EL DERECHO ECOLÓGICO

EL DERECHO ECOLÓGICO. CONCEPTO Y ORIGEN

Es incuestionable la interrelación entre el hombre y su sociedad, con el medio físico donde se desenvuelve, así como la acción modificante, muchas veces destructiva sobre su medio, hasta llegar a producir perturbaciones de toda índole, logrando en circunstancias, que cada vez se agravan más, los desórdenes ecológicos.

Científicos serios y optimistas, estuvieron convencidos de que la acción del hombre siempre sería positiva para la transformación de la Biosfera, bajo su acción inteligente de artificio, en una envoltura similar a una Biosfera Utópica que se conocería como Neósfera. Pero como utopía al fin, cuando el medio ambiente comienza a deteriorarse progresiva y violentamente; cuando las poblaciones crecen vertiginosamente; cuando los bosques desaparecen y las aguas cada día son más escasas y contaminadas; cuando los recursos energéticos se hacen más escasos y caros; y cuando las ciudades se llenan de "Smog" , que impide la respiración y produce molestias visuales y en la piel; es entonces cuando el hombre se da cuenta de que su acción destructiva se reinvierte como fenómeno natural en venganza de la propia naturaleza, apareciendo entonces la necesidad de normar tal acción, valiéndose para ello del Derecho.

Nace así el Derecho Ecológico, el cual podemos definir como el "conjunto de normas jurídicas de carácter coercitivo, que regulan la acción del hombre en el usufructo de la naturaleza y sus recursos naturales, y le fija el límite de su intervención y modificación, tanto en la explotación, como en el aprovechamiento de los recursos naturales, para evitar su deterioro o degradación irreversible, que pudieran poner en peligro el futuro de la misma sociedad". En tal sentido, se fundamenta en los principios de las ciencias ecológicas, y en la racionalidad de la conducta humana en el marco de lo imprescindible y de lo permisible.

EL DERECHO Y LA ECOLOGÍA

Hemos visto, que el desarrollo, fin deseado y perseguido por toda la humanidad, se dirige al mejoramiento evolutivo de la sociedad traducido en bienestar material y espiritual para todos sus miembros, pero simultáneamente conlleva a la transformación del medio ambiente o ecosistema, muchas veces en forma incontrolada o irracional, cuyos efectos tienden a producir el "desequilibrio ecológico" hasta niveles críticos y peligrosos para la supervivencia humana.

Durante las décadas de 1970 y 1980 empezó a quedar cada vez más claro, que los recursos naturales estaban dilapidándose en nombre del "desarrollo" y en tal sentido, se estaban produciendo cambios imprevistos en la atmósfera, en los suelos, en las aguas, en la vegetación, en los animales, y en las relaciones entre todos ellos. Ante esta situación, fue necesario reconocer que la velocidad del cambio era de tal magnitud, que superaba la capacidad científica e institucional para ralentizar o invertir el sentido de sus causas y efectos.

Esta situación, producto del factor social, ha obligado a la misma sociedad a concebir formas de control de la acción devastadora del hombre y a regular las propias actividades del desarrollo hasta racionalizarlas, apareciendo en esta forma el "Derecho Ecológico".

Necesariamente, la ecología sirve de instrumento para que el hombre interprete al medio ambiente como ecosistema y se percate de la interacción que hacen los seres vivos que en él intervienen, entre ellos el mismo hombre. La Ecología en este enfoque, pasa a constituirse, no solamente en ciencia de la naturaleza, sino una nueva concepción del mundo, que a decir de Lutzemberger "La Ecología es una generalización, una visión global de las cosas, es la visión sinfónica del universo como sistema racional integrado".

Esta ciencia que originalmente formaba parte de la Botánica, fue invadiendo los demás campos de las ciencias naturales, y debido a la comprobada relación de los fenómenos físicos con los sociales, sirvió esto de estímulo, para que también las ciencias jurídicas intervinieran en la normatización de la relación del hombre con los cambios de la naturaleza, de tal manera que sus actividades sean compatibles con el equilibrio de los ecosistemas, prescribiendo aquellas conductas que vayan en detrimento, perturben o deformen el medio ambiente. En tal sentido, el Derecho, fundamentándose en la Ecología, debe velar porque el hombre sea racional en la explotación de los recursos naturales, y que al necesitar modificar el ecosistema natural, simultáneamente cumpla con las normas que lo obligan a preservarlo, conservarlo y más aún, mejorarlo para evitar la producción de daños irreversibles.

EL DERECHO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA

Hemos de entender hoy, como una creciente necesidad de los pueblos y de las naciones, el contenido filológico de las normas jurídicas que tienden a regir el manejo y la preservación de los recursos naturales. Es decir, la norma general preventiva y punitiva para la protección del medio ambiente natural o hábitat del hombre. La norma, que comprendiendo a la naturaleza como su objeto, regule y establezca como su sujeto a la propia conducta social del hombre. Son las normas del Derecho Ecológico , que en un sentido coloquial generalizado pero no restrictivo, se le conoce como Derecho Ambiental, cuya base fundamental en Venezuela ha sido hasta ahora la Ley Orgánica del Ambiente. Ley marco que establece las políticas generales que dirigen los ámbitos en la materia, para atender la interrelación que debe existir armónicamente en el ecosistema venezolano.

En el contenido de estas normas, debe entenderse como naturaleza, todo lo que fluye espontáneamente y cuya existencia depende de sus propias leyes. Ella encierra para el derecho, todo lo que se ofrece de una manera natural: aire, suelo, agua, flora, fauna y minerales, pero entendidos, no como objetos inanimados, sino en movimiento e interrelacionados estrechamente conformando un todo, que para la Ecología, ciencia rama de la Biología, constituye un ecosistema global, por lo que, en el sentido de globalidad actual, no escapa a ningún pueblo de la tierra la concepción que de la naturaleza tiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , al que menciona como Medio Humano, encerrando en él, además de los recursos antes mencionados, a los Recursos Vitales Renovables (RVR): capacidad productiva de la tierra y los Recursos no renovables, todo dentro de una interrelación con la sociedad, su protección y conservación, encaminados a proporcionar bienestar al ser humano, y en términos generales, a la preservación de la especie en el planeta.

LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO ECOLÓGICO EN VENEZUELA

Amplitud de la norma legal venezolana

Nada más importante en la educación del Estado, que la enseñanza de la normativa jurídica que ampara y orienta la praxis del deber ser, por ello, cuando nos corresponde referirnos al cuadro o contexto en el que se desarrolla la norma jurídica ecológica o ambiental, debemos reconocer que la legislación venezolana es amplia en la consideración de la naturaleza como objeto del Derecho Ecológico. En cuanto a la norma legal, en Venezuela, el Derecho Ecológico o Ambiental, tiende a preservar el equilibrio ecológico como factor necesario para mejorar y mantener la calidad de la vida y la propia existencia del hombre, fundamento del desarrollo.

El numeral 14 del artículo 2 de la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica establece que:

"La educación ambiental como un proceso continuo, interactivo e integrador, orientado a crear conciencia en los ciudadanos, ciudadanas y comunidad en general, para la participación protagónica en la gestión compartida de la diversidad biológica".

La Ley Orgánica del Ambiente establece en su artículo 34, que:

"La educación ambiental tiene por objeto promover, generar, desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos, aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, que se reflejará en alternativas de solución a los problemas socio-ambientales, contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo la premisa del desarrollo sustentable".

De igual manera establece en su artículo 35 como "Lineamientos para la educación ambiental":

1. Incorporar una signatura en materia ambiental, con carácter obligatorio, como constitutivo del pensum en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bolivariano, dentro del continuo proceso de desarrollo humano, con el propósito de formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables, garantes del patrimonio natural y sociocultural en el marco del desarrollo sustentable.

2. Vincular el ambiente con temas asociados a ética, paz, derechos humanos, participación protagónica, la salud, el género, la pobreza, la sustentabilidad, la conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural, la economía y desarrollo, el consumo responsable, democracia y bienestar social, integración de los pueblos, así como la problemática ambiental mundial.

3. Desarrollar procesos educativos ambientales en el ámbito de lo no formal que promuevan y fortalezcan el derecho a la participación de ciudadanos, ciudadanas y comunidad en general, en el marco de una gestión del ambiente en forma compartida.

4. Incorporar la educación ambiental para el desarrollo endógeno sustentable, desde una perspectiva participativa, crítica, influyente, transformadora de los sistemas productivos que reconozca la diversidad cultural y ecológica en el ámbito de la organización social.

5. Promover el diálogo de saberes, como base del intercambio, producción y difusión de información en los procesos educativos ambientales para generar acciones colectivas en el abordaje y solución de problemas socio ambientales.

En el artículo 36 establece que:

"Las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, responsables en la formulación y ejecución de proyectos que impliquen la utilización de los recursos naturales y de la diversidad biológica, deben generar procesos permanentes de educación ambiental que permitan la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable";

Y el 37 establece que:

"Las instituciones públicas y privadas deberán incorporar principios de educación ambiental en los programas de capacitación de su personal".

SUJETO Y OBJETO DEL DERECHO ECOLÓGICO

Es obvio, que el sujeto del Derecho Ecológico es la conducta social del hombre; y en cuanto al objeto, atendiendo al criterio o concepto de Jiménez de Asúa , como: "el conjunto de intereses y bienes tutelados por el derecho", evidentemente que en nuestro estudio, el objeto del Derecho Ecológico es la naturaleza o medio ambiente, el cual envuelve los elementos más importantes para la vida como lo son los recursos naturales, que en el ámbito programático se transforman en el objeto específico de las normas positivas del Derecho Ecológico.

También, como naturaleza se entiende todo lo que fluye espontáneamente y su existencia depende de sus propias leyes. Ella encierra para el derecho, todo lo que se ofrece de una manera natural: aire, suelo, agua, flora, fauna y minerales, pero entendidos, no como objetos inanimados, sino en movimiento e interrelacionados estrechamente conformando un todo, que para la Ecología, como hemos dicho, constituye un ecosistema global.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) , el término Naturaleza lo menciona como Medio Humano, encerrando en él, además de los recursos antes mencionados, a los Recursos Vitales Renovables: capacidad productiva de la tierra y los Recursos no renovables, todo dentro de una interrelación con la sociedad, su protección y conservación, encaminados a proporcionar bienestar al ser humano, y en términos generales, a la preservación de la especie en el planeta.

Nuestra legislación es amplia en la consideración de la naturaleza como objeto del Derecho Ecológico, así tenemos, como la nueva Constitución de la República se atiende en forma amplia a los denominados derechos ambientales, que vienen a ser los derechos que tiene cada ciudadano sobre el espacio vital del ambiente o naturaleza, los cuales debe garantizar el Estado. En tal sentido, en su Exposición de Motivos expresa:

"En lo que se refiere a los derechos ambientales, la Constitución, además de establecer por vez primera en nuestra historia constitucional un Capítulo especialmente dedicado a los mismos, supera, con una visión sistemática o de totalidad, la concepción del conservacionismo clásico que sólo procuraba la protección de los recursos naturales como parte de los bienes económicos".

En efecto, anteriormente la protección jurídica del ambiente se caracterizaba por una regulación parcial cuyo principal objeto era la conservación de los recursos naturales. Ahora, impulsados por una necesidad y una tendencia mundial, los postulados constitucionales exigen que la normativa en esta materia responda a políticas ambientales de amplio alcance que se inscriban en los parámetros contenidos en los tratados internacionales de carácter ambiental, todo ello con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, en el que el uso de los recursos por parte de las presentes generaciones no comprometa el patrimonio de las futuras.

La Constitución en su preámbulo señala entre los fines que debe promover nuestra sociedad, la protección del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Consecuente con ello, el texto constitucional se caracteriza por desarrollar con la amplitud necesaria, los derechos y deberes ambientales de cada generación, y por reconocer el derecho que ellas tienen a un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Destaca, en este sentido, la necesidad de mantener un eficaz desarrollo de la seguridad ambiental en las fábricas y complejos industriales.

Así, el Estado, con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica; al tiempo que velará por un medio ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, gocen de especial protección. De igual manera, el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio que atienda a las exigencias del desarrollo sustentable, la cual deberá contar con la participación ciudadana.

Por otra parte, como una garantía insoslayable para la protección del ambiente se dispone que en todos los contratos que la República celebre, o en los permisos que se otorguen, que afecten recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, todo ello en los términos que determine la ley."

Pudiéramos ampliar aún más el objeto del Derecho Ecológico, si consideramos que él tiende a: preservar el equilibrio ecológico, mejorar y mantener la calidad de la vida y la propia existencia del hombre, de esta manera, envolvemos dentro de la definición del objeto, a decir de Jiménez de Asúa, a: "los intereses y bienes tutelados por el Derecho".

CONTENIDO DEL DERECHO ECOLÓGICO

Al definir el Derecho Ecológico, expresamos que es un "conjunto de normas jurídicas que regulan la acción del hombre en el usufructo de la naturaleza y sus recursos naturales, y le fija el límite de su intervención y modificación, para evitar su deterioro o degradación irreversible".

En el entendido de esta definición, podemos apreciar varias ideas:

Que es un conjunto normativo jurídico;

Que es regulador de la conducta del hombre en el usufructo de la naturaleza; y

Que le fija el límite de su intervención.

Apreciamos entonces, que este derecho es un conjunto normativo que comprende todo lo inherente al usufructo de los recursos naturales, lo cual abarca todas las acciones del hombre sobre los recursos naturales, y con ellos, a la propia naturaleza.

Con otro punto de vista, dada la estructura que le hemos impartido a este novedoso Derecho, debemos referirnos al contenido de la ciencia natural que le da el fundamento natural a lo formal del Derecho. De allí, que al referirnos a su contenido, relacionamos todos los conjuntos normativos específicos, que se refieren de una u otra forma: a la naturaleza, a los recursos naturales, al medio ambiente, y a la acción social del hombre dentro del ecosistema.

En este orden de ideas, relacionamos a los siguientes conjuntos normativos, como integrantes del contenido del Derecho Ecológico:

El Derecho para la Protección Ambiental y para la Regulación de las Actividades Degradantes del medio ambiente y de los recursos naturales

El Derecho para la Gestión de la Diversidad Biológica

El Derecho Agrario y de Regulación y Ordenación de las Actividades del Campo

El Derecho Minero y de Hidrocarburos

El Derecho para la Ordenación Territorial y para la Ordenación de los Espacios Naturales

El Derecho para la Protección de los Recursos Naturales Renovables

El Derecho Especial para las Jurisdicciones: Agraria, Acuática y Penal del Ambiente

El Derecho para la Defensa Sanitaria Vegetal y Animal

Cada uno de estos Derechos está integrados por sendos conjuntos normativos, que comprenden: leyes, reglamentos, ordenanzas, resoluciones y otros instrumentos jurídicos.

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO ECOLÓGICO

El Derecho Ecológico, como disciplina y conjunto normativo, está conformado como derecho objetivo y es ley; tiene por lo tanto poder jurídico. Es una realidad con existencia propia, que tiene un contenido integral que abarca con sus normas el derecho adjetivo penal, al integrarse en él la normativa especial penal ecológica, con la denominación de ambiental, y pudiéramos considerar como sus características, las siguientes:

1. Se deriva del Derecho natural

Una característica muy especial del Derecho Ecológico, se manifiesta por la derivación de sus normas de los principios inmutables del derecho natural. Es derecho positivo, derecho público, administrativo, penal y procesal, con grandes relaciones con el derecho civil y con el derecho mercantil, entre otros.

2. Es multidisciplinario

El Derecho Ecológico es una nueva y obligada concepción del derecho, que al emerger de la interrelación normativa de la Ecología con la actividad cultural del hombre; se nutre de la múltiple relación científica y disciplinaria de ésta, al mismo tiempo que se complementa, reúne y relaciona las diferentes ramas del derecho, que tienen que ver con la naturaleza y con los recursos naturales. Es así, como podemos calificarlo de multidisciplinario.

3. Es de carácter e interés públicos.

El Derecho Ecológico es eminentemente público, cuyas normas persiguen el beneficio colectivo y están orientadas al bien común. Específicamente, a la preservación de la naturaleza y con ella, la seguridad de existencia de los recursos naturales, fundamentales para la subsistencia. Se fundamenta especialmente en normas imperativas que imponen patrones de conducta de obligado cumplimiento, y crea los entes administrativos encargados del resguardo de su cumplimiento y los órganos jurisdiccionales correspondientes. Es un Derecho que obliga al Estado a actuar al ser violado.

En la vigente Constitución, asegura el constituyente la fortaleza de la norma jurídica para enfatizar en el interés público, general y social. En la exposición de motivos expone:

«…anteriormente la protección jurídica del ambiente se caracterizaba por una regulación parcial cuyo principal objeto era la conservación de los recursos naturales. Ahora, impulsados por una necesidad y una tendencia mundial, los postulados constitucionales exigen que la normativa en esta materia responda a políticas ambientales de amplio alcance que se inscriban en los parámetros contenidos en los tratados internacionales de carácter ambiental, todo ello con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, en el que el uso de los recursos por parte de las presentes generaciones no comprometa el patrimonio de las futuras.

La Constitución en su preámbulo señala entre los fines que debe promover nuestra sociedad, la protección del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad…».

4. Es conservacionista

El contenido del articulado de la Constitución, establece normas que dan imperio al Estado para el resguardo y conservación del ambiente y de los recursos naturales, incluyendo las normas rectoras dentro de lo que consideró el constituyente como parte de seguridad del Estado. Es así como dentro de los principios de seguridad de la Nación en su Artículo 326 establece:

«La seguridad de la Nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar».

Para los efectos del Derecho Ecológico, el concepto Defensa y Conservación, significa: utilización racional de los recursos en función del beneficio colectivo para las actuales y futuras generaciones, de donde se desprende la necesidad de crear una conciencia conservacionista, que permita armonizar bajo este criterio, la explotación de los recursos en el presente, con la idea de perennizarlos para el futuro.

En la Exposición de Motivos, la Constitución expresa:

«…impulsados por una necesidad y una tendencia mundial, los postulados constitucionales exigen que la normativa en esta materia responda a políticas ambientales de amplio alcance que se inscriban en los parámetros contenidos en los tratados internacionales de carácter ambiental, todo ello con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, en el que el uso de los recursos por parte de las presentes generaciones no comprometa el patrimonio de las futuras».

5. Es un Derecho especial

La generalidad de los conjuntos normativos que integran el Derecho Ecológico, establecen procedimientos y órganos administrativos y jurisdiccionales especiales, que atienden a la materia con exclusividad o en prioridad funcional. Existe también desde hace varios años en Venezuela, una normativa que atiende la categoría delictiva especial en materia ambiental o ecológica, con lo que se da relevancia e importancia a la gravedad del problema ecológico, cuya acción delictiva se deriva del maltrato y uso irracional, doloso o culposo, de los recursos naturales. Es la Ley Penal del Ambiente, el instrumento normativo penal, que contempla en una concepción positiva, el delito ecológico autónomo.

6. Es un Derecho de espacialidad y jurisdicción nacional y universal

Su ámbito traspasa las fronteras. Los problemas que atiende el Derecho Ecológico, normalmente sobrepasan la espacialidad geográfica del Estado que jurisdicciona, por lo que frecuentemente y de manera periódica y evolutiva en el presente, hay convenciones binacionales y multinacionales, para acordar normas comunes y complementarias, que permitan controlar la incidencia sobre recursos comunes o de efecto multinacional.

Hoy día, comprendida la interrelación espacial de existencia de los recursos dentro de un mismo macrosistema, está obligando a la humanidad a emprender acciones comunes internacionales sobre los problemas que afectan a los recursos naturales, y más específicamente al medio ambiente. El interés social internacional, con base a esta característica del Derecho y al interés colectivo, ha llegado a considerar algunas zonas del planeta y a algunos recursos, como patrimonio universal.

7. Es un Derecho preventivo

No obstante que el Derecho Ecológico puede considerarse como de carácter punitivo, represivo o sancionador; en el fondo, por lógica concepción filosófica, se caracteriza por ser preventivo. El persigue en primera instancia, y así se establece, casi como generalidad en las normas de la mayoría de los instrumentos que lo integran, una función educativa, orientada a reglamentar las acciones y omisiones del hombre, para crear conciencia sobre la necesidad general de la preservación y conservación de los recursos. En este sentido, podemos apreciar en la redacción de las normas, un lenguaje preventivo.

8. Es una normativa técnica

Una característica sui-generis, como ocurre hoy día con muchas de las normas jurídicas, es la relativa al contenido técnico del Derecho Ecológico, guiado por las concepciones científicas de las disciplinas que conforman, se relacionan u orientan a la Ecología. En tal sentido, las normas que se establecen en materia de este Derecho, comprenden en primer lugar, la orientación del Derecho Natural que hemos indicado y la adecuación de las normas, al cumplimiento de procedimientos derivados de la técnica, y aunque redundemos, de la tecnología aplicada a las disciplinas que lo fundamentan.

EL DERECHO ECOLÓGICO Y EL DERECHO NATURAL

La relación entre el mundo de lo natural y el mundo de lo cultural, ha sido en cierta forma el punto de partida de la experimentación científica. El distinguir la razón de las cosas, bien sean éstas el producto de fenómenos naturales o de la elaboración del hombre, es en cierta forma el objeto de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias culturales.

Principio de la Causalidad en las Leyes

En el mundo de la naturaleza, las leyes se rigen por el principio de la causalidad: dada una causa se produce un efecto. Son verdades inexorables dentro de la ley del "ser"; mientras que en el mundo de la cultura, las leyes corresponden al "deber ser", sin condición de inexorabilidad. En ellas encontramos al Derecho, cuyas normas, antes de ser inexorables, son patrones de conducta del deber ser, constituyentes de actos de acción u omisión, cuya violación se transforma en acto delictivo.

Dentro de la evolución filosófica del Derecho, la Escuela del Derecho Natural defendió el postulado fundamental que podemos resumir en lo siguiente: Existe un derecho ideal superior al Derecho Positivo, igual para todos los hombres y en todos los lugares, anterior a la aparición del Estado, por lo cual, éste debe limitarse a fijar normas que garanticen los principios dictados por él.

El "orden supremo" de los naturalistas, a través de los tiempos, ha sido identificado de diferentes maneras. En la Antigua Grecia se le consideraba basado en lo más íntimo de la "naturaleza humana".

El Derecho Ecológico y el Derecho Divino

Heráclito se refería a un "Derecho Divino", distinto de las leyes propias de los Estados. Basándose en el testimonio de los sentidos, concibió la realidad como algo siempre cambiante, siempre en movimiento, enunciando este principio con su «todo fluye». El origen de este eterno cambio está en la lucha de los contrarios: el calor y el frío, el día y la noche, etc., y esta lucha está simbolizada por el fuego, principio elemental de la naturaleza.

Las teorias del derecho no escrito

Hipias sostenía la existencia de un "Derecho no escrito" igual para todos los países, otorgado por los Dioses. Al igual que Protágoras, Critias, Pródico y Gorgias, trasladaron su atención de la naturaleza al hombre. En contrario, Sócrates a través de Platón, sostenía una idea eterna y superior de la vida. Defienden que la ciencia está constituida por afirmaciones universales inmutables y necesarias, y sostiene asimismo que el hombre, utilizando la razón, puede obtener conocimientos de esas características.

Cuando Sócrates habla de ciencia, se refiere sólo a la moral, reduciendo la ciencia a cómo ha de ser el comportamiento humano. Identifica además la ciencia con la virtud: ser virtuoso consiste en realizar el bien, y nadie -piensa él- hace el mal a sabiendas: obrar mal es fruto de la ignorancia y, cuando se conoce el bien, necesariamente se hace.

La teoría Idealista de Platón

Platón desarrolló la teoría idealista, para la que, además del mundo sensible, existe el mundo de las ideas, en el que radica la única realidad y al que sólo se puede acceder a través de la razón y la ciencia.

La teoría aristotélica de la Realidad de los Objetos

Aristóteles culminó el desarrollo de la filosofía enunciando la metafísica, que convierte la idea platónica en la forma, la cual, al unirse con la materia, constituye la sustancia, es decir, la realidad concreta e individual.

La obra de Aristóteles es la síntesis del pensamiento griego de su época. Aristóteles formuló una teoría según la cual el conocimiento humano se basa en la realidad de los objetos del mundo sensible a través de los datos e informaciones que suministran los sentidos. En su lógica, Aristóteles expone las categorías del ser y las clasifica en diez tipos, distinguiendo entre ellas la sustancia, de un lado, y los nueve accidentes (cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, etc.), de otro.

Cada realidad es un compuesto de materia y forma (teoría hilemórfica o hilemorfismo): la materia es el principio de los caracteres individuales y la forma es universal y posibilita el conocimiento científico, que se obtiene mediante la abstracción. Los conceptos de materia y forma los utiliza también Aristóteles para explicar el cambio y para dar su visión de la naturaleza y del hombre. En éste, el cuerpo es la materia y el alma la forma; cuerpo y alma constituyen una unidad substancial.

En su ontología, o teoría del ser, establece Aristóteles otra noción básica, la distinción entre acto y potencia, y concibe a Dios como sumo ser, acto puro, principio del devenir y motor del universo. En ética mantiene que el objetivo de la vida humana es la felicidad. En política sostiene que el hombre es por esencia un animal social y, como la sociedad perfecta es el Estado, el hombre igualmente es un animal político. Escribió la primera metafísica de la historia, a la que él aplicó el nombre de «filosofía primera», que estudia el ser como tal, el ser en general subyacente a todas las cosas. Enfocó el problema del ser desde cuatro causas principales: sustancia y forma, materia y fin. Sus conocimientos biológicos son asombrosamente exactos y sus conceptos psicológicos no fueron rebatidos hasta entrado el s. XIX. Sus obras principales son: Organón, Metafísica, Política, Ética a Nicómaco, De Anima, etc.

Es el filósofo de más influencia en la vida intelectual de la civilización occidental, sobre todo en el Medievo (Santo Tomás de Aquino, Averroes). Su Retórica y su Poética tuvieron plena vigencia en el Renacimiento.

RELACIONES DEL DERECHO ECOLOGICO CON OTRAS CIENCIAS Y OTRAS RAMAS DEL DERECHO

Al ubicar al Derecho Ecológico, tal como hemos indicado, como una rama del Derecho Público, que contiene el conjunto de normas jurídicas de carácter coercitivo, establecidas con el fin de racionalizar la conducta del hombre en el marco de lo permisible, para la explotación y usufructo de los recursos naturales; y al entender que el mismo se relaciona por su objeto, con las ciencias ecológicas que como hemos indicado, tienen un carácter multidisciplinario; adquiere también esta característica de la ecología, obligándolo a relacionarse con otras ramas jurídicas que también se relacionan con esta ciencia.

Este conjunto de normas jurídicas generalmente se ubican como derecho internacional, pero en cada Estado se adapta a la doctrina y a los principios establecidos en su carta magna o leyes específicas, como ocurre en Venezuela.

Muchos teóricos de la materia, consideran que el Derecho Ecológico invade todas las ramas del Derecho, lo que consideramos es una realidad y así lo hemos indicado; y en tal circunstancia, el objeto tutelado por este derecho, que como hemos indicado es la Naturaleza, tiene que ver con el régimen jurídico-administrativo del Estado, con el de las relaciones Estado-individuo, y el de los individuos entre sí.

De esta manera, el Derecho Ecológico se relaciona, entre otras, con las siguientes ramas del Derecho:

Con el Derecho Constitucional

El derecho constitucional es la rama del derecho público interno que tiene por objeto la regulación de la organización y funcionamiento de los poderes del Estado y el sistema de garantías de los particulares, mediante limitaciones del poder público.10

Conforme a la doctrina, de la relación entre las ciencias jurídica y política, surge el concepto de Constitución o ley fundamental de un Estado soberano, que de manera escrita o no, se establece y acepta como guía para su gobernabilidad. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, estableciendo las bases del gobierno y la garantía de los derechos ciudadanos.

Es de reconocer el amplio contenido normativo que en la materia incluyó el constituyente venezolano en la nueva Constitución de 1999. Sin embargo, para ser sinceros y no pecar de ingenuos o neófitos, no debemos exaltar, como se ha hecho, valorando esta acción constituyente, como una novedad idearia que tiende a desmeritar a los anteriores legisladores, por cuanto, aunque no con el amplio contenido actual, la Constitución derogada de 1961, contemplaba normas precisas y desarrolladas legalmente, que sirvieron y servirán como normas de doctrina para engranar el contenido del nuevo Derecho Ecológico y Ambiental. Es digno de recordar la norma de la Constitución de 1961, cuyo Artículo 106° contemplaba: "El Estado atenderá a la defensa y conservación de los recursos naturales de su territorio, y la explotación de los mismos estará dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos."

En esta norma podemos percibir el efecto e interés colectivo y generalizado de la norma ecológica o ambiental, dirigida, como siempre lo ha sido, hacia el beneficio colectivo.

De igual manera, es de recordar el contenido del Art. 7º de la derogada Constitución, el cual vinculaba los recursos naturales con el Territorio Nacional, al indica que:

"La soberanía, autoridad y vigilancia sobre el mar territorial, la zona marítima contigua, la plataforma continental y el espacio aéreo, así como el dominio y explotación de los bienes y recursos en ellos contenidos, se ejercerán en la extensión y condiciones que de-termine la ley"

Así, al englobarlos con él, los incluía en la prohibición que establecía en el Art. 8º, cuando decía:

"El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcial-mente, a potencia extranjera. Los Estados extranjeros sólo podrán adquirir, dentro del área que se determine, mediante garantías de reciprocidad y con las limitaciones que establezca la ley, los in-muebles necesarios para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares. La adquisición de inmuebles por organismos internaciona-les sólo podrá autorizarse mediante las condiciones y restricciones que establezca la ley. En todos estos casos quedará siempre a salvo la soberanía sobre el suelo."

Por otra parte, creemos obvio y por lo tanto innecesario, referirnos a los aspectos jerárquicos del instrumento constitucional y a la subordinación que todo el derecho nacional tiene de él.

Con el Derecho Administrativo

El Derecho Administrativo es la rama del Derecho Público que tiene por objeto la Administración pública, entendida ésta, como la actividad a través de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de éste tienden a la satisfacción de intereses colectivos.

En los Estados modernos tanto la administración como la jurisdicción se encuentran reguladas por la normativa administrativa general o especial, donde cabe distinguir ambas funciones, dándole a los órganos correspondientes el fundamento jurídico para el ejercicio de la función de juzgar, y por la vía administrativa, a la realización de los intereses generales.

En este sentido, tanto el Derecho Administrativo en específico y la normativa derivada de él, como lo es el Derecho Ecológico, establecen las acciones fundamentales para el establecimiento de la garantía en el ejercicio del derecho y el marco dentro del cual estará delimitado este ejercicio; es decir, el marco de la vida colectiva para el orden de convivencia, garantizando cuáles son los ámbitos dentro de los que pueden desarrollarse las iniciativas privadas y cuáles las posibles conductas de los particulares, realizadas dentro del mantenimiento de la tranquilidad y el orden público; o bien, definiendo derechos, como en el caso del usufructo de los recursos naturales, o la limitación de las posibilidades de actuación, como cuando establece una prohibición, una tasa, un impuesto o una contraprestación, o cuando hace una concesión, para poner en manos de particulares ciertos bienes, o la prestación de determinados servicios.

La relación también se manifiesta, al no haber dudas de que en su mayoría, el conjunto de instrumentos normativos que integran el Derecho Ecológico, pertenecieron al Derecho Administrativo, del cual se separaron como derecho autónomo, dada la importancia que las materias que atiende, tienen para el Estado; y más que para él, es indiscutible la interrelación y características de especialidad del Derecho Ecológico que antes mencionamos, en la vida pública nacional. Sin embargo, debemos entender, dentro de un criterio de interrelación y derivación jurídica, que atendiendo a las diferentes doctrinas jurídicas, el Derecho Ecológico se mantiene condicionalmente dentro de la estructura jurídica del Derecho Administrativo, del cual se nutre para comprender y accionar los procesos administrativos y jurisdiccionales que les son inherentes.

Con el Derecho Civil

Por su interrelación con el Derecho Administrativo, el Derecho Ecológico se relaciona en muchas materias con el Derecho Civil, siendo éste en muchos casos supletorio de aquél en todo lo que se refiere a actos y contratos propios de los particulares y de éstos con el Estado, cuando no existan normas expresas que determinen procedimientos especiales que lo ubique como norma del derecho público.

Son de relación entre el Derecho Ecológico y el Derecho Civil, lo relativo a las personas y al tratamiento de los bienes del dominio público administrados bajo el régimen del derecho civil, siendo de mayor relevancia mencionar, que una de las relaciones más estrechas entre estos derechos, está referida a las restricciones de la propiedad que establecen muchos instrumentos normativos del Derecho Ecológico, y fundamentalmente, en el tratamiento de la materia sobre expropiación con fines de utilidad pública.

No podemos olvidar que, el Derecho civil es el conjunto de normas e instituciones destinadas a la protección y defensa de la persona y de los fines que son propios de ésta. En nuestro caso, es relevante lo referente: al derecho de obligaciones y contratos; a los arrendamientos; a la responsabilidad civil; a los derechos reales (posesión, propiedad, registro de la propiedad, derechos reales sobre cosas ajenas); al derecho de familia (parentesco, matrimonio, filiación, patria potestad, tutela); al derecho de sucesiones (testamento, herencia, legados, sucesión intestada).

Pero la mayor relevancia en esta relación con el Derecho Ecológico, la encontramos cuando aceptamos la consideración del Derecho Civil con un valor paraconstitucional y como Derecho común, complementario de otros derechos y leyes, cuyas lagunas llena.

Como fuente del derecho civil, aplicado al derecho ecológico, podríamos mencionar el principio de responsabilidad civil por hecho ilícito consagrado en el Art. 1.185 del Código Civil venezolano, cuyo contenido es el siguiente:

"El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe, igualmente, reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto, en vista del cual le ha sido conferido el derecho".

Obviamente, en este contenido normativo, se requiere el daño a otra persona, inclusive en los daños contemplados como ecológicos, siendo un recurso para lograr imponer la responsabilidad civil a quien causare un daño a otro, cuyo daño esté incluido dentro de los parámetros del contenido del Derecho Ecológico.

Debemos aclarar que existe gran dificultad, en establecer la responsabilidad civil en esta materia, atendiendo a que el Derecho Civil es la expresión jurídico-formal de las relaciones de intercambio individual dentro de la sociedad y por ende, tal responsabilidad por el ilícito prospera en el marco de la capacidad individual para responder por los actos que lesionan dolosa o culposamente el derecho patrimonial de otro.

En este aspecto, la legislación en materia de Derecho Ecológico tiende a establecer responsabilidades de esta índole, considerando el interés colectivo o de la comunidad, bajo la tutela del propio Estado y los entes que lo representan.

Con el Derecho Penal

Es tal vez el Derecho Penal, por su condición de contener como derecho público interno, las normas relativas a los hechos punibles y las sanciones aplicables a quienes resulten culpables, la rama del Derecho que más interés ha tenido para el Derecho Ecológico, por constituirse en el respaldo por vía directa y supletoria, de su acción coercitiva. Sirve además, de fundamento y calificación integrante de los instrumentos normativos ecológicos, los cuales contienen normas dispositivas de carácter penal, considerando al ilícito ecológico como una categoría antijurídica capaz de constituirse en delito, para cuya violación se establecen las penas correspondientes.

El Órgano Legislativo venezolano, ha definido el contenido normativo de la Ley Penal del Ambiente, como un conjunto de normas específicamente penales, separadas de la legislación orgánica de la materia ambiental, como lo es la Ley Orgánica del Ambiente, pero orientadas por ésta, tal como lo expresa en su contenido.

En las reformas hechas a la Ley Orgánica del Ambiente, se contempla con especificidad a la Ley Penal del Ambiente, toda vez que ella crea la Jurisdicción Especial Penal Ambiental, para el conocimiento y decisión de las causas provenientes de acciones u omisiones tipificadas como delito por "la ley especial respectiva", ordenando que la organización, composición y funcionamiento de los órganos de esta Jurisdicción Especial, se rija por las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, en la propia ley orgánica correspondiente y en el Reglamento interno de los Circuitos judiciales penales ambientales.

Con el Derecho Internacional.

El Derecho internacional público, como rama del derecho público externo, está constituido por el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los Estados y entre éstos con otros sujetos internacionales entre sí, y con los derechos y deberes recíprocos que les corresponden.

Por ser el Derecho internacional público quien contiene el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional, en otra época llamado iusgentium o Derecho de gentes, por ser además, el ente normativo que regula las relaciones entre los pueblos, cuya noción está vinculada a la del Derecho natural, es por lo que se relaciona con el Derecho Ecológico.

Hoy en día tiene gran relevancia esta interrelación, por la importancia, que además de los Estados como sujetos del Derecho Internacional, han tomado las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales (ONG), de donde han surgido una serie de instrumentos normativos bilaterales y multinacionales, para la regulación de las acciones contra la naturaleza y contra los recursos naturales del planeta.

Atendiendo a la característica mencionada de la espacialidad universal del Derecho Ecológico, es de gran necesidad su interrelación con el Derecho Internacional, ya que con él puede dar especificidad a la normativa como instrumento de coexistencia y cooperación entre los Estados; la regulación de las competencias vinculadas al territorio, sobre los espacios de interés internacional (espacios aéreos, cursos de agua internacionales, ecosistemas comunes), y el respecto de la población sobre estas competencias.

En esta rama jurídica del derecho público externo, también se ha avanzado, al ser considerado el delito ecológico como un delito universal, lo cual da igual calificativo al Derecho. Se han enlazado y procesado diferentes acuerdos bi y multilaterales para atender áreas regionales o mundiales en materia del Derecho Ecológico.