La Legislación Ambiental y el día de la Tierra

Enrique Prieto Silva

Es frecuente la propuesta de nuevas leyes para el manejo ambiental, en el marco de un ambientalismo insurgente y promocional, que descansa en el deseo de aportar ideas para mejorar la calidad de vida, y en un mea culpa por ser actores en el deterioro del medio donde vivimos.

No podemos dudar que, en Venezuela, igual que ocurre en todo el mundo, la primera opción es el desarrollo; la segunda, es el desarrollismo; y la tercera, es ser desarrollados. Por donde lo busquemos, tampoco hay dudas en que solo el desarrollo producirá la mejor calidad de vida. Pero donde si dudamos, es, en como podemos lograr ese desarrollo sin que deterioremos el ambiente. He aquí el dilema, pues, cualquiera que sea la fórmula que apliquemos para lograr el desarrollo, ésta nos conducirá al usufructo de los recursos naturales. Los que hay que explotar para poder usarlos en la satisfacción de las necesidades humanas, ya que, la mejor calidad de vida, no será otra, sino la que logre la máxima satisfacción de las necesidades.

Se presenta entonces el dilema: ¿Cómo hacer para lograr el desarrollo, sin deteriorar el medio ambiente?. Pareciera que no existe mas respuesta que dejar las cosas como están, hablar “pistoladas” y establecer restricciones legales. En fin de cuentas, las leyes no dañan a nadie, pero sirven para la amenaza pública y para dejar en manos de otros el control de la conducta ciudadana y el castigo por su violación. En fin de cuentas, como pocos conocen la ley, incluyendo a los magistrados encargados de su ejecución; ésta no dejará de ser mas que un saludo a la bandera y una nueva fuente de trabajo tribunalicio.

Pocas personas saben, que Venezuela tiene uno de los mejores cuerpos normativos en materia ambiental del mundo. Legislación que, desde hace mucho tiempo se ha venido adaptando al desarrollo normativo internacional en materia de conservacionismo, el cual partió en firme de la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en 1972, cuya base inicial fue la Constitución de la “Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza” efectuada en Fontainebleau en 1948 y ratificada como Ley por Venezuela en 1954. Desde entonces, manejamos la definición de que: “Protección de la Naturaleza es la salvaguarda del conjunto del mundo vivo, medio natural del hombre, en todas las partes del mundo”. Este mundo vivo contiene: la vida salvaje y su medio natural, suelos, aguas, bosques, inclusive las reservas y las zonas de protección, los objetos, animales, plantas que presentan un interés científico y en especial, la protección de la extinción a las especies amenazadas.

Fundamentalmente, nuestro legislador, incluyendo al constituyentista, ha incorporado normas de alto nivel legislativo, para hacer el marco de este derecho conservacionista. En tal sentido, el artículo 106º de la Constitución expresa: “El Estado atenderá a la defensa y conservación de los recursos naturales de su territorio, y la explotación de los mismos estará dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos”. Y en el ordinal 10º del artículo 136º, establece, que: “Son atribuciones del Poder Público nacional: “el régimen y administración de las minas e hidrocarburos; salinas, tierras baldías y ostrales de perlas; y la conservación, fomento y aprovechamiento de los montes, aguas y otras riquezas del país.”

En 1976, fue promulgada la “Ley Orgánica del Ambiente”, la que, como ley marco, vino a cerrar el cuadro legislativo para la materia ambiental, que a la fecha se regía por un cúmulo de leyes ordinarias, tales como: la vigente “Ley Forestal de Suelos y de Aguas”, promulgada en 1965, cuya tradición como ley normativa de la materia forestal, de suelos y de aguas, data de 1910, cuando apareció la primera ley de la materia con el nombre de “Ley de Bosque y de Aguas”, cuya nominación mantuvieron las leyes de 1931, 1934, y 1942, con cambios a “Ley de Montes y de Aguas en 1915, 1919, 1921 y 1924; la “Ley de Vigilancia para impedir la Contaminación de las Aguas por el Petróleo”, vigente desde 1936, solamente reforzada por la “Ley Aprobatoria de la <Convención Internacional para Impedir la Contaminación de las Aguas del Mar por los Hidrocarburos> (1954)”, promulgada en 1963; la “Ley de Protección a la Fauna Silvestre”, promulgada en 1970, la cual derogó la “Ley de Caza” que estuvo vigente desde 1944. Esta “Ley de Protección a la Fauna Silvestre”, además de las recomendaciones establecidas por la “Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza”, tuvo como marco de referencia dos acuerdos internacionales: la “Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América” (1940), ratificado como Ley por Venezuela en 1941; y, la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre” (1973), aprobada como ley por Venezuela en 1976, un mes antes de la aprobación de la “Ley Orgánica del Ambiente”. Otras leyes protectoras de los recursos son: la “ley de Pesca” y la “ley de Pesca de Perlas” de 1944; la “Ley Aprobatoria de la <Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar> (1958)”, promulgada en 1961.

Por último, aunque existen otros instrumentos legales y sublegales de importancia, es interesante mencionar la “Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio” de 1983, la cual vino a complementar la materia conservacionista, tal como ella expresa, al definir como ordenación del territorio: “...la regulación y promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial, con el fin de lograr una armonía entre el mayor bienestar de la población, la organización de la explotación y uso de los recursos naturales y la protección y valorización del medio ambiente, como objetivos fundamentales del desarrollo integral.”  El marco protector, lo cierra la “Ley Penal del Ambiente” de 1991, exageradamente divulgada, y poco conocida y aplicada.

En este orden de ideas, bien vale la pena analizar la legislación existente, para mejorarla, antes de proponer nuevas leyes incumplibles. Entre las normas que requieren de urgente reforma está la “Ley de Minas”, inaplicada desde hace mucho tiempo por ortodoxa, atécnica y antijurídica. Bien valdría la pena poner en ella el interés que reclama una verdadera ordenación territorial y un sincero deseo conservacionista.