III CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

(21 al 26 Octubre de 2000)

CARACAS-VENEZUELA

El Derecho Ecológico en la Educación Ambiental en Venezuela

Autor: Dr. Enrique Prieto Silva

Facultad de Derecho

Cátedra de Derecho Ecológico

Universidad Santa María

CONTENIDO

1 – Introducción

2 – Fundamento Teórico de la Educación Ambiental

3 – El Derecho del Milenio

4 – La Educación y el Derecho Ecológico en Venezuela

5 – Sujeto y Objeto del Derecho Ecológico

6 – El Medio Ambiente o Ambiente

7 – El Hombre y el Medio Ambiente

8 – El Equilibrio Ecológico

9 – El Desarrollo Sostenible

10 – La Biodiversidad y el Derecho

11 - La Educación y el Derecho Ambiental en la Constitución de 1999

INTRODUCCIÓN

Ha sido una verdadera y productiva experiencia el ejercicio de la Cátedra de Derecho Ecológico en la Universidad Santa María (Caracas-Venezuela). Ella nos ha permitido desarrollar el tema central hombre-naturaleza, acción-beneficio-efecto, dirigido al estudio del macrosistema Ecósfera y los subsistemas que en él conviven, donde ejerce su influencia determinante el hombre, en su condición de ser racional. La Cátedra reviste gran importancia, por cuanto permite y obliga a la relación de las leyes naturales y las normas formales, para en la conjunción de los fenómenos de la Ecología y del Derecho, encontrar la relación entre el inicio de la acción depredadora del "hombre irracional" y la aparición de la acción defensiva del medio ambiente, objeto del Derecho Ecológico, en manos del hombre racional.

Nos encontramos entonces, en presencia de un cúmulo normativo jurídico-natural, que originado de los fenómenos naturales investigados por una ciencia multidisciplinaria como la Ecología, se han introducido en la formalidad de una ciencia cultural, como lo es el Derecho, tratando de encontrar el "equilibrio" entre el usufructo o aprovechamiento de la naturaleza y su conservación, permitiendo a su vez, el uso de la Educación, para concienciar al futuro profesional interdiscipinario, para que comprenda, que todo en la naturaleza está condicionado a la racionalidad de su uso; ya que en ningún caso le es permisible a un ser humano destruir la naturaleza, que como gran ecosistema es patrimonio de la humanidad, generación tras generación.

Hemos podido, mediante el desarrollo educativo de esta disciplina jurídica emergente, estudiar la "Problemática Ecológica" y, al entender el origen de ella, comprender la necesidad que tiene el hombre de transformar el medio donde se desenvuelve, en función del desarrollo, y para la satisfacción a plenitud de sus necesidades. Surge de esta comprensión el llamado "desarrollo sostenible", que destaca nuestro interés docente por el ejercicio de una acción moralizante y concientizadora, dirigida a humanizar al estudiantado y dotarlo de un arma conservacionista, a pesar de la dificultad que representa para su concientización, el interés de casi la totalidad de los estudiantes, por obtener una profesión que le permita penetrar en una carrera oferente de mejores posiciones sociales y mayores beneficios económicos; donde el dinero es la principal motivación; y precisamente, es el interés económico el que motoriza las acciones depredantes que destruyen el medio ambiente y originan la misma "problemática ecológica", en una concepción mal entendida del Desarrollo.

Surge así para la Educación Ambiental, la necesidad de insistir en que toda profesión es un apostolado, cuya dimensión se incrementa proporcionalmente con el aumento poblacional; que requiere del reforzamiento de la ética orientada cada vez más a la moral humanizadora, donde, en nuestro caso, los principios del Derecho fundamentados en la equidad y en la justicia, trasciendan conscientemente a la protección y conservación de la naturaleza, que aunque sea una contradicción, ya aceptada jurídicamente, estas normas por su objeto benefician a lo material (naturaleza) en perjuicio del hombre. Es una realidad conclusiva que nos obliga a dar personalidad a la naturaleza para protegerla del "hombre irracional".

Desde cualquier punto que miremos a la educación ambiental, tenemos que referirnos a la universalidad del problema ecológico, aunque solo insistamos en las causas y los efectos a nivel nacional, ya que, aún al nacionalizarlo, tenemos que profundizar en los daños que producen los objetivos del desarrollo mal orientados, los atentados contra nuestra geografía nacional que se originan de las masas que se aventuran a la explotación minera tratando de solventar la "crisis" socioeconómica, sin que podamos dejar de estudiar la problemática regional, la continental y la universal, por la globalización que representa el fenómeno de la contaminación, la desertización, el cambio climático y todos los concomitantes del fenómeno ecológico universal.

Ante este panorama, surge la necesidad de analizar los casos que a diario atentan contra nuestra ecología; donde se fatiga la interpretación legal tratando de encontrar causas, efectos y soluciones, para al final convencernos, que todos tienen su origen en la ignorancia consciente e inconsciente sobre las normas naturales de esta ciencia y las del Derecho. Juega entonces su papel protagónico la Educación Ambiental como arma y alimento de nuestra esperanza, para con insistencia, labrar mas temprano que tarde la conciencia de nuestros profesionales, para con su influjo, labrar la de todos los demás ciudadanos, orientándolas hacia el desprendimiento de lo material y monetario, con el convencimiento de que la conservación de la naturaleza no puede ser sólo el influjo coercitivo de la norma legal, sino que debe surgir del convencimiento de que ello es necesario para la perpetuación de la especie.

Con esta orientación, hemos venido profundizando con un alto contenido psico-social sobre el tema, que abarca, no sólo al árbol y a sus frutos, como lo fuera en el pasado, sino que se proyecta, a todo lo que conforma el sistema ecológico donde nacimos, donde nos desarrollamos y donde debemos rendir nuestra misión natural como seres racionales y humanos.

Surge en lo adelante, la interrelación de todo lo que nos rodea y nos sirve para la subsistencia, y la perpetuación de la especie, que es lo que cobra vida como objetivo de la Educación Ambiental, donde son ya incontables los abanderados en ésta poco remunerante empresa. Y, cuesta decirlo sin sentir remordimiento de conciencia, que muchos de los que enarbolan el estandarte, sólo lo hace por lo vistoso de la divisa y por el beneficio que ello les produce, sin embargo, aún de esta manera tiene plena validez la campaña, porque al fin de cuentas todo aquel que levanta la bandera, aunque hipócrita o incrédulo, coadyuva a crear conciencia en aquellos que creen en él, y que nunca llegan a descubrir su hipocresía.

Somos ambientalistas y por ello educadores ambientales, pero queremos dejar claro el criterio de nuestra oposición al ambientalismo a ultranza, donde todo se prohíbe. Somos por lo tanto adversarios a la tesis de la presunta incompatibilidad de los conceptos: desarrollo y conservación, tesis que rechazamos por cuanto creemos que es factible y necesario consolidar las dos posiciones, mediante una concepción del desarrollo que considere la posibilidad de producir el menor daño posible y permisible, ante una irremediable transformación de la naturaleza. Es con esta concepción desarrollista, donde surge la necesidad de la educación ambiental para lograr el tantas veces denominado "desarrollo sostenible", como verdadero concepto del AMBIENTALISMO.

Fundamento teórico de la Educación Ambiental.

Pueblos y Caminos hacia el Desarrollo Sostenible

No podemos hablar de pueblos y caminos orientados hacia el desarrollo sostenible, si no comenzamos por entender lo que tanto se ha dicho: el homo sapiens en su variedad technologicus, al aparecer en escena hace unos 500.000 años y, en lo adelante, se propuso modificar la faz de la tierra para adaptarla a sus necesidades. Más tarde, cuando aprende a usar el fuego, acelera este proceso, y con su intelecto, al aprender los rudimentos de la agricultura y más recientemente, con la Revolución Industrial que hoy navega en la globalización, comienza a separarse de la naturaleza de la que dependió siempre, luchando por ella y contra ella en la medida que las necesidades se incrementan; y en la proporción que esta lucha se separa de lo racional, comienza la acción progresiva de depredación de la naturaleza, hasta que el propio hombre pierde su control, llegando a poner en peligro el "equilibrio ecológico o ambiental", necesario para obtener el aprovechamiento de esa misma naturaleza como él se lo propuso cuando dio inicio a su transformación, creando la problemática ecológica..

La Problemática Ecológica

Una muestra tangible del desequilibrio ecológico es la existencia de la llamada "desertización de los continentes" o "los desiertos en expansión". El mundo alarmado, ve hoy como nunca la generación de zonas desérticas con violenta rapidez y se considera, que el 80% de la tierra productiva en las zonas áridas y semiáridas del planeta, se encuentran sometidas a un progresivo proceso de desertización, donde dos terceras partes de las naciones del mundo se ven afectadas por este proceso y, se teme, que los desiertos podrían triplicar su extensión, tanto en los países más desarrollados como en los menos desarrollados. Mientras esto ocurre, se piensa que los productos de la tierra disminuirán con los años, y con la creciente población, que generará una mayor demanda de alimentos, se requerirá proporcionalmente un gran esfuerzo para incrementarlos, lo cual exigirá un mayor rendimiento de las tierras, en vías de extinción.

Para enfrentar el problema, debemos reconocer que todos somos actores en la producción de esta obra y es ideal que lo seamos por acción y no por expectación, especialmente cuando tengamos que actuar contra la naturaleza. Si no creemos en la existencia de la crisis, debemos imaginárnosla, convencidos de que ella puede ocurrir, y hacer propio el proverbio chino: "los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades; son los momentos en que la vieja organización cambia, los moldes establecidos se rompen y la manera convencional de hacer las cosas desaparece". Es evidente que, si no hoy, tarde o temprano tendremos que afrontar la crisis, de continuar sin control la acción depredante y el daño progresivo al medio ambiente, pudiendo llegar a ser tarde cuando ello ocurra. Ante tal circunstancia, es preferible considerar la alarma actual como la verdadera crisis e iniciar su enfrentamiento, con lo cual, a tiempo estaremos evitando su irreversibilidad.

Hoy por hoy, el problema se ofrece en formas y niveles diferentes en el planeta. De acuerdo con los investigadores de la materia, Venezuela está ubicado en el grupo de los países que menos ha sufrido daño ecológico en comparación con muchos otros países y áreas del mundo, siendo notoria la desertización, la deforestación, la lluvia ácida, la pérdida de especies vegetales y animales, y la preocupante degradación del entorno marino, que ha tomado niveles críticos en países del África, Asia y América Latina como: Mauritania, Malí, Nigeria, Sudan, Etiopía, Somalia, Nepal, Filipinas y Haití. En estos países y en otros en menor escala, la degradación ambiental, que tiende a crecer, es de tal magnitud, que la incapacidad para alimentar y mantener la población, la está diezmando.

El conocimiento de esta problemática y la acción humanitaria de los pueblos, orientados por los entes internacionales, han llamado a emprender serias campañas de cooperación internacional, tanto al nivel de prevención como de enfrentamiento para controlar la crisis y recuperar en lo posible los daños. Ha sido una buena base para la educación ambiental, siendo bueno recordar que, hasta 1972 no había una verdadera política internacional para la conservación del medio ambiente y es en la Conferencia de las Naciones Unidades celebrada en Estocolmo durante mayo y junio de ese año, cuando aflora la inquietud por el problema, al que a la fecha sólo le era dedicado tiempo y esfuerzo heroico por un reducido número de científicos, políticos y románticos defensores de la naturaleza. Desde entonces, comenzamos a utilizar con orientación conservacionista los términos: "ecología", "contaminación", "conservación", etc. , y en tan poco tiempo, todos estos conceptos ya madurados y tratados científicamente pasaron a construir un léxico especial en materia de "conservación".

Hoy, en no menos de 187 países del orbe existen organismos especializados que tratan la materia con la individualidad y especialidad que ella requiere. He aquí, que por una necesidad social, ha surgido la Educación Ambiental, materia que conforma el objeto de este trabajo.

El DERECHO Y LA EDUCACIÓN DEL MILENIO

El Derecho para la preservación de los Recursos Naturales

Hemos de entender hoy, como una creciente necesidad de los pueblos y de las naciones, el contenido filológico de las normas jurídicas que tienden a regir el manejo y la preservación de los recursos naturales. Es decir, la norma general preventiva y punitiva para la protección del medio ambiente natural o hábitat del hombre. La norma, que comprendiendo a la naturaleza como su objeto, regule y establezca como su sujeto a la propia conducta social del hombre. Son las normas del Derecho Ecológico, que en un sentido coloquial generalizado pero no restrictivo, se le conoce como Derecho Ambiental, cuya base fundamental en Venezuela ha sido hasta ahora la Ley Orgánica del Ambiente. Ley marco que establece las políticas generales que dirigen los ámbitos en la materia, para atender la interrelación que debe existir armónicamente en el ecosistema venezolano.

En el contenido de estas normas, debe entenderse como naturaleza, todo lo que fluye espontáneamente y cuya existencia depende de sus propias leyes. Ella encierra para el derecho, todo lo que se ofrece de una manera natural: aire, suelo, agua, flora, fauna y minerales, pero entendidos, no como objetos inanimados, sino en movimiento e interrelacionados estrechamente conformando un todo, que para la Ecología, ciencia rama de la Biología, constituye un ecosistema global, por lo que, en el sentido de globalidad actual, no escapa a ningún pueblo de la tierra la concepción que de la naturaleza tiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que menciona como Medio Humano, encerrando en él, además de los recursos antes mencionados, a los Recursos Vitales Renovables (RVR): capacidad productiva de la tierra y los Recursos no renovables, todo dentro de una interrelación con la sociedad, su protección y conservación, encaminados a proporcionar bienestar al ser humano, y en términos generales, a la preservación de la especie en el planeta.

LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO ECOLÓGICO EN VENEZUELA

Amplitud de la Norma Legal venezolana

Nada más importante en la educación del Estado, que la enseñanza de la normativa jurídica que ampara y orienta la praxis del deber ser, por ello, cuando nos corresponde referirnos al cuadro o contexto en el que se desarrolla la norma jurídica ecológica o ambiental, debemos reconocer que la legislación venezolana es amplia en la consideración de la naturaleza como objeto del Derecho Ecológico. En cuanto a la norma legal, en Venezuela, el Derecho Ecológico o Ambiental, tiende a preservar el equilibrio ecológico como factor necesario para mejorar y mantener la calidad de la vida y la propia existencia del hombre, fundamento del desarrollo.

La Norma Ecológica en la Constitución venezolana

Como veremos mas adelante, es de reconocer el amplio contenido normativo que en la materia incluyó el constituyente en la nueva Constitución de 1999. Sin embargo, no podemos hacernos eco de los que tratan de valorar esta acción constituyente, como una novedad idearia, para desmeritar a los viejos legisladores, por cuanto, aunque no con el amplio contenido actual, la Constitución derogada de 1961, contemplaba normas precisas y desarrolladas legalmente, que sirvieron y servirán como normas de doctrina para engranar el contenido del nuevo Derecho Ecológico y Ambiental. Es digno de recordar la norma de la Constitución de 1961, cuyo artículo 106° contemplaba: "El Estado atenderá a la defensa y conservación de los recursos naturales de su territorio y la explotación de los mismos estará dirigida al beneficio colectivo de los venezolanos". En esta norma podemos percibir el efecto e interés colectivo y generalizado de la norma ecológica o ambiental, dirigida, como siempre lo ha sido, hacia el beneficio colectivo.

De igual manera es de recordar el contenido del Art. 7º de la derogada Constitución, el cual vinculaba los recursos naturales con el Territorio Nacional, y al englobarlos con él, los incluía en la prohibición que establecía en el Art. 8º, cuando decía: "El Territorio nacional no podrá jamás ser cedido, traspasado, arrendado, ni en ninguna forma enajenado".

El Derecho Ecológico

El Derecho Ecológico o Ambiental lo definimos, como: el "conjunto de normas jurídicas que regulan la acción del hombre en el usufructo de la naturaleza y sus recursos naturales, y le fija el límite de su intervención y modificación, para evitar su deterioro o degradación irreversible". Definición de la que derivamos varias ideas: 1) Que es un conjunto normativo jurídico; 2) Que es regulador de la conducta del hombre en el usufructo de la naturaleza; y 3) Que le fija el límite de su intervención. Apreciamos entonces, que este derecho es un conjunto normativo que comprende todo lo inherente al usufructo de los recursos naturales, lo cual abarca todas las acciones del hombre sobre los recursos naturales, y con ellos, a la propia naturaleza.

No escapa entonces al conocimiento que, dada la estructura que le hemos impartido a este novedoso e importante Derecho, percibimos que es la ciencia natural la que le sirve de método científico, para trasladar el ser del fenómeno natural a la formalidad o deber ser del Derecho. De allí, que al referirnos a su contenido, relacionamos todos los conjuntos normativos específicos, que se refieren de una u otra forma: a la naturaleza, a los recursos naturales, al medio ambiente, y a la acción social del hombre dentro del ecosistema.

En este orden de ideas, relacionamos a los siguientes conjuntos normativos, como integrantes del contenido del Derecho Ecológico:

El Derecho para la Protección Ambiental y para la Regulación de las Actividades Degradantes.

El Derecho Agrario y de Regulación y Ordenación de las Actividades del Campo.

El Derecho Minero y de Hidrocarburos.

El Derecho para la Ordenación Territorial y para la Ordenación de los Espacios Naturales.

El Derecho para la Protección de los Recursos Naturales Renovables.

El Derecho Penal del Ambiente.

El Derecho sobre Tribunales y Procedimientos Agrarios y Penal del Ambiente.

El Derecho para la Defensa Sanitaria Vegetal y Animal.

Otros conjuntos normativos legales, reglamentarios y de otra jerarquía, nacionales, estatales y municipales.

Cada uno de estos derechos está integrados por sendos conjuntos normativos, que comprenden: Leyes, reglamentos, ordenanzas, resoluciones y otros instrumentos jurídicos.

Características del Derecho Ecológico

El Derecho Ecológico o Ambiental, como disciplina y conjunto normativo, está conformado como derecho objetivo y es ley; tiene por lo tanto poder jurídico. Es una realidad con existencia propia, que tiene un contenido integral que abarca con sus normas el derecho adjetivo penal, al integrarse en él, la normativa especial penal ecológica, con la denominación de ambiental.

Una característica muy especial del Derecho Ecológico, se manifiesta por la derivación de sus normas de los principios inmutables del derecho natural. Es derecho positivo, derecho público, administrativo, penal y procesal, con grandes relaciones con el derecho civil y con el derecho mercantil, entre otros.

Es Derecho Multidisciplinario

El Derecho Ecológico es una nueva y obligada concepción del derecho, que al emerger de la interrelación normativa de la Ecología con la actividad cultural del hombre; se nutre de la múltiple relación científica y disciplinaria de ésta, al mismo tiempo que se complementa, reúne y relaciona las diferentes ramas del derecho, que tienen que ver con la naturaleza y con los recursos naturales. Es así, como podemos calificarlo de multidisciplinario.

Es de carácter e interés públicos.

El Derecho Ecológico es eminentemente público, cuyas normas persiguen el beneficio colectivo y están orientadas al bien común. Específicamente a la preservación de la naturaleza y con ella, la seguridad de existencia de los recursos naturales, fundamentales para la subsistencia. Se fundamenta especialmente en normas imperativas que imponen patrones de conducta de obligado cumplimiento, y crea los entes administrativos encargados del resguardo de su cumplimiento y los órganos jurisdiccionales correspondientes. Es un Derecho que obliga al Estado a actuar al ser violado.

Es Conservacionista

Tanto como derecho y como deber, la nueva Constitución de Venezuela establece la obligación de proteger y mantener el ambiente. En tal sentido, el artículo 127 establece:

"Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley".

Para los efectos del Derecho Ecológico, el concepto Defensa y Conservación, significa: utilización racional de los recursos en función del beneficio colectivo para las actuales y futuras generaciones, de donde se desprende la necesidad de crear una conciencia conservacionista, que permita armonizar bajo este criterio, la explotación de los recursos en el presente, con la idea de perennizarlos para el futuro.

Es un Derecho Especial

La generalidad de los conjuntos normativos que integran el Derecho Ecológico o Ambiental, establecen procedimientos y órganos administrativos y jurisdiccionales especiales, que atienden a la materia con exclusividad o en prioridad funcional. Existe también desde hace varios años en Venezuela, una normativa que atiende la categoría delictiva especial en materia ambiental o ecológica, con lo que se da relevancia e importancia a la gravedad del problema ecológico, cuya acción delictiva se deriva del maltrato y uso irracional, doloso o culposo, de los recursos naturales. Es la Ley Penal del Ambiente, el instrumento normativo penal, que contempla el tan ansiado delito ecológico autónomo.

Derecho de Espacialidad Singular y Universal

Su ámbito traspasa las fronteras. Los problemas que atiende el Derecho Ecológico, normalmente sobrepasan la espacialidad geográfica del Estado que jurisdicciona, por lo que frecuentemente y de manera periódica y evolutiva en el presente, hay convenciones binacionales y multinacionales, para acordar normas comunes y complementarias, que permitan controlar la incidencia sobre recursos comunes o de efecto multinacional.

Hoy día, comprendida la interrelación espacial de existencia de los recursos dentro de un mismo macrosistema, esta obligando a la humanidad a emprender acciones comunes internacionales sobre los problemas que afectan a los recursos naturales, y más específicamente al medio ambiente. El interés social internacional, de acuerdo con esta característica del Derecho y al interés colectivo, ha llegado a considerar algunas zonas del planeta y a algunos recursos, como patrimonio universal.

Es un Derecho Preventivo

No obstante, que el Derecho Ecológico puede considerarse como de carácter punitivo, represivo o sancionador; en el fondo, por lógica concepción filosófica, se caracteriza por ser preventivo. El persigue en primera instancia, y así se establece, casi como generalidad en las normas de la mayoría de los instrumentos que lo integran, una función educativa, orientada a reglamentar las acciones y omisiones del hombre, para crear conciencia sobre la necesidad general de la preservación y conservación de los recursos. En este sentido, podemos apreciar en la redacción de las normas, un lenguaje preventivo.

Es una Normativa Técnica

Una característica sui-generis, como ocurre hoy día con muchas de las normas jurídicas, es la relativa al contenido técnico del Derecho Ecológico, guiado por las concepciones científicas de las disciplinas que conforman, se relacionan u orientan a la Ecología. En tal sentido, las normas que se establecen en materia de este Derecho, comprenden en primer lugar, la orientación del Derecho Natural que hemos indicado y la adecuación de las normas, al cumplimiento de procedimientos derivados de la técnica, y aunque redundemos, de la tecnología aplicada a las disciplinas que lo fundamentan.

La Educación Ambiental como Objeto Constitucional

En cuanto a la educación ambiental establece: "Artículo 107. La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal..."

Sujeto y Objeto Del Derecho Ecológico

Para entender o darle sentido a las normas contenidas en la Constitución, referidas al Derecho Ecológico (Ambiental), debemos entender que el sujeto de este Derecho es: "la conducta social del hombre"; y en cuanto al objeto, atendiendo al criterio o concepto de Jiménez de Asúa, como: "el conjunto de intereses y bienes tutelados por el derecho", evidentemente que en nuestro estudio, el objeto del Derecho Ecológico "es la naturaleza o medio ambiente", el cual envuelve los elementos más importantes para la vida como lo son los recursos naturales, que en el ámbito programático se transforman en el objeto específico de las normas positivas del Derecho Ecológico.

En el mismo sentido, entendemos como naturaleza todo lo que fluye espontáneamente y su existencia depende de sus propias leyes. Ella encierra para el derecho, todo lo que se ofrece de una manera natural: aire, suelo, agua, flora, fauna y minerales, pero entendidos, no como objetos inanimados, sino en movimiento e interrelacionados estrechamente conformando un todo, que para la Ecología, como hemos dicho, constituye un ecosistema global.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el término Naturaleza lo menciona como Medio Humano, encerrando en él, además de los recursos antes mencionados, a los Recursos Vitales Renovables: capacidad productiva de la tierra y los Recursos no renovables, todo dentro de una interrelación con la sociedad, su protección y conservación, encaminados a proporcionar bienestar al ser humano, y en términos generales, a la preservación de la especie en el planeta.

Nuestra legislación es amplia en la consideración de la naturaleza como objeto del Derecho Ecológico, así tenemos, como la nueva Constitución de la República al establecer la Competencia del Poder Público Nacional establece en su Artículo 156:

"Es de la competencia del Poder Público Nacional:... 16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país".

Y en el Artículo 326, referido a la seguridad de la Nación, la fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y la afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional.

Pudiéramos ampliar aún mas el objeto del Derecho Ecológico, si consideramos que él tiende a: preservar el equilibrio ecológico, mejorar y mantener la calidad de la vida y la propia existencia del hombre, de esta manera, envolvemos dentro de la definición del objeto, a decir de Jiménez de Asúa, a: "los intereses y bienes tutelados por el Derecho".

MEDIO AMBIENTE O AMBIENTE

Hemos indicado que, el medio ambiente, del cual se deriva la nominación jurídica del derecho que trata la protección y conservación de los recursos naturales, que en nuestro caso, con un sentido de mayor amplitud denominamos Derecho Ecológico, creemos necesario incluir la conceptualización que manejamos en la cátedra de la Universidad Santa María sobre esta parte del ecosistema. Es así como definimos el concepto derivado del lat. ambiens, -entis, (que rodea), que se aplica a cualquier fluido que rodea un cuerpo, bien sea éste líquido o gaseoso. De igual manera, se conoce como ambiente, las circunstancias que afectan a los seres con la connotación de su entorno, su historia, sus relaciones sociales, locales, artísticas, etc.

En nuestro contenido científico y desde el punto de vista ecológico, entendemos como medio ambiente, el conjunto de condiciones fisicoquímicas y biológicas que necesitan los organismos, incluido el ser humano, para vivir. Es decir, como referimos al comienzo de la exposición, podemos hablar de un medio ambiente físico y un medio ambiente biológico. En este sentido, el medio ambiente físico incluye las condiciones fisicoquímicas, tales como la luz y el calor o radiación solar, la humedad, la temperatura, el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera. Mientras que el medio ambiente biológico incluye las condiciones biológicas conformadas por los organismos vivos, tanto plantas como animales, de donde se deducen: la disponibilidad de alimentos, la presencia de especies competidoras, etc.

En un amplio sentido, cuando en las ciencias humanas se habla de medio ambiente, se incluyen en éste, no sólo los factores fisicoquímicos y biológicos que afectan a la vida y su desarrollo, sino también otros aspectos característicos de la especie humana, tales como los históricos, los culturales, los políticos, los científicos, los tecnológicos, etc. Y dentro del concepto biológico o de la biología, que es la ciencia de la que deriva la ecología, se considera al ambiente como el conjunto de circunstancias o condiciones físicas y químicas exteriores que rodean a las personas, a los animales y a las cosas, siendo de allí de donde se deriva su aplicación como definición, a cualquier fluido que rodea a uno o a todos los cuerpos, y a los elementos que constituyen el medio natural en que se desenvuelven el hombre y los demás seres que con él conviven; ejerciendo notable influencia en el desarrollo y en todas las actividades fisiológicas de ellos.

El Hombre y el Medio Ambiente

Desde su aparición en la tierra, con su acción social el hombre ha buscado estadios de beneficio biológico para su grupo totémico o familiar. Al comienzo, en las culturas primitivas, totalmente integrado a la naturaleza en una simbiosis de relaciones simples; hacía uso de los recursos que ella le brindaba en forma natural. Tomaba los frutos de los árboles, se alimentaba de la caza y de la pesca, y con esta acción permitía el desarrollo normal del equilibrio biológico en el escenario de la misma naturaleza o medio ambiente donde se desenvolvía. Pero en la medida que se incrementan los grupos humanos en las comunidades y se van haciendo escasos los recursos, comienza con su desarrollo intelectual a buscar métodos que le permitan una mayor aprehensión y seguridad en la consecución de los elementos indispensables para su subsistencia, iniciándose así el ataque contra la propia naturaleza para la provisión de los recursos. Surge desde entonces el peligro de que esta actividad transformadora, inconsciente o irracionalmente, pueda convertirse en una acción depredadora, que maximice el peligro de atentar contra la propia existencia, al generar un desequilibrio ecológico incontrolable.

EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO

Ningún otro fin persigue la educación ambiental, que el de incentivar al hombre para el mantenimiento del equilibrio ecológico o de la naturaleza y, podemos decir que el gran peligro de la relación del hombre con el medio ambiente, es la generación del desequilibrio ecológico, fenómeno que aparece en forma natural, espontánea, o provocada, consciente o inconscientemente, cuando se violan las leyes de la naturaleza. Leyes que dan origen al Derecho Ecológico. Es de mayor cuidado esta educación, por cuanto se lucha por alcanzar cada vez un mayor desarrollo social, imposible de lograr sin un apuntalador y suficiente desarrollo económico, condicionado hoy ambientalmente como el desarrollo sostenible o sustentable.

El equilibrio. (del lat. aequilibrium) s. m. De manera general y simple, podemos decir que es el estado de un cuerpo en el que las fuerzas y momentos que actúan sobre él se contrarrestan. En biología, de la cual deriva la ecología, entendemos el equilibrio como la propiedad característica de la vida orgánica que se manifiesta en la tendencia a mantener las constantes fisiológicas del medio interno. Dentro de ella, en química es el estado de una reacción, cuando la velocidad con la que transcurre en un determinado sentido, es igual a la velocidad con la que transcurre en el sentido opuesto.

Al hablar de equilibrio, debemos entender la necesidad de la armonía entre diversas cosas o entre las partes de un todo, de allí la multidisciplinaridad de la ecología. Ella demanda prudencia y sensatez en los actos y juicios. El equilibrio natural o ecológico, que es nuestro campo, se representa por el conjunto de la flora y fauna de una región y del hábitat donde se desenvuelven, cuyos distintos componentes compiten entre sí por la alimentación y el espacio, y donde la reproducción de cada especie está limitada por la reproducción de otras. De allí, el evitar la preponderancia de un recurso en detrimento de otro, o evitar la destrucción o eliminación de alguno, en el límite que debilite su cooperación e interrelación necesaria para la existencia de los demás.

En ecología se estudia la necesidad de resguardar el equilibrio ecológico, para lo cual se busca el establecimiento de los factores que determinan la vida, fenómeno dialéctico cuya organización y desarrollo solo es posible mediante el equilibrio entre lo orgánico y lo inorgánico. Sobre la base de determinar los factores que inciden contra el equilibrio ecológico, para contrarrestarlos, es el enunciado final de todo nuestro estudio.

Acciones Desequilibradoras del Ecosistema

La erosión, la tala de bosques y las cosechas extraen del suelo una cantidad considerable de nutrientes que requieren ser reemplazados, pues de no hacerse, el ecosistema se empobrece. Es ésta la razón por lo que las tierras de cultivo han de ser fertilizadas. En razón inversa y con el mismo efecto, si la entrada de un nutriente excede en mucho a su salida, el ciclo de nutrientes del ecosistema afectado se sobrecarga, y se produce contaminación, la que generalmente tratada en forma etérea.

En lo científico, puede considerarse como una entrada de nutrientes que supera la capacidad del ecosistema para procesarlos. En el mismo sentido, los nutrientes perdidos por erosión y lixiviación en las tierras de cultivo, junto con las aguas residuales urbanas y los residuos industriales que van a parar a los ríos, lagos y estuarios, son contaminantes que destruyen las plantas y los animales que no pueden tolerar su presencia, su exceso, o el cambio medioambiental que producen; al mismo tiempo favorecen a algunos organismos con mayor tolerancia al cambio. Así, en las nubes llenas de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno procedentes de las áreas industriales éstos se transforman en ácidos sulfúrico y nítrico diluidos y caen a la tierra, en forma de lluvia ácida sobre grandes extensiones de los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Este hecho, indudablemente altera las relaciones ácido-base en algunos de estos ecosistemas, matando a los peces y los invertebrados acuáticos e incrementando la acidez del suelo, lo que reduce el crecimiento forestal en los ecosistemas septentrionales y en otros que carecen de calizas para neutralizar el ácido. En otra forma contaminante, muchas entradas de nutrientes al sistema proceden de la erosión y el desgaste de las rocas, del polvo transportado por el aire, y de las precipitaciones, que pueden transportar materiales a grandes distancias. De esta manera, los ecosistemas terrestres pierden cantidades variables de nutrientes, que son arrastrados por las aguas y depositados en ecosistemas acuáticos y en las tierras bajas asociadas. En ello ayuda en gran forma la acción controlada e incontrolada del hombre, generando los desequilibrios ecológicos.

Acciones de esta naturaleza han dado señales de peligro ecológico en lugares tan diferentes como la Península Escandinava, África, Nepal y las islas del Caribe, que han obligado a los entes y organizaciones preocupados por el Medio Ambiente, a dirigir su atención a la administración prudente de los recursos naturales del planeta; a los efectos mundiales de la contaminación industrial; a la eliminación de los residuos nocivos de los procesos industriales; al control de las armas de destrucción masiva; al control del uso de la energía nuclear y, en especial, a los aspectos educativos, para evitar la superpoblación incontrolada y la proliferación de las guerras como arma económica. Estas acciones contraloras son el fundamento del contenido del Derecho Ecológico o Ambiental internacional.

El hombre del nuevo Milenio, tiene conciencia de la interdependencia del Medio Ambiente y de la acción social del hombre. En este sentido, es necesario entender, que si se ha de asegurar la supervivencia de los sistemas que mantienen la vida humana, que conforman: el mundo natural de las plantas, los animales, los suelos, las aguas y el aire, sobre los cuales se construye la compleja estructura de la sociedad y el bienestar de la Humanidad, tienen que ir juntos la conservación y el desarrollo económico.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En el desarrollo del Congreso se hace énfasis en dar a los pueblos caminos hacia el Desarrollo Sostenible, concepto que hemos venido manejando en nuestra teoría del desarrollo, como elemento básico de los objetivos nacionales y la gran empresa de todos los Estados hoy día. Se le ha calificado como necesario en cuanto que debe alcanzarse y mantenerse un alto nivel de desarrollo, integral, armónico y auto sostenido, que les permita racionalizar el uso de los recursos, con equilibrio, como vimos anteriormente, en beneficio del hombre y de todos los hombre, promoviéndolo como eje y centro del mismo desarrollo, hasta convertirlo en su objeto y su sujeto.

En términos generales, entendemos el desarrollo como el proceso deliberado y continuo de transformación y progreso que, mediante cambios mentales y actitudinales obtenidos por efecto de factores educativos, políticos, socioculturales, económicos y morales, estabilizan y conservan un cuadro de orden material e inmaterial, necesario para que cada hombre, cada comunidad y cada país, mejoren su nivel y calidad de vida, pasando de una etapa particular en términos de dignidad y convivencia humanas, a otra superior, en cuanto a igualdad de oportunidades sociales, económicas y políticas, tanto en el plano nacional como en relación con sociedades que poseen patrones mas elevados de bienestar.

Para nosotros, el desarrollo, no es solo un propósito del hombre y del Estado, sino una necesidad fundamental que debe ser satisfecha sin más limitación que las posibilidades conque cuente para lograrlo, por ello, el límite del desarrollo no puede ser otro que la suficiencia de recursos, siendo por ello que su consecución o producción, se transforma en el principal objetivo a lograr. Nace entonces el llamado desarrollo sostenible, término aplicado al desarrollo económico y social, que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

Hay dos conceptos fundamentales en lo que se refiere al uso y gestión sostenibles de los recursos naturales del planeta. En primer lugar, deben satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad, comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo. Esto implica prestar atención a las necesidades, en gran medida insatisfechas, de los pobres del mundo, ya que un mundo en el que la pobreza es endémica será siempre proclive a las catástrofes ecológicas y de todo tipo. En segundo lugar, los límites para el desarrollo no son absolutos, sino que vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización social, su impacto sobre los recursos del medio ambiente y la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de la actividad humana. Es posible mejorar tanto la tecnología como la organización social para abrir paso a una nueva era de crecimiento económico sensible a las necesidades ambientales.

Es a partir de las décadas de los 70’ y los 80’ cuando se ve con claridad, que los recursos naturales estaban dilapidándose en nombre del "desarrollo", causando con su explotación indiscriminada cambios imprevistos en la atmósfera, en los suelos, en las aguas, en las plantas y en los animales, y en las relaciones entre todos ellos. Con esta visión se pudo reconocer que la velocidad del cambio era tal que superaba la capacidad científica e institucional para ralentizar o invertir el sentido de sus causas y efectos, por l que los desequilibrios ecológicos generan grandes problemas ambientales, en lo que podemos incluir: 1) el calentamiento global de la atmósfera con su efecto invernadero; 2) el debilitamiento de la capa de ozono de la estratosfera, considerado como el escudo protector del planeta contra la de los rayos ultravioleta que llegan a la superficie; 3) la creciente contaminación del agua y los suelos por los vertidos y descargas de residuos industriales y agrícolas; 4) el agotamiento de la cubierta forestal; 5) la pérdida de especies, tanto silvestres como domesticadas, de plantas y animales por destrucción de sus hábitats naturales, la especialización agrícola y la técnicas desmedidas en la pesquería; 6) la degradación de los suelos en los hábitats agrícolas y naturales, su erosión, la desertización, el empantanamiento y la salinización.

Como consecuencia, a finales de 1983, se creó en las Naciones Unidas una comisión para examinar estos problemas y sugiriera mecanismos para que la creciente población del planeta pudiera hacer frente a sus necesidades básicas. Luego de tres años de estudio, científicos, diplomáticos y legisladores de cinco continentes formularon propuestas factibles para hacer frente a los problemas, de donde surge la necesidad de la cooperación internacional para orientar la política y los acontecimientos hacia la realización de cambios necesarios; y aumentar los niveles de concienciación y compromiso de los individuos, las organizaciones de voluntarios, las empresas, las instituciones y los gobiernos. El informe presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el otoño de 1987 describe como futuro viable la adopción por parte de los gobiernos del concepto de desarrollo sostenible y la organización de estructuras nuevas, más equitativas, que permitieran cerrar el abismo que separa a los países ricos de los pobres. Sin embargo, se mantiene latente el abismo, en lo que se refiere a la energía y a la disponibilidad de los recursos, considerado como el principal problema ambiental del planeta, que es también el principal problema del desarrollo.

En todo caso, quedó claro la incorporación de consideraciones económicas y ecológicas a la planificación del desarrollo, que a criterio de los desarrollistas, requeriría toda una revolución en la toma de decisiones económicas. Esta Cumbre marca un hito histórico en la Educación Ambiental, por cuanto que allí se efectuó un trascendental ejercicio de concienciación a los más altos niveles de la política y a partir de ella, ningún político relevante podrá aducir ignorancia de los vínculos existentes entre el medio ambiente y el desarrollo. Además, dejó claro que eran necesarios cambios fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenible.

Los países pobres, por acuerdo de la Cumbre, luego ratificado en Kioto, deben recibir una participación justa o ser compensados en los recursos para sustentar el crecimiento económico; los sistemas políticos deben favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, en especial las relativas a actividades que afectan a sus vidas; en tanto que los países ricos deben adoptar estilos de vida que no se salgan del marco de los recursos ecológicos del planeta; y el tamaño y crecimiento de la población deben estar en armonía con la cambiante capacidad productiva del ecosistema. El desarrollo sostenible, como parámetro regulador del desarrollo, está sirviendo para desarrollar nuevas y más racionales tecnologías en todos los campos de la producción y la explotación de los recursos. En todo ello, tiene un campo relevante la Educación Ambiental.

LA BIODIVERSIDAD Y EL DERECHO

Una de las novedades jurídicas en materia ecológica es lo referente a la Diversidad Biológica o Biodiversidad. Ella se entiende como la abundancia de especies, ponderada o no, en un área concreta. En su expresión más simple, representa la riqueza o diversidad alfa (α) de la comunidad de un área, siendo ésta el número de especies presentes para un nivel taxonómico prefijado. La diversidad, en un sentido más estricto, ha de referirse a la abundancia relativa de las especies presentes (diversidad beta -â-).

En zonas donde existen contactos numerosos entre diferentes tipos de biotopos, y en consecuencia de comunidades animales y vegetales diferentes, se produce un efecto de aumento de diversidad por encontrarse especies típicas de cada uno de los biotopos presentes, además de otras más o menos oportunistas que se introducen en estas zonas de límites entre biotopos.

En lo que respecta a la norma jurídica ambiental, la preservación de la diversidad biológica o biodiversidad es el centro de la filosofía conservacionista actual. En este sentido, gran relevancia se le dio en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, en la cual se reunieron los jefes de estado de gran parte de las naciones del mundo para discutir sobre la conservación de la vida en el planeta. Desde entonces, incluyendo a Venezuela, se ha legislado sobre la materia, muestra de ello es la recientemente aprobada Ley sobre la Diversidad Biológica (marzo de 2000).

  • LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO ECOLÓGICO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1999

  • De manera específica, bajo la denominación y dentro del alcance ambientalista, la nueva Constitución (1999), hace marcada y reiterada insistencia sobre la protección, conservación y la educación ambiental, con cuyas normas se nutre y fortalece el Derecho ecológico. En tal sentido, en el Preámbulo se abre con lo originario del Pueblo venezolano inspirado en sus poderes creadores y guiado por grandes sentimientos de amor, necesarios para emprender todo proceso de cambio.

    Invoca la protección de Dios y se guía por la doctrina y acción de Simón Bolívar, el Libertador y como rasgo importante, reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas como habitantes originarios del país y raíz primigenia de nuestra nacionalidad, de nuestro mestizaje, de nuestros rasgos comunes de lengua, religión, territorio, población y gobierno, lo cual hizo posible a la nación, donde emergió una conciencia de libertad y de lucha por la dignidad humana, enarbolada por nuestros fundadores, quienes gracias a la constancia y al trabajo han consolidado nuestra independencia, dándonos patria libre para siempre y, comprometidos en un proceso de refundación de la República a través de profundas transformaciones destinadas a establecer una sociedad democrática, soberana, responsable, multiétnica y pluricultural, constituida por hombres y mujeres iguales, niños y niñas que son el interés superior del Estado, en correspondencia con los valores de pertenencia e identidad nacional.

    Todo este reconocimiento, con el propósito de impulsar un Estado de Justicia, mediante la promoción de una democracia social, participativa y protagónica vinculada a un Estado federal, policéntrico, descentralizado, disciplinado y coherente abierto a las demandas de la sociedad; y, en mismo sentido, sostener inalterable la independencia e indisoluble integridad de la nación y de su espacio geográfico; asegurar el derecho a la vida, la libertad, la justicia social, la igualdad sin discriminación ni subordinación por razones de conciencia o de carácter social, estado civil, político, religioso, económico, género, edad, etnia, discapacidad o de cualquier otra índole, consolidando un Estado de derecho mediante el imperio inexorable de la justicia; la cooperación con la comunidad internacional e impulsar la integración de la comunidad de naciones latinoamericanas y del Caribe, que tengan por finalidad la no intervención, el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, consecuente con la idea bolivariana de lograr el "equilibrio del universo", el reconocimiento de las diversas culturas; la promoción y desarrollo de empresas propiedad de capitales nacionales; el desarme nuclear, la inmunidad de jurisdicción y el uso de la ciencia y la tecnología con fines pacíficos para el desarrollo sustentable, la conservación del ambiente, la diversidad biológica, genética y humana, los procesos ecológicos y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de las generaciones presentes y futuras.

    Es de interés señalar que, desde el inicio del proceso constituyente fue motivación constitucional, la incorporación de materias de sumo interés social, como lo son: la protección a la familia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el de las personas adultas mayores, las personas con necesidades especiales, el derecho a la alimentación, resaltando la diversidad étnica y cultural, los pueblos y las comunidades indígenas, que integran el Título II del texto constitucional.

    Contenido Ambientalista en la Constitución de 1999

    Para ser contestes con la idea de mantener dentro del Derecho Ecológico, toda la normativa que se refiera a la actividad y tratamiento genérico de los recursos naturales en el territorio nacional; sobre los cuales hace su regulación la Ley, tanto en el aspecto de la soberanía nacional, como en la regulación de la conducta de residentes y transeúntes para la protección del medio ambiente, enunciaremos toda la normativa contenida en la nueva Constitución y en algunos casos, hacemos referencia y enunciaremos el articulado de algunas de las leyes que reglamentan la materia, hasta tanto no sea modificadas para hacerlas mas adecuadas a la realidad constitucional. Así comenzamos:

    TÍTULO II

    DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA DIVISIÓN POLÍTICA

    Capítulo I

    Del Territorio y demás Espacios Geográficos

    Artículo 11. La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se encuentren.

    Artículo 15. El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una ley orgánica de fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.

    Capítulo VII

    De los Derechos Económicos

    Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

    Artículo 113. No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.

    Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.

    Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

    Capítulo VIII

    De los Derechos de los pueblos indígenas

    Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.

    Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley.

    Artículo 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.

    Artículo 126. Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional.

    Capítulo IX

    De los Derechos Ambientales

     Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

    Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

     Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.

    Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

    En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.

    Capítulo X

    De los Deberes

     Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.

    TÍTULO IV

    DEL PODER PÚBLICO

    Capítulo I

    De las Disposiciones Fundamentales

    Sección Quinta: de las Relaciones Internacionales

    Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

    Capítulo II

    De la Competencia del Poder Público Nacional

    Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional:

    1...

    2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional.

    3...

    6. La policía nacional.

    7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.

    12. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución y la ley.

    14. La creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control corresponda a los Municipios, de conformidad con esta Constitución.

    El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país.

    El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido.

    La ley establecerá un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren situados los bienes que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros Estados.

    19. El establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo, y la legislación sobre ordenación urbanística.

    23. Las políticas nacionales y la legislación en materia de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas, turismo, ordenación del territorio y naviera.

    24. Las políticas y los servicios nacionales de educación y salud.

    25. Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal.

    30. El manejo de la política de fronteras con una visión integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad y el mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios.

    32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional.

    33. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza.

    Capítulo III

    Del Poder Público Estadal

    Artículo 164. Es de la competencia exclusiva de los estados:

    1...

    5. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción, de conformidad con la ley.

    6. La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.

    Capítulo IV

    Del Poder Público Municipal

    Artículo 178. Es de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:

    1. Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés social; turismo local; parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornato público.

    4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.

    5. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servicios de integración familiar del discapacitado al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas. Servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal.

    6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios.

    8. Las demás que le atribuya la Constitución y la ley.

    Las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se definan en la ley conforme a la Constitución.

    Artículo 179. Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:

    1...

    3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.

    Artículo 181. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Sólo podrán enajenarse previo cumplimiento de las formalidades previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas señalen, conforme a esta Constitución y la legislación que se dicte para desarrollar sus principios.

    Los terrenos situados dentro del área urbana de las poblaciones del Municipio, carentes de dueño o dueña, son ejidos, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros, válidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana. Quedarán exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas. La ley establecerá la conversión en ejidos de otras tierras públicas.

    Artículo 183. Los Estados y los Municipios no podrán:

    1...

    3. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni gravarlos en forma diferente a los producidos en él.

    Los Estados y Municipios sólo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley nacional.

    Artículo 327. La atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación. A tal efecto, se establece una: de seguridad de fronteras cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y su poblamiento y utilización será en regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás régimen de administración especial.

    Caracas, Octubre de 2000