogatoria de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, las normas referentes a los recursos protegidos por ella fueron especificadas en diferentes leyes, tales como la Ley de Bosques y la Ley de Aguas, quedando en normativas dispersas, entre otras, la Ley Orgánica para a Ordenación del Territorio, la Ley de Zonas Costeras y las relacionadas con el Derecho Agrario, lo referente a la protección, la conservación y racional aprovechamiento de los suelos, junto al ambiente, las aguas, el subsuelo y demás recursos naturales renovables, en función de la ordenación del territorio; donde el suelo está involucrado en la localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial, en tanto y en cuanto es el elemento necesario para la ordenación del territorio, que involucra su regulación y promoción para lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, la organización de la explotación y uso de los recursos naturales.

En la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio en sus artículos 61, 62 y 63, se establecen elementos para: su clasificación en función de sus capacidades agroecológicas, su uso y aprovechamiento en función de su vocación natural, la disponibilidad y acceso a las tecnologías ambientalmente seguras, la adopción de medidas tendentes a evitar y corregir las acciones que generen erosión, salinización, desertificación o modificación de las características topográficas y otras formas de degradación del suelo y del paisaje, la restauración y recuperación del suelo y del subsuelo afectados por la ejecución de actividades, el establecimiento de criterios prospectivos y principios que orienten los procesos de urbanización, industrialización, desconcentración económica y de asentamientos humanos.